El inquietante silencio de Perelló en el CGPJ: del roce con Sánchez a la sintonía con los conservadores

Apenas tres meses después de su nombramiento en 2013, el entonces recién elegido presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el conservador Carlos Lesmes, concedió una de sus primeras entrevistas al diario El Mundo. "El Consejo se crea para dos funciones que se considera que no pueden estar en manos del Gobierno: el nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina", explicaba en ella, "porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria", añadió. Sus palabras generaron indignación en la carrera y tres de las cuatro asociaciones de jueces —todas menos la conservadora y mayoritaria APM— le exigieron una rectificación inmediata, que jamás se produjo, al considerar que el máximo responsable de la magistratura llamaba "burros de carga" a sus colegas. La moderada Francisco de Vitoria le exigió directamente la dimisión.

Han pasado cuatro meses desde que la progresista Isabel Perelló se convirtió en la primera mujer que accede a ese cargo. Y nada hace prever que le vaya a ocurrir algo semejante. Porque desde entonces, sus apariciones públicas han sido muy limitadas y su presencia en medios, casi nula, más allá de los discursos que pronuncia. A diferencia de sus antecesores, no hace declaraciones a la entrada o salida de los eventos a los que acude. Tampoco concede entrevistas. Por todo ello, hasta el momento, los ciudadanos desconocen las ideas de la sexta autoridad del país.

"Hay que tener en cuenta que Perelló todavía está aterrizando en el cargo y no tiene todavía muy clara su política de comunicación", explica uno de los vocales que la apoyó. "La presidenta es una persona muy discreta y prudente, lejana a cualquier manifestación altisonante", añade. "Estamos ante un Consejo que no es decididamente progresista y quiere mantener el equilibrio para poder actuar de puente entre el sector progresista y el conservador, algo esencial para llegar a acuerdos".

En su primer discurso, el del acto de apertura del año judicial del pasado septiembre, pronunciado ante el rey, Perelló subrayó, entre los principales retos del Consejo que preside, "defender la independencia judicial". "Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar el ordenamiento jurídico", dijo. "Las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica", añadió. "Pero críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto". Esas mismas reflexiones fueron las que Perelló dedicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, en un corrillo ante periodistas en la copa de Navidad de Moncloa, aseguró que el PP jugaba "con las cartas marcadas", al contar con información privilegiada de determinados jueces sobre procesos que afectan al Ejecutivo.

Fuentes del Consejo aseguran que fue la propia Perelló la que decidió que había que responder presidente. Lo primero que hizo fue buscar un acuerdo entre progresistas y conservadores para sacar adelante una declaración en el Pleno, pero no lo logró porque los primeros restaron importancia a las declaraciones del presidente, por considerarlas "de tipo informal como las que se expresan en cualquier corrillo y escasas de trascendencia". En esas condiciones, la presidenta decidió ella misma sacar un comunicado en el que aseguró que los jueces deben ejercer sus funciones "atendiendo únicamente al imperio de la ley, sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder público o privado". La nota decía que su actuación es criticable, "pero lo que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos".

Fuentes progresistas consideran que ese comunicado no se debió difundir, pero al mismo tiempo valoran que fuera la propia presidenta quien lo suscribiera. "Hubiera sido mucho peor una declaración del Pleno, como las que se hacían en el Consejo anterior, en la que ambos sectores se hubieran tirado los trastos a la cabeza para consensuar un texto". Esas mismas fuentes recuerdan que los debates en los órganos internos del CGPJ suelen saltar a los medios de comunicación y cada grupo suele exponer a los periodistas sus posiciones de máximos. "Si la respuesta a Sánchez se hubiera debatido entre los 20 vocales, la polémica habría sido mucho mayor y la imagen del órgano se habría visto resentida", añaden.

En su discurso de apertura del año judicial, la presidenta también dedicó gran parte de sus palabras al feminismo y a la importancia de que, por fin, una mujer hubiera llegado al más alto escalón de la judicatura. "Es la primera vez que una mujer es elegida para afrontar esta gran responsabilidad y, por ello, ha sido calificado como un hecho histórico", afirmó. "Nací en una España en la que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. Ahora somos mayoría, el 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso son mujeres", prosiguió. Luego señaló: "Aun así, queda mucho camino por recorrer: las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales".

La renovación del Consejo y el nombramiento de Perelló llegaron con la entrada en vigor de la ley de paridad, que impone que en los nombramientos judiciales —de los que el órgano tiene que sacar adelante un centenar— exista equilibrio entre ambos sexos con una representación mínima del 40% para cada uno. El CGPJ tiene que decidir cómo se aplica esa obligación legal. Mientras que los conservadores son partidarios de un criterio global que afecte a todas las designaciones que tenga que hacer el órgano en sus cinco años de mandato, los progresistas consideran que debe tenerse en cuenta en el total de las presidencias, el de las presidencias de sala de cada tribunal y en la composición de cada una de estas salas.

La comisión de igualdad, de mayoría progresista, ha sacado adelante dos informes de los vocales Carlos Hugo Preciado y Lucía Avilés en los que optaban por este último criterio. La votación contó con el voto en contra de su presidenta, la conservadora Gema Espinosa, que, sin embargo, no redactó voto particular frente a ninguno de los dos documentos. Sin embargo, Perelló encargó un tercer estudio al gabinete técnico del Consejo que, al contrario de los dos anteriores, se decantó por la visión de la paridad defendida por los consejeros conservadores.

El criterio que finalmente se siga será crucial para la cobertura de los cargos discrecionales, como demuestra el proceso de selección de las presidencias de cuatro de las cinco salas del Supremo actualmente en trámite. Mientras los conservadores defienden para los cuatro puestos en liza la candidatura de cuatro hombres, los progresistas prefieren a las mujeres que se han presentado como aspirantes a tres de ellas (Penal, Contencioso y Social). Según los informes aprobados por la comisión de igualdad, al menos dos de los cuatro puestos pendientes de designación deberían ser ocupados por mujeres. La decisión que finalmente se adopte puede derivar en recursos ante la Sala de lo Contencioso del Supremo e incluso llegar al Constitucional, según fuentes del órgano.

Equilibrio y discreción, incluso silencio. Que no haya ruido ni manifestaciones estrambóticas como las del Consejo anterior. Esos son los principios que guían la actuación de Isabel Perelló como presidenta, según los vocales. "Pertenece a [la progresista y minoritaria] Juezas y Jueces para la Democracia, pero no hay que olvidar que ha llegado al cargo a propuesta del sector conservador", recuerdan los vocales consultados, que subrayan su especial sintonía con el vocal a propuesta del PP José Antonio Montero. "Ambos fueron nombrados magistrados del Supremo en 2009 y sus designaciones fueron recurridas ante la sala de la que formaban parte, lo que les unió mucho". Las fuentes más críticas con Perelló advierten que su silencio también puede interpretarse como “que no tiene nada que decir, o que lo que puede decir es precisamente la posición del poder más conservador en el Supremo”.

Para lograr esa equidistancia y no mostrar sus cartas en un órgano históricamente atado a la polémica, la presidenta actúa entre bambalinas, consultando a unos y otros las decisiones a tomar. "Solo cuando se logra un consenso sobre el asunto del que se trate, lo lleva a Pleno para su aprobación", explican en el Consejo. El riesgo, añaden algunos de los vocales, puede ser la parálisis del órgano de gobierno de los jueces, de la que ya han aparecido algunos síntomas.