Ni verdad ni justicia, España y Marruecos miran a otro lado un año después de la tragedia de Melilla
El Palacio Real, el Museo del Prado, la Granja de San Ildefonso. Joe Biden, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Mario Draghi. Son el 29 y el 30 de junio de 2022 y todo el mundo mira a España por aglutinar en tan poco espacio a tantos grandes líderes mundiales al albergar una de las Cumbres de la OTAN más importantes del siglo. Marcada por la Guerra de Ucrania y por la riqueza cultural de nuestro país, los titulares de la prensa internacional y las fotografías de los reportajes fueron escaparate de la gran organización del evento llevada a cabo por España. Sin embargo, esas fotos de líderes mundiales caminando entre los cuadros del Prado no mostraban toda la realidad. Escondían que, tan solo cinco días antes, había ocurrido en Melilla una tragedia que inundó los medios con imágenes de migrantes hacinados, fallecidos y tirados en el suelo sin asistencia médica después de sufrir una respuesta violenta y desproporcionada de la policía española y marroquí cuando intentaban cruzar la frontera en busca de un futuro mejor. Fueron 2.000 personas, según cifras de Amnistía Internacional, las que intentaron cruzar la frontera, de las cuales al menos 37 fallecieron y 76 desaparecieron.
El infierno para los migrantes no terminó con la intervención policial. Según señala la investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo, hasta 470 personas fueron devueltas sin garantías y de forma sumaria por parte de la policía española a Marruecos, abandonándolos a su suerte. Además, los heridos estuvieron durante horas esperando una ayuda sanitaria que no llegaba. Las autoridades ni siquiera permitieron a una ambulancia de Cruz Roja situada en las inmediaciones asistir a los migrantes, y en el lado marroquí no llegaron hasta dos horas después de los hechos. Algunos de ellos estuvieron esperando atención médica hasta 10 horas.
Un año después de la tragedia, Amnistía Internacional ha querido volver a denunciar los hechos que tuvieron lugar en el puesto fronterizo del Barrio Chino de Melilla. La organización pone de manifiesto la impunidad y el oscurantismo por parte del Gobierno español alrededor de los hechos, el desamparo de los migrantes supervivientes y la imposibilidad de solicitar asilo por parte de migrantes subsaharianos. Además, la ONG sostiene, en base a testimonios de testigos, que el número verdadero de fallecidos podría ascender a más de 100 personas. “Estamos ante una cifra descomunal que habla por sí sola del sufrimiento padecido por esas personas en la frontera”, afirma la organización.
Las revelaciones de los supervivientes que comparte Amnistía Internacional describen hechos que vulneran ampliamente los derechos humanos. En ellos se ofrecen descripciones de cómo varios heridos de gravedad fueron trasladados en autobuses sin recibir ningún tipo de asistencia médica, lo cual hizo que muchos de ellos murieran durante el viaje. Otros supervivientes fueron trasladados al sur de Marruecos y fueron también abandonados a su suerte. Además, a día de hoy, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), 87 migrantes todavía continúan detenidos en Nador y en cárceles repartidas por todo el territorio del país africano. No existe ningún tipo de información pública sobre esos juicios y, tal y como denuncia Amnistía Internacional, tampoco sobre el resto de personas trasladadas.
Por otra parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) afirma que algunos de los migrantes que intentaron cruzar la frontera hace un año y fueron rechazados han conseguido hacerlo posteriormente en Ceuta, cambiando de ruta. Estos migrantes, que relataban los hechos acaecidos el 24 de junio una vez pasaban la frontera, están, a día de hoy, esperando finalizar el trámite para la solicitud de protección internacional.
En cuanto a los fallecidos, sus cuerpos continúan, un año después, en la morgue de Nador, muchos de ellos sin identificar, denuncia Amnistía Internacional. Las autoridades de Marruecos han reiterado en varias ocasiones que no procederán a enterrar los cadáveres sin una correcta identificación, pero en todo este tiempo no han facilitado en ningún momento la realización de tareas forenses en los cuerpos. Una situación de desamparo acrecentada por la negativa del Gobierno marroquí de entregar visados a las familias que creen tener a algún ser querido entre los fallecidos y por la imposibilidad de estas de comprar billetes para trasladarse al país africano. La única posibilidad de las familias para avanzar en la identificación fue hace tres meses, cuando el Ministerio de Exteriores de Sudán permitió el envío de muestras de ADN a Marruecos para compararlas con las de los cadáveres, sin embargo, a día de hoy los resultados aún no han sido publicados.
“Reclamamos verdad, justicia y reparación para las víctimas y los familiares, que todavía un año después no saben exactamente dónde están muchos de sus familiares. Además, de no conocer el paradero de las personas desaparecidas, de no saber si los muertos están enterrados ni en qué lugar, tampoco se ha reparado ese daño a las víctimas devueltas y golpeadas”, afirma Elena Muñoz, coordinadora del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Impunidad y abandono
Pese a la gravedad de los hechos acaecidos hace un año, las responsabilidades han sido prácticamente inexistentes, favoreciendo, según Amnistía Internacional, un clima de absoluta impunidad. En el lado marroquí, las autoridades han estado durante todo este tiempo obstaculizando iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas y fallecidas y, además, no han realizado ningún operativo para esclarecer la violencia empleada por sus fuerzas de seguridad en la valla de Melilla.
Por la parte española, la Fiscalía archivó la causa en diciembre del año pasado, tan solo recomendando al Ministerio del Interior la apertura de un expediente administrativo contra algunos guardias civiles que tiraron piedras contra los migrantes. Más allá de esa recomendación, las vulneraciones de derechos humanos denunciadas por Amnistía Internacional han quedado completamente impunes, ya que no se han abierto “investigaciones adecuadas sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional que se cometieron a ambos lados de la frontera”. Para la organización, esta actitud de la Fiscalía parece “aprobar” la respuesta de las fuerzas de seguridad española, no entrando a investigar a fondo la actuación policial española, ni la marroquí en territorio español.
Las responsabilidades políticas tampoco han existido. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, máximo responsable a nivel político de la tragedia de Melilla, fue reprobado por el Congreso de los Diputados en una iniciativa del PP que contó con 173 síes (Vox, CS, ERC, Junts y la CUP), 160 votos en contra (PSOE, Unidas Podemos, PdeCat, Más País y Teruel Existe) y la abstención de PNV y EH Bildu. La reprobación del ministro fue la primera en esta legislatura que salió adelante, pero este procedimiento tan solo es simbólico y no implica ninguna consecuencia vinculante sobre él.
Tareas pendientes
Otro de los problemas que persiste un año después de la tragedia es la falta de cambios legislativos o internos en España para evitar la repetición de una situación similar en el futuro. “Desde CEAR llevamos tiempo exigiendo la derogación de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería que regula el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla”, explica Muñoz. Este texto solo se aplica en las dos ciudades autónomas y el Tribunal Constitucional estableció que solo sería constitucional si se cumplen una serie de condiciones concretas: un control judicial de la actividad, un pleno respeto a los derechos humanos y una detección de personas vulnerables como víctimas de trata, menores de edad no acompañados, personas con protección internacional.
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“Esto, lo vimos hace un año en Melilla, no se lleva a cabo. Por lo que sabemos y hemos visto, muchas de las personas rechazadas eran personas solicitantes de protección internacional y que huían de conflictos tan cruentos como el de Sudán”, afirma la coordinadora del Servicio Jurídico del CEAR, añadiendo que los hechos fácticos demuestran como ese “rechazo en frontera” no se aplica según esos criterios del Tribunal Constitucional.
Otra de las tareas pendientes es el establecimiento de un mecanismo de monitoreo de derechos humanos en las vallas de Ceuta y Melilla para vigilar las actuaciones llevadas a cabo en unas fronteras que también son las de Europa. Por ese motivo, la propia comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en un informe publicado en abril de 2023, a raíz de una visita realizada en noviembre de 2022, recomendaba a España romper o paralizar cualquier acuerdo con Marruecos que no respete los derechos humanos. Esa revisión de los acuerdos bilaterales con el país gobernado por Mohammed VI, además de su suspensión, sería otra de las tareas pendientes un año después de la tragedia de Melilla.
Pese al olvido de las autoridades españolas y marroquíes hacia las víctimas, las organizaciones internacionales siguen reclamando justicia sobre la tragedia de Melilla. Las reclamaciones del Consejo de Europa sobre nuestro país no son nuevas y sus informes sobre las actuaciones de las autoridades y fuerzas de seguridad son algo recurrente en los últimos años. “La comisaria está bastante enfocada en esta zona porque es frontera europea, por lo cual no creo que vaya a olvidar la tragedia”, afirma Muñoz, explicando igualmente cómo varias entidades, entre ellas CEAR, han solicitado a la ONU una investigación en profundidad y una petición de información tanto a España como a Marruecos sobre los hechos. Los trámites continúan gestionándose a día de hoy, y en las próximas fechas podrían llegar los primeros informes o conclusiones de lo ocurrido en la frontera.
