Así castiga el CGPJ a sus jueces: más de 80 sanciones en cinco años, el 70% por bajo rendimiento
El caso Taula volvió a saltar a comienzos de año a la palestra mediática. Pero en esta ocasión el foco no se situaba sobre el denominado yonki del dinero. El protagonista, ahora, era el juez instructor. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acababa de imponerle una multa por una "falta de actividad" que había provocado "importantes dilaciones" en algunas causas. Una resolución que resumía a la perfección la actividad disciplinaria en el seno del órgano de gobierno de los jueces, que en el último lustro se ha saldado con más de ocho decenas de sanciones. Por lo general, los castigos suelen ser suaves: suspensiones de pocos días o multas de bajo importe. Y en la inmensa mayoría de los casos, el varapalo se da por los retrasos injustificados en la tramitación y resolución de las causas. Raro es cuando se sanciona a un juez, por ejemplo, por pertenecer a un partido o sindicato.
La Comisión Disciplinaria es el órgano del CGPJ competente para resolver los expedientes que se incoan contra miembros de la carrera judicial. Es decir, el que juzga a quienes juzgan. Cada año, sus siete vocales ponen fin a golpe de resolución a decenas de investigaciones de carácter disciplinario que se van abriendo en el seno del Poder Judicial. En algunos casos, dando carpetazo al asunto. En otros, imponiendo un castigo a los investigados. Solo en los últimos cinco años de los que se disponen de datos oficiales –el periodo comprendido entre 2016 y 2020–, según la información recopilada por infoLibre a través de las diferentes memorias del órgano, la Comisión ha impuesto nada menos que 82 sanciones. Más de quince de media al año.
"Se habla mucho de corporativismo, de que no se nos ponen límites, de que tenemos carta blanca, pero no hay nada de eso", sostiene al otro lado del teléfono Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI). Sólo hay que ver, apunta, la proporción de condenas. En el último lustro, casi el 72% de los expedientes que se resolvieron acabaron en sanción. Más de dos tercios. "Cuando comparamos los datos con los de otros cuerpos de funcionarios salimos peor parados. Se nos sanciona en mayor proporción", explica este juez de lo Contencioso-Administrativo de Melilla. En un artículo reciente, Portillo echaba números. Y explicaba que mientras cada año se expedienta a un 0,52% del total de jueces, en el caso de los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia esas cifras se sitúan en el 0,24% y 0,3%, respectivamente.
Siete de cada diez castigos impuestos –el 70,7%– fueron por la "desatención" o el "retraso injustificado" en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de sus competencias judiciales –artículos 417.9 y 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)–. Es el caso, por ejemplo, de un juez de Tarragona al que se suspendió durante medio año tras toparse la inspección con más de medio centenar de sentencias y más de una docena de autos pendientes de dictar. O de la instructora de macrocausas como Pokemon o Carioca, a quien se le castigó con siete meses de suspensión. Esta sanción fue confirmada por el Supremo, quien acusó a la magistrada de gestionar los asuntos "de una forma desordenada y poco rigurosa". Ahora, el asunto está a la espera de ser resuelto en el Tribunal Constitucional.
La importancia del rendimiento
Portillo reconoce, en este sentido, que la "sobrecarga" en los juzgados españoles pone a los magistrados "al borde del precipicio". No obstante, sostiene que estos incrementos de la carga de trabajo no explican la imposición de sanciones de estas características. "El retraso tiene que ser injustificado. Y si tardas en sacar tus sentencias porque hay mucho atasco en el juzgado, eso está justificado", señala. Sin embargo, reconoce que desde el Foro Judicial Independiente han "advertido" que el Poder Judicial también está castigando a algunos magistrados porque acumulan "mucho retraso" a pesar de que están sacando resoluciones "muy por encima del 120% o 150% de su rendimiento". "Eso no está bien. Esto no se trata solo de hacer palotes, sino de ver el rendimiento individual de cada juez. Y si está a estos niveles, evidentemente los retrasos que haya no se le pueden achacar exclusivamente a él", sentencia el juez.
El pasado mes de noviembre, de hecho, el Tribunal Supremo tumbó una sanción que el CGPJ había impuesto al titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrelaguna por una falta grave de retraso injustificado en el ejercicio de sus funciones. "Parece razonable suponer que el retraso en el órgano judicial en gran medida se debía a una sobrecarga de asuntos del juzgado por una presumible escasez de órganos en el partido judicial", apuntaba la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que consideraba probado que el rendimiento del magistrado sancionado había sido del 132%. A ojos del alto tribunal, "el criterio del rendimiento" es "forzosamente" una "variable extraordinariamente relevante" para apreciar si se ha producido desatención por parte del magistrado en el órgano judicial.
Abuso de autoridad y afiliación a partidos
La segunda sanción más impuesta a lo largo del último lustro ha sido por "exceso o abuso de autoridad" o "falta grave de consideración" a ciudadanos, personal de la Administración de Justicia, abogados o fiscales, entre otros. En total, cinco castigos de este tipo durante el periodo analizado. Es el caso, entre otros, de un juez que "comenzó a controlar de forma continua y reiterada" todo lo que hacía una funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal que había rechazado ir a comer con él, dirigiéndose a ella "en tono agresivo" y advirtiéndole de que le haría "la vida imposible" si no se iba del juzgado. O de otro que se saltó un control policial y, tras una caída, terminó desafiando al agente que le había dado el alto: "Haga el parte que le salga de los cojones porque le voy a pedir todo de la Policía Nacional".
Mucho más raros son los castigos por afiliación a partidos o sindicatos o el desempeño de empleos o cargos a su servicio, recogido como infracción grave en el 417.2 de la LOPJ. De hecho, sólo consta un caso en los últimos cinco años. En octubre de 2019, la Comisión Disciplinaria acordó suspender durante siete días a un juez de paz de Malpica del Tajo (Toledo) que se había afiliado en los noventa al PP –aunque nunca llegó a abonar ninguna cuota– y que no se dio de baja de la formación antes de entrar a la carrera judicial. Aunque es cierto que remitió una carta al presidente provincial del partido pidiendo su baja por su elección como juez, el escrito no iba fechado, por lo que se tomó como referencia la fecha oficial de salida que constaba en los ficheros de la formación. Entonces, el expedientado ya había tomado posesión del cargo.
Cinco de cada diez multas son de menos de 1.000 euros
En cuanto al tipo de castigo, hay un cierto equilibrio entre la suspensión y las multas: 43 frente a 39. Por lo general, no son excesivamente severas. La mitad de las suspensiones son de un mes o menos. Y cinco de cada diez sanciones económicas no alcanzan los mil euros. Pero también hay varapalos importantes. A finales de 2019, por ejemplo, la Comisión Disciplinaria impuso una suspensión de año y medio a un juez que no se apartó de la causa en la que era parte la mujer con la que mantenía una relación afectiva, un castigo que confirmó hace pocos meses el Tribunal Supremo. Y una multa de 6.000 euros le cayó al juez que amenazaba con hacer "la vida imposible" a la funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal que había rechazado la invitación a una comida.
Mucho menos frecuente es el traslado forzoso. De hecho, el último que consta en las memorias disponibles del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es de mayo de 2012, cuando se ordenó el desplazamiento obligatorio a un juez de lo mercantil al saltarse la incompatibilidad de los jueces codirigiendo unos cursos en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), a parte de cuyos alumnos nombró administradores judiciales de su juzgado. Igual que tampoco es "habitual", recuerda Portillo, la expulsión de la carrera. Hasta el pasado mes de octubre, según informó elDiario.es, el órgano de gobierno de los jueces tan solo había apartado por motivos disciplinarios a seis magistrados, si bien en la mitad de los casos el Supremo revocaría esa decisión. El último, el magistrado Manuel Arce por retrasos "reiterados e injustificados".
