El PP propone premiar con dinero público a quienes tuvieron más capacidad de derrochar energía en 2021

El PP propone reducir hasta un 20% la factura eléctrica y un 40% la del gas de los consumidores que reduzcan su consumo entre los meses de noviembre a marzo en comparación con el mismo periodo de 2021. 

La medida pone en situación de ventaja a los particulares y empresas que tienen más margen para reducir su consumo porque el año pasado se pudieron permitir un gasto energético por encima de lo que necesitaban y perjudica a quienes en 2021 ya se había apretado el cinturón porque apenas podían pagar lo que consumían.

La propuesta forma parte del documento de iniciativas para un pacto energético “que proteja a las familias y empresas” que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció tener ya listo el martes pasado en el debate que mantuvo en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que el principal partido de la oposición no ha presentado hasta este lunes, que es cuando se lo han remitido a La Moncloa.

La medida estrella del PP para ahorrar energía, la rebaja en el recibo para quienes reduzcan su consumo, prevé que no la paguen las eléctricas sino el conjunto de los españoles a través de los Presupuestos Generales del Estado. Si “todo el mundo cumpliese”, aventuró en rueda de prensa el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, la medida costaría al erario público 2.900 millones de euros. Los de Feijóo quieren que cualquier ahorro que lleven a cabo el sector privado o los ciudadanos sea estrictamente voluntario y para incentivarlo proponen también campañas de sensibilización, descuentos para la renovación de electrodomésticos y calderas, reducciones de impuestos para adquirir sistemas de calefacción de alta eficiencia e incentivos para que las industrias consuman biomasa, biometano o energía solar.

La vicepresidenta tercera y titular de la cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera, criticó la propuesta, porque “lo habitual es que el gran derroche se produjese en las casas con más recursos”. El margen de ahorro que el PP quiere premiar, explicó, “probablemente es mayor en las familias con más recursos, cuando en realidad en lo que tenemos que pensar es en cómo dar cobertura a las familias más vulnerables y a las industrias” con mas problemas. “Debemos tener cuidado con generar el efecto contrario. Hay que reducir el consumo, pero de manera inteligente y equitativa”, algo que ha subrayado la Comisión Europea, destacó en declaraciones a la Cadena SER.

Ribera opinó sobre las propuestas del PP después de recibir el documento y llevar a cabo “una primera lectura”. Prometió estudiar su contenido “con toda la atención que requiere” el problema energético y celebró “que hayan remitido por fin sus propuestas”. 

Las medidas que el PP ha trasladado al Gobierno descansan en su mayor parte sobre los Presupuestos del Estado, aunque el principal partido de la oposición no ha incluido en el texto ninguna evaluación del impacto que tendrían sobre las cuentas públicas. En particular, el documento no explica cómo afectarían a la deuda y el déficit, dos variables a las que Feijoo atribuye a menudo una evolución tan negativa que amenaza el futuro de la economía española.

Los conservadores españoles proponen, por ejemplo, pagar a los grandes consumidores industriales, sean o no electrointensivos, por no consumir en momentos de alta demanda. Apuestan por poner dinero público a disposición de las eléctricas y las energéticas para que estas empresas puedan hacer frente a problemas de liquidez o utilizarlo esos fondos como “garantía bancaria” si la necesitan. Para darles aún más facilidades, incluso pretenden que puedan usar derechos de emisión de CO₂ como “garantía” a la hora de comprar energía en los mercados de futuro.

El PP quiere también que sean los Presupuestos los que paguen conceptos que ahora asumen los consumidores como el coste de la deuda eléctrica o el suministro en los territorios no peninsulares, “permitiéndonos reducir la factura”. 

Detrás de este tipo de propuestas, destacó la ministra Ribera, sobrevuela “lo más preocupante”: el PP “no deja claro quién lo va a pagar y tienen el riesgo de ser medidas extraordinariamente cuantiosas que no redistribuyen de forma equitativa el coste” entre los ciudadanos. 

Limitar los ingresos públicos

En materia de impuestos, los de Feijóo quieren impedir que el Estado pueda recaudar más por el “incremento de los precios, tal y como sucede actualmente” como parte de una reforma que sustituya los impuestos que gravan la electricidad por uno solo “que internalice los daños ambientales”.

Y es que el PP sigue insistiendo en renunciar a más impuestos. Ese sigue siendo el núcleo de su propuesta económica. En ese sentido, el documento propone rebajar los tipos del gasóleo para usos especiales que utilizan los agricultores y, en el caso concreto de los transportistas, “solicitar a la Comisión Europea una excepcionalidad para poder rebajarles este tipo mínimo”. 

También reclama excepcionar fiscalmente a los hidrocarburos destinados a producir electricidad, rebajar el impuesto de hidrocarburos al límite que permita la UE y aprobar amortizaciones en el impuesto de sociedades para inversiones de eficiencia energética. Así como medidas que van desde la reducción del IVA del pellet a “una rebaja sustancial” en el precio de los derechos de misión de CO₂ ( incluso “su suspensión durante algunos meses”).

Del mismo modo, el PP, en vez al impuesto a los beneficios extraordinarios de la eléctricas que se dispone a tramitar el Congreso, quiere que sea Hacienda quien “comparta” con los consumidores sus “beneficios extraordinarios”, que es como llama al incremento de recaudación de los últimos meses. En vez de recaudar ese dinero, los de Feijóo proponen dejarlo en manos de las eléctricas para que lleven a cabo inversiones en “mejoras energéticas”. 

Para las electrointensivas, que ya están recibiendo ayuda del Gobierno, el equipo de Feijóo propone también préstamos con cargo al presupuesto público, flexibilización de contratos de suministros y un aumento del porcentaje de la recaudación de los derechos de emisión de CO₂. 

El documento recoge también la propuesta de crear líneas de ayudas directas a empresas y a consumidores industriales, sin precisar ni la cuantía ni su naturaleza, ni mucho menos si son distintas de las que ya ha previsto el Gobierno. Y pide expresamente que PSOE y Unidas Podemos retiren la proposición de ley que se debate precisamente este martes en el Congreso alegando que conviene esperar a que Europa tome una posición común.

Como ya había anticipado las últimas semanas, el PP quiere volver a abrir las centrales térmicas más contaminantes, cuyo cierre los de Feijóo atribuyen a “apriorismos ideológicos”. Y extender la vida útil de las nucleares, cuyo calendario de cierre no empieza hasta 2027. Pero no sólo eso. Además de “la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas”, el PP quiere abrir la puerta a “su repotenciación”, sin precisar si se refiere a la instalación de nuevo reactores en las centrales ya existentes.

Impulsar las enovables

Ambas medidas el PP las incluye en medio de propuestas destinadas a impulsar las renovables reduciendo requisitos y trámites para su instalación, creando nuevos modelos de autoconsumo, mejorando la gestión de los puntos de acceso a la red y acelerando las instalaciones fotovoltaicas y las inversiones en almacenamiento. Y dando un empujón a las eólicas marinas, que el Gobierno tiene previsto poner en marcha a partir de 2023. El documento del PP propone también apostar por “el hidrógeno renovable”, una de las grandes apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez.

En materia de fijación de precios, el PP propone soluciones que no dependen del Gobierno sino de la Unión Europa, como la posibilidad de limitar temporal y excepcionalmente el precio de las nucleares, las renovables y parte de la hidráulica. “Se trata de fijar un precio máximo para dichas tecnologías de forma que se reduzca el precio medio final para el consumidor, especialmente ayudando a los más vulnerables, a las empresas más expuestas a los altos precios y ayudando a la transformación energética vía también interconexiones”, explica el documento. 

En todo caso, en materia de precios, subraya el PP, “parece más adecuado adoptar una decisión de carácter comunitario que no provoque distorsiones en el mercado, permita fijar un precio lo más uniforme posible en el conjunto de la comunidad y permita asegurar las inversiones tan necesarias en esta transición energética y la no deslocalización, que adoptar una posición unilateral por un país, lo que podría generar efectos no deseados por falta de eficacia o por salida de inversiones”.

El catálogo de propuestas del PP se completa con la creación de una agencia de evaluación energética —aunque también asegura que esa función la podría asumir la actual Agencia de Responsabilidad Fiscal (Airef)— y con otras iniciativas sin desarrollo. Algunas de las que han sido incluidas en el documento, de 46 páginas de extensión, son tan genéricas como “reducir el precio del transporte público en su conjunto” o “agilizar los fondos Next Generation”.

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En su primer análisis, la ministra Ribera admitió que algunas de las medidas incluidas por el PP no solo “son buenas” sino que el Gobierno las está “aplicando ya, están en vigor en nuestro país y en muchos casos ni siquiera las respaldaron cando las remitimos al Parlamento”. 

La titular de Transición Ecológica criticó la “confusión” que a su juicio reina en el PP en torno a lo que se está haciendo en Europa y puso como ejemplo que no hayan entendido la medida estrella adoptada por Alemania, que según ella “se inspira en nuestra minoración de los beneficios extraordinarios”. O cuando “critican el mecanismo ibérico”, porque “Francia lo que ha hecho es pedir que se extienda a todos los países”.

Ribera celebra también que el documento apueste por las renovables, pero lo considera contradictorio con la defensa de las nucleares y del carbón. “Lo queremos estudiar, pero la primera impresión nos ha dejado decepcionados”, concluyó.