Podemos propone recargos del IBI para viviendas vacías y residencias 100% públicas

Estamos a las puertas de la campaña electoral del 28M, el periodo en el que los partidos presentan sus propuestas para tratar de convencer a la ciudadanía de que vote por ellos. Este sábado Podemos, a través de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, presenta las suyas en el llamado "programa marco" que sirve como "base de referencia" para todas las comunidades autónomas y municipios, según explican fuentes de la dirección, aunque cada territorio también haya elaborado su propio programa.

Los morados presentan este programa en solitario, pese a que se concurren con Izquierda Unida en diez de las doce autonomías en las que hay comicios. Según explican desde la formación que dirige Ione Belarra, han estado en contacto en las últimas semanas con IU para tratar de unificar las propuestas pero no lo han hecho por falta de tiempo.

Algunas de las propuestas ya estaban recogidas en el programa con el que la marca Unidas Podemos o Podemos en solitario concurrieron a las anteriores comicios de 2019, pero el partido morado ha incluido también varias de las iniciativas que ha defendido con más ahínco durante esta legislatura y que no se han aprobado. En ese sentido, insisten en que se tratan de "propuestas ambiciosas" pero dejan claro que solo podrán llegar a aplicarlas si "tienen la fuerza suficiente" para convencer a su —previsible— socio de gobierno, el PSOE. Estas son algunas de ellas:

Recargos del IBI para viviendas vacías

Podemos plantea que se realicen recargos del IBI para viviendas vacías, de carácter progresivo, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas, unido a la creación de un impuesto para las viviendas vacías. Con todo, no se aplicarían a todos por igual, sino que están dirigidas a aquellos propietarios con más de cinco viviendas, conocidos como grandes tenedores. Por tanto, estas medidas solo se aplicarían en las viviendas que sus propietarios no utilicen, pero a partir de la quinta vivienda (incluida).

"El nuevo impuesto se empezaría a cobrar a partir de los seis meses en que la vivienda se encuentre inhabitada y sería de 10 euros al metro cuadrado al año, con un aumento del 50 % para las viviendas a partir de la décima y con otro aumento del 50 % a partir de los dos años en que esté inhabitada cada vivienda. Existirá la posibilidad de que la Administración pague el justiprecio de forma automática y adquiera la vivienda si está inhabitada durante más de cuatro años. Evidentemente, esto incluye todas las viviendas que son propiedad de entidades bancarias y de fondos buitre", detalla el documento.

Salud bucodental gratuita

Los de Belarra también proponen la incorporación al catálogo de servicios públicos cuestiones como la salud bucodental o la atención oftalmológica y el refuerzo de otros servicios como la fisioterapia. Se trata de una medida que los morados ya llevaban en su programa para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en 2021. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, solo el 38% del segmento con menos renta de la población fue al dentista en los últimos 12 meses, frente al 64,6% del segmento más rico. 

Asimismo, abogan por un aumento de la financiación de la atención primaria con el 25% del total de la financiación de la sanidad pública y con, al menos, 400 euros por habitante y por año. En términos de salud mental, defienden la equiparación de las ratios por habitante de psiquiatras, psicólogas y enfermeros especializados en salud mental con la media europea. Y, en esa misma línea, que el servicio de salud mental en los centros de atención primaria transite hacia un modelo "menos invasivo, menos farmacológico, menos institucional y de atención mucho más continua y comunitaria".

Aumento de las plazas públicas en las guarderías

En este programa marco, Podemos defiende que se aumenten las plazas gratuitas y en la red pública de gestión directa de educación infantil de 0 a 3 años. Y por eso abogan por un "establecimiento de convenios con las pymes y cooperativas existentes en el sector para proporcionar plazas gratuitas con el mismo nivel de calidad que las de la red pública de gestión directa, y establecimiento de una pasarela voluntaria para aquellas pymes y cooperativas que se quieran integrar en la red pública. Moratoria indefinida y no renovación de los convenios con grandes empresas en este ámbito", señalan.

Además, apuestan por el mantenimiento de las escuelas rurales allí donde sea posible y el establecimiento de un transporte escolar "gratuito y adecuado" en aquellos núcleos de población en los que sea necesario que los niños y niñas se desplacen. En el ámbito educativo, también proponen revertir las externalizaciones de los servicios de comedor escolar, "recuperándolos para lo público y estableciendo en toda la red el criterio de compra de proximidad de alimentos locales".

Una renta básica autonómica para 'subsanar' los problemas del IMV

En la formación morada son conscientes de que una de sus medidas estrella, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), no ha funcionado como se esperaba por las trabas burocráticas. "Desde Podemos hemos propuesto una nueva Renta Garantizada de ámbito estatal para superar los importantes problemas encontrados con el IMV", reconocen. Y por ese motivo defienden que una renta básica puede proporcionar esa "protección" que les falta a "los más vulnerables".

Podemos aboga por "cuantías dignas". "Una persona sola recibiría 700 euros al mes y se aplicarían las tablas de la OCDE para calcular el aumento de la prestación cuando haya más personas en la unidad familiar. Así, por ejemplo, una familia de dos adultos y dos niños recibiría 1400 euros al mes", exponen. También apuestan por "complementos a la infancia" para menores de edad y que sea una ayuda "compatible con el trabajo".

Acabar con la privatización del sistema de residencias

Podemos propone acabar con el proceso de desprivatización del sistema de residencias "con el horizonte de que su gestión sea pública y directa al 100%". Para ello señalan que debe haber una prohibición expresa de que se firmen nuevos conciertos, nuevos convenios y nuevas externalizaciones con el sector privado. Para la incorporación en el sistema público de cada centro concreto plantean dos opciones: o bien el propietario privado del centro cuyo contrato vaya a caducar accede a vender las instalaciones a la Administración a un precio según tasación independiente, o bien, en caso de no existir tal acuerdo antes de un año del vencimiento, quieren que la Administración construya una infraestructura equivalente en las proximidades de la original.

El sudoku de Yolanda Díaz: hará campaña por Podemos, IU, Más Madrid y Compromís el 28M

Ver más

En los casos en los que una residencia privada o concertada "incumpla grave y repetidamente los parámetros de la ley de calidad, será desprivatizada inmediatamente mediante el pago del justiprecio". En el ámbito municipal, también quieren llevar a cabo la desprivatización del Servicio de Ayuda a Domicilio "para garantizar, de este modo, su calidad y unas condiciones laborales dignas de los trabajadores y trabajadoras".

Mantener las bonificaciones al transporte público

La formación de Belarra asegura que "una de las medidas más eficaces social y ecológicamente que se han tomado desde el Gobierno de coalición es la gratuidad de determinados servicios de transporte de titularidad estatal y la bonificación de otros cuya titularidad recae sobre Administraciones de nivel autonómico o local, aunque sea una medida planteada de forma temporal". Una temporalidad que proponen cambiar para que estos descuentos se apliquen de manera permanente. "Es una cuestión de justicia social y también de alta eficiencia en ahorro de combustibles fósiles", explican.

Asimismo, proponen aumentar la financiación "para poder mantener un nivel adecuado de frecuencias, de infraestructuras y de recursos humanos" y proceder también a la desprivatización "de aquellos servicios que no funcionan adecuadamente", avanzar en la sustitución de los parques móviles por vehículos eléctricos, y garantizar servicio en la España vaciada con un mínimo de dos viajes al día entre cualquier núcleo poblacional y la correspondiente capital o cabecera de comarca. "En la misma lógica se aprobará la correspondiente legislación para garantizar la viabilidad del servicio público del taxi frente a la invasión de las plataformas de VTC y se aumentarán los kilómetros de carril bici, mejorando también los servicios municipales de bicicleta", proponen.