El año negro de DomusVi y Chefi: 2.100 muertos en sus residencias y ni un gesto de arrepentimiento

“No nos avergüenza ganar dinero cuidando a los que más lo necesitan”. Seguro que no todos, pero sí muchos de quienes estaban escuchando aquel día en el Parlamento gallego a la consejera delegada de DomusVi se quedaron atónitos al escucharle esa frase. Josefina Fernández Miguélez, a quien todo el mundo conoce como Chefi, estaba llegando al final de su segundo y último turno de intervención. Había lanzado críticas contra casi todos, menos contra su amigo Alberto Núñez Feijóo (PP), pero no había sido capaz de encontrar ni un sólo defecto en el modelo residencial español ni en la gestión que se hizo de la pandemia en las 140 residencias que gestionaba su grupo empresarial. Era 13 de noviembre de 2020, poco después del mediodía, y en ese momento habían fallecido en los centros de DomusVi más de 2.000 mayores. ¡Dos mil personas!

Chefi hablaba desafiante de su orgullo por ganar dinero con los mayores. Y durante toda su intervención mostró una enorme preocupación por los "costes", quizá una reminiscencia de cuando en los años noventa trabajaba con su empresa Recaudación y Gestión Tributaria SL para algunos ayuntamientos gallegos, experiencia que según la revista Luzes no terminó demasiado bien. La ejecutiva de DomusVi consideró pertinente advertir a los diputados que la escuchaban de que fuesen cuidadosos con su imaginación: "Sé perfectamente que cuando se deja andar la imaginación, en vez de avanzar sobre estudios muy serios de los servicios, de su organización y de su coste, y en vez de programar residencias reales se programan paraísos terrenales. Se recurre fácilmente a la idea de estatalizar el servicio, de crear consorcios de empresas públicas a costa de los presupuestos del Estado y se deja de hablar de costes para hablar sólo de derechos". Hablar sólo de derechos y no de costes, ¡qué cosas tienen algunos!

En cuanto a la hecatombe vivida durante la pandemia en los geriátricos, Chefi lo contó así: "Los problemas sufridos no eran estructurales ni se debían a la inadecuación del modelo" y las residencias "no fueron causantes, salvo en casos de errores involuntarios, de los daños humanos en ellas ocurridos, sino víctimas de la propia pandemia y de los graves errores de gestión que se produjeron en el sistema sanitario español durante la primera ola". En definitiva, según ese relato, DomusVi no fue culpable de nada, sino una más de las "víctimas" de errores ajenos. Cabe concluir que una de las principales, ya que es con diferencia el grupo líder del sector en España.

INFIERNOS Y PARAÍSOS

En un año donde las residencias de mayores fueron la zona cero de la pandemia, DomusVi es el máximo exponente de todo aquello que según las asociaciones de familiares de los mayores funciona mal en el sistema, empezando por la "mercantilización de los cuidados" y el poder creciente de determinados grupos que anteponen el "lucro empresarial" a cualquier otra consideración. Es una denuncia que comparten REDE en Galicia, Coordinadora de Residencias 5+1 en Cataluña o Pladigmare y Marea de Residencias en Madrid, por citar solo a algunas de las más activas en estos últimos años.

En la primavera de 2020 DomusVi gestionaba 140 geriátricos, que contaban con 18.700 plazas. Durante la primera ola fallecieron en sus centros más de 1.800 ancianos, de acuerdo con los datos conseguidos por infoLibre a través de los portales de transparencia de los gobiernos autonómicos y de noticias periodísticas basadas en información oficial en las comunidades que no atendieron la solicitud de este periódico. En la segunda ola, la cifra de muertes se acercaba a finales de diciembre a los 300. En total, perdieron la vida más de 2.100 residentes en centros de DomusVi. ¡Un 11,2% del total!

"Se ha querido criminalizar la atención de las residencias de mayores como si las muertes del covid fueran cosa nuestra. Como si nosotros fabricáramos el covid de noche y se lo repartiéramos a los ancianos por la mañana", llegó a decir Chefi en el Parlamento gallego. Una ridiculización de las críticas que nada tiene que ver con las acusaciones que de verdad han recibido los grandes grupos del sector, en manos de fondos de private equity y multinacionales: que llegaron a la pandemia con poquísimo personal, lo que les impidió hacer frente con solvencia a la crisis; que en muchos centros hubo una enorme desorganización y ello llevó a adoptar decisiones erróneas (por ejemplo al sectorizar para separar a las personas contagiadas de las demás), que se daba de forma sistemática información falsa a los familiares de los mayores sobre su estado de salud... Lógicamente, nadie que conozca el modelo geriátrico español puede acusar a las empresas del colapso sanitario –las residencias no son hospitales–. Y mucho menos de los protocolos dictados por los Gobiernos de Madrid y Cataluña prohibiendo la derivación de personas mayores a los hospitales. Dos factores, entre otros muchos, que contribuyeron a la catástrofe. 

Los geriátricos de DomusVi registraron cifras trágicas de fallecidos en media España. Solo en los meses de marzo y abril, los más duros de la primera ola, murieron 63 personas en DomusVi Alcoi, 60 en el centro madrileño de Mirasierra, 54 en DomusVi Ca n'Amell en Premià de Mar (Barcelona), 46 en DomusViAlcalá y 43 en DomusVi Espartales –ambos en la localidad madrileña de Alcalá de Henares–, 40 en DomusVi Leganés...

Incluso en las comunidades autónomas menos azotadas por el virus durante la primera ola, como Illes Balears, el grupo de Chefi se hizo notar negativamente. Las dos empresas más importantes en las islas son DomusVi y Korian. La primera explota 661 plazas (15% del total) y la segunda se encarga de 628 (14,2%). Cada grupo tiene seis geriátricos, todos ellos en Mallorca. Pese a contar con una proporción de mercado muy similar, sus resultados no pudieron ser más dispares: en los centros de DomusVi perdieron la vida 36 personas, mientras que en los de Korian fallecieron dos. 

Todo un verdadero infierno para muchos mayores y para sus familiares.

Chefi advirtió a los diputados gallegos que no debían "dejar andar la imaginación", porque en vez de residencias reales terminarían programando "paraísos terrenales". El portavoz del PSOE, Pablo Arangüena, le pidió a la ejecutiva de DomusVi que hablase de otro tipo de paraísos: los fiscales. Sin éxito, porque ante las preguntas sobre la trama societaria de DomusVi que había desvelado meses antes infoLibre, Chefi perdió su locuacidad. No dijo ni media palabra.

DomusVi está controlado desde 2017 por un fondo de capital privado británico llamado Intermediate Capital Group (ICG), que creó una tupida red societaria para articular la compra del grupo y reducir al mínimo su factura fiscal mientras se mantenga como su principal propietario. Una red que pasa por Luxemburgo y termina en la isla de Jersey, territorio fiscalmente opaco donde tiene su domicilio la sociedad última de la trama, ICG Europe Fund VI (No. 1) Limited Partnership. Entre otras prácticas para reducir su factura fiscal, dos sociedades del grupo en Luxemburgo y una en Francia realizaron entre ellas operaciones de préstamos por importe de 640,5 millones de euros, a unos intereses del 9,2 y el 11%, completamente desorbitados cuando se firmaron en 2017. Unas actuaciones irregulares según la normativa, que obliga a fijar un precio de mercado en las operaciones entre empresas del mismo grupo.

DomusVi facturó 619 millones de euros en España en 2019, según las cuentas oficiales presentadas por el grupo. Más de la mitad de los ingresos de las residencias de mayores –la compañía también explota servicios de atención domiciliaria, centros de salud mental o de atención a la discapacidad– provienen de las Administraciones, por una doble vía: la concesión de geriátricos de titularidad pública para que sean gestionados de forma privada por DomusVi o la compra de plazas en sus centros a través de acuerdos de concertación.

En otras palabras: DomusVi vive en buena medida de fondos públicos, pero al mismo tiempo tiene montada una estructura societaria que realiza operaciones irregulares para evitar el pago de impuestos a esas mismas Administraciones de cuyo dinero se alimenta.

Imágenes de maltrato que "tienen una explicación"

Si las declaraciones de Josefina Fernández en el Parlamento gallego son una guía imprescindible para entender la cultura empresarial de DomusVi, la reacción de la compañía tras difundirse unas imágenes de maltrato a mayores en el centro Jardines de Llíria (Valencia) deja al desnudo su concepto ético.

A principios de septiembre, Tele 5 difundió unas estremecedoras imágenes que mostraban el maltrato dispensado a algunos mayores de dicho geriátrico. Se ve a una persona, semidesnuda, atada en una silla. A un anciano, caído en el suelo, sin que nadie le ayude. A mayores con puntos de sutura en la cabeza o moratones en la cara, provocados también por caídas.

La primera reacción de DomusVi fue decir que se trataba de "un montaje". Si ya resultaba sorprendente esa explicación a la vista de las imágenes, la cosa aún empeoró. La empresa decidió encargar una "investigación interna", que llegó a la conclusión de que "no ha habido ningún tipo de maltrato" porque "todas las imágenes difundidas cuentan con una explicación", según consta de manera literal en una nota de prensa difundida dos meses después de que se conocieran los hechos. El director de Operaciones, José Luis Roselló, no tuvo empacho en defender la misma idea en público, en un encuentro digital con periodistas. Eso sí, evitó detallar cuál era esa posible "explicación".

Es significativo el comienzo de ese comunicado de prensa de DomusVi: "La compañía condena rotundamente, una vez más, las imágenes que se emitieron en el pasado mes de septiembre en televisión en relación a la residencia Jardines de Llíria y lamenta profundamente el dolor que dichas imágenes y los hechos que reflejan, fuera de contexto, hayan podido causar tanto a los familiares de los residentes como a los trabajadores que con profesionalidad y dedicación desempeñan sus labores". O sea que, según DomusVi, lo que hay que condenar son "las imágenes" y lo que pudo causar dolor a los familiares fue "la difusión de las imágenes", no el hecho de que sus seres queridos estuviesen atados en una silla semidesnudos, o tirados en el suelo sin recibir ayuda o con enormes moratones en la cara. Con esa forma de entender el mundo, no puede sorprender que la empresa considere impecable su actuación durante la pandemia.

La Fiscalía abrió diligencias de forma casi inmediata y, en el escrito enviado al Juzgado, señaló que existen indicios de que el trato dado a los mayores "socavó gravemente su dignidad e integridad moral, hecho que todavía se hizo más patente y lacerante en el caso de los residentes que eran más vulnerables por su avanzada edad, por sus graves enfermedades psíquicas y físicas y, en suma, por su alto grado de dependencia al ser quienes requerían de la máxima protección”. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Llíria ya ha imputado, de momento, a la directora del centro.

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Alguna Administración autonómica ha empezado a abandonar la pasividad ante determinados comportamientos de DomusVi. En Cataluña, desde el poder político le transmitieron con claridad el mensaje de que no podía seguir gestionando el centro de Ca n'Amell (54 fallecidos a 30 de abril) y que si era necesario iniciarían el procedimiento para retirarle la licencia. Para evitar una actuación que podría sentar un precedente perjudicial, Chefi llegó a un acuerdo con el grupo catalán L'Onada, al que le traspasó la gestión del geriátrico por un periodo de cuatro años. L'Onada pertenece a la presidenta de la patronal CEAPs, Cinta Pascual.

En la Comunitat Valenciana, el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra (Compromís) decidió en noviembre imponer una sanción de 40.000 euros al geriátrico DomusVi Alcoi por incumplir las ratios de personal médico y de técnicos en actividades socioculturales. Esos incumplimientos legales se castigaban antes con una multa diez veces menor, eso si llegaban a sancionarse. En el mismo encuentro con los medios donde explicó que había "una explicación" a las humillantes imágenes de Jardines de Llíria, Roselló afirmó sin inmutarse que la sanción de Alcoi respondía a un hecho puntual. La verdad es otra. En la resolución del expediente sancionador, al que ha tenido acceso infoLibre, se detalla que los incumplimientos han sido reiterados y fueron advertidos a la empresa en las tres últimas visitas realizadas por la Inspección al centro en septiembre de 2018 y junio y noviembre de 2019.

DomusVi y su consejera delegada llegan al final de este año negro sin un solo gesto de arrepentimiento. No han admitido el más mínimo error. Ni durante la pandemia, que deja en sus centros más de 2.100 mayores fallecidos, ni ante hechos tan escandalosos como los de Jardines de Llíria. Chefi, eso sí, mantiene sus ideas claras. Ahora la alternativa, explicó a los diputados del Parlamento de Galicia, es recuperar la imagen dañada de las residencias privadas o decantarse por el sistema público, "y dejar que sean las leyes y los reglamentos, y no el mercado, los que marquen el nivel, los derechos y la oferta de plazas públicas en residencias". Otra idea al parecer revolucionaria para una de las principales empresarias de este país: que las "leyes" establezcan "los derechos". El acabose.