Por qué el incremento de la deuda no es un “pufo” (ni cuando Feijóo la multiplicó como presidente en Galicia)

Si aplicamos a la gestión de Alberto Núñez Feijóo la lógica que él utiliza para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de haber dejado a cada español “un pufo” de 6.000 euros en deuda pública, no saldría bien parado. Durante sus años al frente de las Xunta de Galicia (2009-2022) la deuda pública de la comunidad gallega pasó de los 4.859 millones en que la dejó el Gobierno PSOE-BNG presidido por Emilio Pérez Touriño, a los 11.715 millones con los que cerró su gestión al final de 2021. Un incremento de 6.856 millones (+141%) que, siguiendo el razonamiento del líder del PP, suponen 2.547 euros de deuda por cada ciudadano gallego.

Lo que dice Feijóo exactamente es que el actual Gobierno, que inició su mandato en enero de 2020, ha endeudado el país en 300.000 millones. La consecuencia, enfatiza siempre que puede, es que “cada español tiene un pufo de 6.000 euros en deuda”.

La última vez que lo dijo fue en una entrevista publicada este fin de semana por el diario El Mundo, pero es un dato que cuela desde hace meses en todas sus intervenciones públicas, desvinculándolo de la pandemia y de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra.

Lo cierto es que el incremento de la deuda no es un “pufo”, un término que significa “estafa” o “timo” y sugiere malversación de dinero público, sino el resultado contable de haber gastado más de lo que se ingresa. Algo que durante la pandemia hicieron prácticamente todas las economías europeas, al menos las más afectadas por el virus, para hacer frente a la emergencia sanitaria y tratar de minimizar sus consecuencias sobre el tejido económico de cada país.

En el caso de España, la deuda era antes de la pandemia de un 98,3% sobre el PIB, la cifra más baja desde que en 2014 Mariano Rajoy la elevó al 105,1%. Y se disparó hasta el 120% en 2020 por culpa del confinamiento y el parón económico causados por la covid-19. Ese porcentaje, sin embargo, ya ha comenzado a descender. 2021 cerró en un 118,4% y la previsión del Gobierno es que siga bajando paulatinamente a 115,2% en 2022, y 112,4% en 2023, 110,9% en 2024 y 109,7% en 2025. Un objetivo difícil de conseguir si las turbulencias económicas asociadas con la guerra no desaprecen.

En todo caso, el impacto de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania ha sido enorme para la mayoría de las economías avanzadas, especialmente las de aquellos países que ya tenían unas cuentas públicas agotadas tras la crisis financiera de 2008. A la cabeza del endeudamiento están Grecia (193%), Italia (150%), Portugal (127%) y, en cuarto lugar, España. Le siguen de cerca Francia (112%) y Bélgica (108%). 

Las cuentas de Feijóo salen de que en mayo de 2018 la deuda era de 1,165 billones y ahora superó los 1,45. Un aumento del 24% que representa unos 285.000 millones, pero que no es enteramente achacable al Gobierno —que por lo demás empezó su andadura en enero de 2020—, porque una gran parte la generan las comunidades autónomas y la seguridad social.

El Gobierno asumió el gasto

Es verdad que la que más ha crecido es la de la administración general del Estado, pero en gran parte porque ha sido quien ha asumido la mayor parte del gasto al que obligó la emergencia sanitaria. Por poner un ejemplo: en 2020, en lo peor de la pandemia, el Gobierno concedió a las autonomías un crédito a fondo perdido por valor de 16.000 millones de euros que engrosó su propio déficit y otorgó a las comunidades autónomas liquidez para hacer frente a la emergencia sanitaria, económica y social sin tocar sus propios recursos. Es decir: el dinero para las comunidades, la deuda para la administración central. 

Cuando habla de un “pufo”, lo que Feijóo no dice es que ese incremento de la deuda está directamente relacionado con las medidas puestas en marcha para luchar contra la pandemia y sus consecuencias económicas, incluidos los ERTE que salvaron decenas de miles de empleos y las ayudas a los sectores más perjudicados, así como con la acusada caida de ingresos provocada por el parón económico al que obligó el virus.

Un despliegue de recursos públicos autorizado por Bruselas, que suspendió los límites de endeudamiento y déficit en toda la Unión. “El impacto económico de la pandemia podría haber sido aún mayor sin la respuesta de la política económica”, según el Banco de España. 

“Entre el abanico de medidas desplegadas a escala nacional destacan, por su relevancia, las ventajas ofrecidas para la tramitación de ERTE por parte de las empresas y los ceses temporales de actividad en el caso de los trabajadores autónomos, así como las diferentes líneas de avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que se crearon para favorecer la concesión de crédito a las empresas. Estas medidas, junto con las tomadas en el ámbito de la política monetaria y de la regulación financiera, han servido para mitigar el impacto de la pandemia sobre las rentas y la liquidez de los hogares y de las empresas a corto plazo. En consecuencia, el efecto macroeconómico de la crisis habría sido significativamente más adverso que el que se ha venido observando desde marzo de 2020 si no se hubieran activado este conjunto de medidas de política económica”.

Siempre que habla, Feijóo relaciona el incremento de la deuda con un supuesto derroche por parte del Gobierno que él identifica con la existencia de 22 ministerios —ya explicamos aquí que la diferencia entre 22 y 11 ministros es, en términos de gasto público, prácticamente irrelevante— y con el uso de medios de transporte al servicio del ejecutivo, como la flota de aviones, helicópteros y coches a disposición del presidente, que es la misma que ya usaban Rajoy, Zapatero o Aznar.

Lo cierto es que la deuda no nace de ahí sino del “deterioro muy significativo” que sufrieron las cuentas públicas en 2020. El Banco de España es muy preciso al respecto: “En particular, el déficit de las Administraciones Públicas se elevó hasta el 11% del PIB, 8,1 puntos porcentuales más que en 2019, y la ratio de deuda pública sobre el PIB cerró el ejercicio en el 120%, 24,5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado a finales de 2019”.

Si se excluye la contribución del agujero provocado por la Sareb, que el Banco de España cifra en 0,9 puntos porcentuales, “el incremento del déficit público” en 2020 “respondió, sobre todo, al fuerte crecimiento de los gastos, que se elevaron un 10,1%, si bien los ingresos también se deterioraron sensiblemente y retrocedieron un 5%”. 

Por su parte, “el aumento de la ratio de deuda pública fue consecuencia tanto de las mayores necesidades de financiación de las Administraciones Públicas en 2020 como del fuerte descenso del PIB nominal. Además, la reclasificación de la Sareb supuso la reconsideración de su deuda (por valor de un 3 % del PIB) como deuda pública”. Y la deuda de la Sareb, la sociedad que se hizo cargo de los activos malos que pertenecían a las cuatro entidades bancarias que el Estado tuvo que nacionalizar con el dinero de todos los contribuyentes, es una herencia de la gestión de la crisis financiera de Rajoy. Un dinero que nunca se ha recuperado.

La decisión correcta

En todo caso, subraya el Banco de España, de no ser por ese endeudamiento destinado a “mantener las rentas de empresas y de familias desde el inicio de la pandemia” y que ahora Feijóo tanto critica, “el deterioro de las cuentas públicas habría sido superior y más persistente”.

En torno al 85% del aumento del gasto público que se registró en 2020 (excluido el efecto de la reclasificación de la deuda de la Sareb) está relacionado con la pandemia. “En particular, este gasto se materializó en forma de mayores prestaciones sociales a trabajadores y a autónomos, subvenciones de cotizaciones sociales a las empresas y mayores gastos sociosanitarios por parte de las Administraciones Públicas”. 

Por partidas presupuestarias, según los cálculos del Banco de España, “casi la mitad del incremento observado en el gasto público se debió a las prestaciones sociales, entre las que destacan las concedidas por desempleo y cese de actividad de autónomos, que pasaron de representar el 1,5% del PIB en 2019 a suponer el 3,7% en 2020”.

La caída de los ingresos, a su vez, “se debió principalmente a los impuestos indirectos, cuya recaudación se contrajo un 11,8%, en línea con el comportamiento de la actividad. En cambio, destacó la resistencia que mostró la recaudación a través de impuestos directos, que únicamente se redujo un 3%, y de cotizaciones sociales, que incluso se incrementó un 0,8%”. Pero no fue por azar: “El comportamiento de estas partidas se vio favorecido por el efecto positivo que tuvieron algunas de las medidas desplegadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia sobre las bases que determinan estos ingresos, en especial el aumento de las prestaciones sociales y la asunción por parte de las Administraciones Públicas del pago de las cotizaciones sociales de los trabajadores en ERTE y de los autónomos en cese de actividad”.

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El contexto es crucial para entender por qué aumentó la deuda pública. Feijóo no habla de ello, pero el Banco de España sí: El ”deterioro de la actividad no tuvo precedentes en la historia reciente de la economía española. Desde un punto de vista histórico, la crisis” destacó “por la intensidad con que la actividad económica se contrajo en un breve período de tiempo”. Y pone un ejemplo fácil de entender: el deterioro que sufrió el PIB español desde el comienzo de la pandemia fue “prácticamente el mismo que el que experimentó, en términos acumulados, durante algo más de cinco años, entre el segundo trimestre de 2008 y el tercero de 2013”.

Las palabras del líder del PP provocaron la indignación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en un apunte en Twitter acusó a Feijóo de querer engañar a los ciudadanos con la situación de la deuda pública española.

“El señor Feijóo es un insolvente o actúa de mala fe. Sigue queriendo engañar a los ciudadanos como siempre hace el PP cuando gobierna y cuando no. El último Gobierno de Rajoy incrementó la deuda pública de España en un 46%. Son datos oficiales que Feijóo debería conocer. Con el Gobierno de Pedro Sánchez, España salió del procedimiento de déficit excesivo antes de la pandemia. Llevamos cuatro trimestres consecutivos rebajando la deuda pública y el año pasado cerramos con la mayor reducción del déficit de la historia”.