'Caso Serrano': al banquillo por fraude y estafa el juez de Vox que iba a limpiar la política andaluza

Era el hombre de Santiago Abascal en Andalucía. Lo fue en 2015, cuando no logró entrar en el Parlamento como cabeza de cartel de Vox por primera vez. Y lo volvió a ser en 2018, cuando estuvo al frente de la candidatura con la que la ultraderecha regresó con fuerza a las instituciones, logrando 12 diputados imprescindibles para echar al PSOE del Palacio de San Telmo después de 37 años. El polémico juez Francisco de Asís Serrano Castro (Madrid, 1965) solía decir que había llegado a la política andaluza, entre otros motivos, para acabar con las "paguitas". Ponía el foco en el supuesto fraude con el PER y otros desmanes –decía– amparados por "la PSOE". Ahora Serrano va camino del banquillo de los acusados, precisamente, por fraude de subvenciones. También por estafa, pero es el delito de fraude de subvenciones el que más contrasta con su supuesta trayectoria de justiciero contra el mal uso de fondos públicos, fueran para jornaleros sin tierra o "chiringuitos feministas".

Juan Gutiérrez, el juez que lleva el caso Serrano, la investigación de los posibles delitos cometidos por el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía durante su etapa como emprendedor, ha colocado al también magistrado en excedencia a un paso del banquillo. Se enfrenta a un juicio por unos delitos que, si es condenado, lo podrían incluso llevar a prisión. Serrano se declara inocente, pero el auto de procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción supone un golpe a su coartada, según la cual fue engañado por sus exsocios y se apartó del proyecto en cuanto descubrió con escándalo las irregularidades. Tal cosa, dice el instructor, "carece de sustento". En un auto de 18 de enero, el juez Juan Gutiérrez, del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, procesa tanto a Serrano como a sus dos antiguos socios, con los que hoy está enfrentado, por estafa y fraude de subvenciones de 2,4 millones.

El auto constituye una ratificación de la investigación publicada desde 2019 por este periódico, que desveló los hechos y dio origen a las pesquisas primero policiales y luego judiciales que han llevado al que fue juez estrella de Vox al fin de su carrera política, al embargo de sus bienes y a su procesamiento penal [ver aquí el dosier con las noticias publicadas].

infoLibre se dirigió este jueves a los tres procesados. Ni Serrano ni sus dos exsocios, Enrique Pelegrín y Javier López, quisieron hacer ningún comentario.

Engaño a Industria, dinero perdido

¿Qué es el caso Serrano? Hay que situarse. Primeros de 2016. Serrano, tras su fracaso como candidato de 2015, está inhabilitado como juez por prevaricación, al haber favorecido injustamente al padre frente a la madre en un régimen de visitas para que el niño saliera como paje en la Semana Santa de Sevilla. Lejos de empañar su fama en los círculos conservadores locales, esta condena la refuerza. Es un mártir de la lucha contra la "ideología de género" y el "feminismo radical". Por eso lo había fichado Abascal. Así que, vetada la toga, Serrano se concentra en alimentar su perfil de héroe perseguido, para lo que llegará a montar un periódico. Además, se convierte en hombre de negocios.

El juez por entonces inhabilitado tiene noticia de las posibilidades del negocio del biocombustible a base de madera, los pellets. Entra en contacto con el ingeniero técnico industrial Enrique Pelegrín. El tercer hombre en el proyecto es Javier López, colaborador del bufete de Serrano. La idea está clara: montar una empresa y conseguir una ayuda pública. Para ello el juez y el ingeniero constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Biowood Niebla. Pero ahí mismo, en el origen, empezaron las trampas.

Los fundadores de la sociedad –Serrano y Pelegrín– le atribuyeron ante notario una maquinaria que en realidad no tenían para engordar sus fondos propios. Y fue esa falsedad la que les permitió engañar al Ministerio de Industria y obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública para la fábrica, que iba a estar en Niebla (Huelva), pero que no llegó a culminarse. El dinero, ingresado a la empresa en diciembre de 2016, no ha sido devuelto a Industria.

Eso es el caso Serrano: dinero público obtenido mediante engaño que además se pierde.

Sólo un 21,86% del dinero acorde al proyecto

Este periódico empezó a desvelar los hechos en octubre de 2019, cuando Serrano era presidente del grupo parlamentario de Vox. La publicación de las irregularidades en la obtención de los fondos, sumada a la evidencia de que la fábrica ni estaba ni se la esperaba, movió a la apertura de una investigación a partir de una denuncia de Rubén Sánchez, de Facua.

Serrano terminó imputado penalmente, por lo que dimitió como parlamentario andaluz en septiembre de 2020, después de haber salido de Vox. El partido de ultraderecha, tras una tímida defensa inicial, le soltó la mano y le dio la espalda. Fue el adiós a su carrera política. Serrano también ha visto sus bienes embargados por Hacienda. Y sus problemas no acaban ahí. Ahora el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez, que ha investigado la forma de obtención del dinero y busca el destino final del mismo, procesa tanto al dos veces candidato de Vox como a Pelegrín y al segundo colaborador en el proyecto, el consultor Javier López, sin participación accionarial. Saca del caso al notario ante el que Serrano y Pelegrín montaron la empresa.

El auto que cierra la instrucción recoge con esmero una secuencia de hechos que arranca en aquel 2016 fatídico para Serrano. Según el instructor, el entonces juez inhabilitado, Pelegrín y López "se concertaron" para obtener, "sin tener la debida solvencia", un préstamo de 2,4 millones de euros de Industria que ha sido destinado a "fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets". De la prometida fábrica sólo se han ejecutado obras por algo más de 654.000 euros. No se ha comprado e instalado nada para aparatos y equipos de producción. Al ser el importe máximo del préstamo destinado a edificación de 544.316 euros, el instructor llega a esta conclusión: de los 2.489.000 euros abonados por Industria, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros. Un 21,86%.

Apariencia de solvencia

En el reparto de roles, el auto sitúa a Serrano como "inversor y soporte jurídico" de un proyecto que nació marcado por el engaño. El instructor se detiene en la forma irregular en que Serrano y Pelegrín montaron la empresa. "Los investigados conocen de la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia porque así son informados por Ecobanca, asesor en el proceso. Por ello, constituyen la empresa no ajustándose a la realidad. La aportación a los fondos propios de la sociedad que realizan Serrano y Pelegrín, además de 7.000 euros, son respectivamente un secadero rotativo (que valoran en 742.800 euros) y tres granuladoras (que valoran en 495.200 euros). [...] Esta maquinaría nunca fue comprada [...], por lo que la declaración no era ajustada a la verdad".

Son hechos que desveló infoLibre en octubre de 2019 en una información titulada así: El juez Serrano obtuvo una ayuda pública tras declarar falsamente que era dueño de maquinaria industrial que nunca tuvo. Además, son hechos fundamentales. Sin esos fondos propios –que en realidad eran falsos–, la empresa no hubiera podido obtener la ayuda pública de 2,4 millones. Y son hechos en los que estuvo directamente implicado Serrano.

Las "facturas proforma" que supuestamente acreditaban la compra de la maquinaria eran en realidad presupuestos encargados a otra empresa, pero la venta no se llegó a efectuar nunca. El ardid estaba destinado a "dar imagen de solvencia" y de "poseer unos fondos propios no reales" para conseguir la ayuda "de forma indebida", dice el instructor. Cosa que lograron, tras solicitarla a Industria en un expediente en el que Serrano tuvo un papel protagonista. Así lo constata el juez que lleva el caso, al subrayar que fue Serrano el que puso la "firma digital", de la que no disponía el otro administrador. El dato no es baladí. Serrano siempre se ha presentado como un inversor ajeno a la primera línea del proyecto. Está por ver qué se establece, cuando llegue, en el juicio oral. Lo seguro es que la instrucción concluye rechazando la base de la coartada de Serrano. Y no sólo en este punto. El exlíder andaluz de Vox ha tratado de sostener que fue engañado por sus socios, aunque lo cierto es que estuvo implicado en las gestiones cuando ya está acreditado que conocía las irregularidades cometidas.

Ni máquinas ni suelo

En la solicitud de ayuda a Industria se indica que no es necesario comprar maquinaria porque la empresa ya la tiene, "lo que no se ajusta a la realidad", señala el juez. No es la única falsedad. También "se indica que el suelo donde se construirá la fábrica ha sido cedido por el Ayuntamiento de Niebla bajo una concesión [...] de 30 años", lo que también es falso, señala el juez.

Industria llegó a dirigirse a Biowood Niebla al tener dudas sobre la valoración de los fondos propios. ¿Qué hizo Serrano? Aportó una tasación pericial de la maquinaria inexistente, elaborada por una empresa que la hizo sin verla, claro. El instructor detalla cómo Serrano pelea para que le sean aceptadas como "fondos propios" las supuestas máquinas, al tener –al igual que Pelegrín– "pleno conocimiento de la trascendencia" de ello para conseguir la ayuda.

Préstamos a un promotor y a empresas de Serrano

El dinero llegó a Biowood Niebla en diciembre de 2016: 2.489.000 euros. Debía haber servido para construir una fábrica de biocombustible en Niebla (Huelva), pero no ha sido así. Los fondos empiezan a destinarse a otros fines, como se detalla en el auto. Hay un préstamo al promotor moroso Manuel Gavira, cliente de Serrano. Aquí se detiene el instructor en su auto para implicar a los tres investigados, que "se reunieron en distintas ocasiones" con Gavira "y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario". Dicho dinero ha sido devuelto por Gavira, en un importe de 230.150 euros con los intereses.

Hay más dinero supuestamente salido de la ayuda pública que fue dedicado a fines ajenos a la fábrica de pellets, como los préstamos a empresas de Serrano, entre ellas su propio periódico, XYZ, todo ello según queda recogido en el auto. XYZ es el medio con el que Serrano había querido consolidarse como referencia conservadora en Sevilla. Si Abc, diario católico conservador líder en Sevilla, son las tres primeras líneas del abecedario, XYZ son las tres últimas. Las tres más a la derecha. Hoy ese periódico no existe.

Una explicación que "carece de sustento"

En marzo de 2017, cuando ya había empezado a salir dinero de la ayuda para otros fines, se produjo una reducción de capital de Biowood Niebla con la devolución de la falsa maquinaria a los socios. Este movimiento, según Serrano, sería la prueba de que había perdido la "confianza" en sus socios al enterarse de que las máquinas no estaban. Esto es clave en la estrategia de defensa de Serrano, básico para su coartada. Es lo que dice desde que infoLibre publicó la primera información. Pero el juez instructor lo rechaza de plano: "Ello carece de sustento porque tras esa fecha se siguen realizando operaciones y creando empresas juntos por los investigados". Son hechos que también ha publicado este periódico, con información del Registro Mercantil. Por ejemplo, en esta noticia de noviembre de 2019: Una segunda empresa de Serrano montó una filial en Extremadura con un millón de euros cuyo origen se niega a desvelar.

Serrano se sale del proyecto en octubre de 2017. Sus planes resplandecían: a la política y la abogacía se sumaba la posibilidad de volver a la judicatura, porque un año atrás se había acortado su periodo de inhabilitación y podía volver a vestir la toga. Al frente del negocio se quedaba Pelegrín. El acuerdo de salida implicaba un reconocimiento de deudas con Serrano, que "son pagadas con cargo" al préstamo de Industria, y "un acuerdo de exoneración de responsabilidad [de Serrano] por la gestión" del dinero público recibido. Pese a este acuerdo de exoneración, el auto del juez Gutiérrez es la mejor prueba de que, al menos por ahora, Serrano no está libre de responsabilidades. Las irregularidades siguieron tras la salida de Serrano, como detalla el instructor. Por ejemplo, con la simulación ante Industria de avances en el proyecto.

Estafa y fraude

El instructor aprecia "indicios racionales" de dos delitos: fraude de subvenciones, que supone penas de uno a cinco años en caso de condena, y estafa, de seis meses a tres años. Son procesados Serrano y sus dos antiguos socios. Todo ello lo establece el juez instructor en lo que se llama "auto de procedimiento abreviado", un paso previo al envío del caso a juicio, donde se decidirá sobre el fondo del asunto y se establecerán las posibles condenas o absoluciones. Los tres procesados se declaran inocentes.

El juez Serrano obtuvo una ayuda pública tras declarar falsamente que era dueño de maquinaria industrial que nunca tuvo

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Ahora el instructor da traslado de las actuaciones a la Fiscalía y a las acusaciones, entre ellas la popular, que ejerce Rubén Sánchez, de Facua, que deberán formular escrito de acusación o pedir el sobreseimiento, circunstancia esta última improbable por la trayectoria que tienen desde el inicio del caso.

El notario, ni participante ni cooperador

El juez instructor dicta el sobreseimiento y archivo parcial de la causa con respecto al notario Álvaro Sánchez, que estaba investigado por un posible delito de falsedad en documento público. Se trata del fedatario ante el cual Serrano y Pelegrín montaron Biowood Niebla, imputándole a la empresa unas máquinas que no existían. El auto señala que no resulta "debidamente justificada" su participación en ningún hecho delictivo.

"La inclusión de las facturas en la escritura pública fue iniciativa de Biowood Niebla, no de la notaría, porque en las sociedades limitadas no es requisito legal incorporar informe de valoración de las aportaciones de bienes muebles de los socios. Basta su declaración de ser propietarios del bien", señala el juez instructor, que no ve al notario implicado ni directamente "ni como colaborador necesario, ni como copartícipe inductor o encubridor". Y añade: "La configuración y la unión a la escritura de un presupuesto o factura proforma en lugar de factura abonada como mero error de hecho no tiene relevancia penal [...]".