La cruzada del entorno de Ayuso contra la prensa con amenazas, querellas y peticiones de rastreo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusaba esta semana en su comparecencia de balance del año desde la Puerta del Sol al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de trabajar “sin descanso” para acabar con la separación de poderes, someter a los jueces, amordazar a los medios de comunicación y crear comisionados de la verdad compuestos por sus propios ministros.

Díaz Ayuso lleva tiempo culpando al Gobierno de tratar de silenciar a los medios de comunicación, pero desde su entorno, en cambio, se ha emprendido una auténtica cruzada, por parte de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y de su pareja, Alberto González Amador, para amedrentar a la prensa especialmente por las noticias relacionadas con la investigación de fraude fiscal del novio de la presidenta.

El último movimiento de González Amador ha sido solicitar al Tribunal Supremo la intervención de las comunicaciones de varios periodistas dentro del caso por la supuesta filtración del fiscal general del Estado. El abogado de la pareja de la presidenta de Madrid ha solicitado unas inéditas diligencias como que el juez oficie a las compañías telefónicas para que conserven todas las comunicaciones que hayan tenido varios informadores con la Fiscalía, algo que vulnera el secreto profesional de los informadores y el derecho a no revelar las fuentes. Asimismo, se solicita conservar los registros digitales y las ubicaciones durante los últimos diez meses.

La solicitud hecha por la pareja de Ayuso al Supremo ha sido rechazada de manera mayoritaria por las asociaciones de medios. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) emitió un comunicado este jueves en el que señalaba que “es un atentado contra el secreto profesional amparado por el artículo 20 de la Constitución, que incluye el derecho a no revelar las fuentes”. En ese sentido, la Federación espera "que la alta institución (el Tribunal Supremo) haga caso omiso de la solicitud que, en caso de aceptarla, plantearía un conflicto entre la libertad de prensa y la intimidad de las fuentes”.

“La FAPE, sin entrar en labores propias de la justicia, reitera que las pretensiones del empresario vulneran los principios fundamentales del periodismo, basados en el derecho a la información. En ese sentido, recuerda que entre esos principios destaca la información veraz y contrastada y el rechazo a los bulos y noticias falsas que, sobre este caso, ya ha denunciado. La Federación, asimismo, rechaza cualquier intento de intimidar a los periodistas que ejercen su trabajo bajo esas premisas”, reza el texto.

También ha mostrado su apoyo a los informadores de la SER, eldiario.es y El Plural la Asociación de Periodistas de Investigación, que indicó en un mensaje en la red social X: “El secreto profesional de los periodistas está amparado en la Constitución Española. Todo nuestro apoyo”. Desde AGP-UGT también se ha condenado de "manera rotunda" la solicitud de González Amador: "Representa un atentado directo contra el secreto profesional, amparado por el artículo 20 de la Constitución, que incluye el derecho a no revelar las fuentes. Este tipo de ataques no son nuevos. Recordamos el caso Cursach, en el que un juez de instrucción en Palma de Mallorca ordenó requisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas. Aunque el Tribunal Constitucional acabó avalando el derecho de los profesionales a personarse en la causa, este precedente evidenció los riesgos que enfrentamos en el ejercicio de nuestra labor. Por ello, pedimos que no prospere la solicitud de González Amador, quien busca investigar a periodistas con el único fin de amordazar y amedrentar a la prensa".

Fortes, Simón, Arroyo y Juliana, en el punto de mira

La pareja de Ayuso también ha situado estos días en su punto de mira a Xabier Fortes, Enric Juliana, Pablo Simón y Luis Arroyo. El director de La Noche en 24 horas recibió un burofax informándole de un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias que se ampliaba a los otros tres tertulianos del programa. El motivo: que en el programa se refirieran a él como "autor confeso de un fraude fiscal". 

El uso de esta expresión se apoya sobre uno de los correos enviados por el abogado de González Amador a la Fiscalía antes de la interposición de la querella contra el empresario. "Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la Agencia Tributaria", escribió la defensa de la pareja de Díaz Ayuso al Ministerio Público el 2 de febrero.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha acordado conceder el amparo solicitado por el periodista de TVE por el "ataque a la libertad de expresión e información que supone" esta acción de González Amador. La FAPE reprueba “taxativamente la actitud de quienes no respetan el trabajo de los profesionales de la información, al tiempo que condena los intentos de amedrentar con actuaciones de este tipo", según otro comunicado emitido.

Además, considera que la acción legal es "opuesta" a la nueva legislación europea de abril de 2024 en materia de litigio estratégico contra la participación pública (SLAPP), que se refiere a las "acciones judiciales abusivas" destinadas a silenciar a profesionales con capacidad y derecho de crítica pública, así como al artículo 20 de la Constitución Española, sobre libertad de expresión e información. "Desde la FAPE consideramos que la Justicia debe salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información. La legislación europea contempla mecanismos para archivar de manera acelerada este tipo de demandas y sancionar a los que las utilizan", recoge el comunicado.

El Consejo de Informativos de TVE ha dado amparo también a Fortes ante este “ataque a su independencia profesional”. Y en un comunicado emitió: “Esta querella es una forma de presión e intimidación que pone en riesgo la independencia profesional. Cuando se acude sistemáticamente a las querellas se convierten en una amenaza a la integridad del periodista y a la vez son un ataque contra la libertad de expresión y el derecho a la información recogido por el artículo 20 de la Constitución Española”. También se ha pronunciado Reporteros Sin Fronteras, que considera que “esta querella no solo atenta contra la libertad de prensa, por cuanto supone una clara maniobra de presión y amedrentamiento contra tres periodistas, sino que va en sentido diametralmente opuesto a la nueva legislación europea”.

"Cerrar" y "triturar"

En la relación con los medios por parte de Isabel Díaz Ayuso juega un papel vital Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete y ex secretario de Estado de Comunicación durante el Gobierno de José María Aznar. El Tribunal Supremo lo ha citado como testigo en el marco de la causa abierta contra el fiscal general del Estado. Es una pieza clave dentro de la causa porque desde el entorno de la presidenta de Madrid se filtró a medios de comunicación el bulo de que la Fiscalía había ofrecido supuestamente un pacto a González Amador para que reconociera los delitos y un correo tergiversado de uno de los fiscales del caso, lo que motivó la posterior nota de prensa del fiscal general para contar la realidad.

Tras publicar eldiario.es la información la noticia del fraude a Hacienda de más de 350.000 euros por parte de la pareja de Díaz Ayuso, Rodríguez envió mensajes por Whatsapp de carácter intimidatorio a la periodista Esther Palomera, en los que escribió: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. Ella respondió: “¿Es una amenaza?. A lo que contestó él: “Es un anuncio”.

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Miguel Ángel Rodríguez también difundió el pasado mes de marzo el bulo de que había periodistas “encapuchados” de eldiario.es y de El País tratando de asaltar la vivienda de la presidenta de Madrid. Los dos medios negaron esa información y señalaron que sus informadores estuvieron en las inmediaciones del edificio y hablaron con vecinos siempre identificándose como reporteros.

Según explicó El País, el equipo de la presidenta envió un mensaje a distintos periodistas con el nombre y la foto de los informadores del rotativo que dirige Pepa Bueno y los siguientes párrafos: “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones. El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de eldiario.es encapuchados, intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”.

El último episodio de amenazas desde el PP de Madrid ha llegado por parte de Candela Ruiz de la Mata, del equipo de los populares madrileños y ex jefa de prensa en la Asamblea, que imitando al propio Miguel Ángel Rodríguez escribió en X “Vais pa’ lante”, en respuesta a un mensaje del periodista Alberto Pozas Amador que recogía la información sobre la petición del novio de Ayuso al Supremo de investigación de las comunicaciones de los informadores.