PP y Vox pactan en varias autonomías la desprotección de su propia lengua que Feijóo ya aplicó en Galicia

PP y Vox están llegando estos días acuerdos para gobernar en distintas comunidades. Dos de ellos se produjeron en territorios bilingües como Galicia. El primero fue hace dos semanas en la Comunitat Valenciana, donde la extrema derecha no sólo firmó un pacto programático con los conservadores, sino que ostentará la vicepresidencia y las consejerías de Justicia e Interior y Agricultura. El segundo, rubricado el pasado miércoles en Baleares, permitirá al PP gobernar en solitario la autonomía pero incluye a la formación ultra en los consejos insulares de Mallorca y Menorca. 

En ambos casos, el PP asumió desproteger al catalán y son muchas las crónicas que advierten sobre esta cesión de los conservadores, que habrían conseguido los votos de los de Abascal a cambio de imponer la libre elección de lengua, en concreto en la educación. Esta medida fue una de las propuestas estrella con las que llegó Alberto Núñez Feijóo a la Xunta de Galicia: ya la ensayó en el Gobierno gallego y ahora su partido la pacta con la ultraderecha. 

"El gallego debe ser un instrumento de unión, nunca de imposición, y debe garantizarse la libertad para elegir lengua en todos los ámbitos", explicitaba el Contrato con Galicia que Feijóo firmó en febrero de 2009, poco antes de las elecciones que lo colocarían al frente de la Xunta. 

"Los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. Nos comprometemos a extender este derecho a todas las etapas educativas", reza una parte del acuerdo firmado por el PP y Vox en Baleares. "Se garantizará la libre elección de centro educativo y de lengua de enseñanza entre las dos oficiales (castellano y valenciano)", dice el rubricado en la Comunitat Valenciana.

Esta reivindicación, la de la "libre elección de centro y lengua" por parte de los padres, así como la lucha contra una supuesta "imposición" fue la base de la batalla lingüística con la que el PP cargó en la campaña electoral de aquellas elecciones autonómicas de 2009 y el principio que rigió la política lingüística y la polémica aplicación del cuestionado decreto de plurilingüismo, ilegalizado parcialmente posteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Fue en el otoño de 2008 cuando Feijóo convocó una rueda de prensa para anunciar que, si llegaba a gobernar, derogaría el decreto para permitir que "los padres elijan la lengua vehicular en educación" o "los alumnos elijan libremente la lengua en las aulas y en los exámenes". Se refería al 124/2007, que establecía un "mínimo" del 50% de las materias escolares en gallego y que el PP llegó a apoyar como un "instrumento esencial en la promoción de la lengua gallega", si bien lo rechazó en el último minuto.

Ya en febrero de 2009, y días antes de la firma de su Contrato con Galicia, se juntaron en Santiago unas dos mil personas convocadas por la asociación Galicia Bilingüe, venidas tanto desde Galicia como de fuera de la comunidad. Detrás de las pancartas, en primera fila, se podía distinguir a la líder de UPyD, Rosa Díez, que por entonces aún intentaba explorar un caladero de votos en las elecciones autonómicas ondeando la bandera de una supuesta "imposición". Un poco más lejos se encontraba gran parte de la plana principal del PP gallego. No estaba Feijóo, pero sí su secretario general y actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con él Corina Porro, ahora presidenta del Consello Económico Social, Carlos Negreira, alcalde de A Coruña entre 2011 y 2015, o Ana Pastor, cabeza de lista del PP por Pontevedra al Congreso. Unos y otros se manifestaron contra aquel decreto 124/2007.

Tras meses de especulaciones, protestas en las calles y tras el gasto de 109.800 euros para anunciar y publicitar una encuesta entre las familias del alumnado, el 30 de diciembre de 2009 el Gobierno de Feijóo celebró un Consello da Xunta para presentar las "bases" de lo que llamó el "decreto del plurilingüismo", cuya redacción final permitió relegar el gallego a un máximo de un tercio de las materias, vetarlo en áreas de conocimiento como determinadas ciencias y excluirlo de la práctica totalidad de la educación infantil.

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El decreto, parcialmente ilegalizado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, fue la pieza principal de un engranaje que también incluyó el cambio de nombre de las Galescolas, convertidas en Galiña Azul, para, según Feijóo, "normalizarlas", "despolitizarlas" y evitar que se ejerza el "adoctrinamiento". 

Además, los conservadores consideraron necesario iniciar su labor legislativa en aquel 2009 deshaciendo una de las pocas reformas aplicadas por el bipartito a favor de la lengua en el ámbito de la Administración: la obligación de que en cada proceso selectivo de la Xunta se realizase, al menos, uno de los exámenes en lengua gallega. Así, la segunda norma aprobada gracias a la mayoría absoluta de Feijóo fue una reforma de la Ley de la Función Pública para, explicó entonces el Gobierno, "primar el absoluto respeto a la hora de que las ciudadanas y ciudadanos elijan con libertad la lengua en la que se quieran expresar, sin que exigencias del poder público puedan menoscabar el ejercicio de ese derecho".

Ahora, es en los pactos PP-Vox en las autonomías bilingües donde la derecha y la extrema derecha aplican argumentos similares para impulsar sus acuerdos. En el de Baleares advierten que modificarán "las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales". "Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice el acceso al servicio público”, dice el texto.