La ‘doctrina Guardiola’ de Feijóo deja claro lo que le espera a cualquiera que se oponga a gobernar con Vox

Quienes no conocían a Alberto Núñez Feijóo acaban de constatar uno de sus rasgos más marcados: el pragmatismo a ultranza. Y la adaptación al medio. Nada ni nadie puede interponerse en sus objetivos y ahora mismo la meta que se ha puesto es llegar a La Moncloa. Cueste lo cueste y caiga quien caiga. Aunque él tenga de desdecirse y su candidata por Extremadura, humillarse.

La rapidez con la que Génova ha pasado de apoyar a su candidata extremeña cuando se opuso a pactar con Vox a obligarla a aceptar a la ultraderecha en su gobierno tiene mucho que ver con la presión que durante los últimos diez días han ejercido sobre Feijóo el ala radical del partido, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, y el ecosistema mediático de la derecha, muy crítico con las contradicciones en las que había incurrido el PP al pactar en unos sitios y resistirse a hacerlo en otros. Especialmente en Extremadura, donde la lista más votada en las autonómicas fue la del PSOE.

Lo cierto es que María Guardiola no fue la única que dio un giro de 180 grados. El propio Feijóo pasó de justificar que Vox no entrase en el gobierno extremeño porque el 28M sólo obtuvo un 8% de los votos y cinco diputados —las “matemáticas de Estado”, en expresión de su coordinador general, Elías Bendodo— a considerar un “error” la negativa a formar una coalición con la extrema derecha en Extremadura. “Creo que el PP es un partido que tiene principios y que no va a mimetizarse con las políticas de Pedro Sánchez. Cuando decimos que algo es desproporcionado y que esto va en contra de los votos obtenidos en las urnas, lo cumplimos”, decía Feijóo antes de decidir que no valía la pena apoyar a su candidata. 

De ese cambio radical de perspectiva, alentado por la necesidad de dar coherencia a las decisiones del PP en el conjunto de España y sometido a las urgencias derivadas de una campaña que no acaba de arrancar para los conservadores, nace la doctrina Guardiola: a partir de este momento, cualquiera que se oponga a los acuerdos con Vox será obligado a cambiar de opinión. Un aviso muy relevante a pocos días de las elecciones generales.

Capitulación

El rostro de la candidata del PP y futura presidenta de Extremadura lo decía todo este viernes en el Parlamento, después de firmar su capitulación junto al líder local de Vox, Ángel Pelayo. Guardiola, que apenas podía disimular su incomodidad, admitió que llegar hasta aquí le ha resultado “doloroso” y que ha faltado a su palabra. “No es tan importante como el futuro de Extremadura”, confesó.

Feijóo, que también ha dado marcha atrás, no se da, en cambio, por aludido. “En tiempos en los que la palabra de los políticos no vale nada, yo reivindico la política de la palabra. Sin palabra no hay política”, aseguró para sorpresa de propios y extraños en un acto en Madrid en una semana en la que él mismo no sólo ha virado su criterio sobre Extremadura sino que ha pasado de pretender acabar con la reforma laboral del Gobierno aunque tuviese que romper el consenso entre sindicatos y empresarios a decir que no lo hará porque es un acuerdo vigente que le parece “muy importante”.

La victoria de Vox en completa. No sólo obtiene una consejería clave para sus intereses —Gestión Forestal y Mundo Rural— y un senador de representación autonómica al que no tendría derecho por su exigua representación parlamentaria, sino que impone al PP el marco de una alianza que quiere repetir después de las elecciones generales para gobernar España. El mensaje de Santiago Abascal (votar a Vox tiene sentido y es útil porque obliga al PP a cumplir) cobra de pronto sentido ante los electores de la derecha.

Un éxito al que hay que sumar, además, un acuerdo de 60 puntos para gobernar Extremadura que apenas se distingue de los firmados en Castilla y León, Comunitat Valenciana y Balears.

Negacionismo climático

Es verdad que el documento no hace referencia a los migrantes irregulares, una de las obsesiones que Vox, hasta el punto de haber impuesto al PP en otros territorios compromisos abiertamente xenófobos. Pero sí están el resto de sus prioridades. En especial la lucha contra la Agenda 2030 y las revisión de medidas destinadas a luchar contra la crisis climática. Prueba de ello es que el PP ha aceptado eliminar “cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños”, ha apostado por recuperar “las actividades tradicionales [en el mundo rural] que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales” y ha anunciado que Extremadura solicitará “una revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar las pérdidas de producción y el sobrecoste que soportan nuestros productores”.

En la misma línea se proponen revisar “las prohibiciones y limitaciones de la Red Natura” (una red ecológica europea cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa y que, a día de hoy, es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea) y cambiar la política forestal para recuperar “las actividades tradicionales que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales”.

Acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar Extremadura

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El PP ha asumido como propia, también aquí, la política de borrado de la violencia machista que ha aceptado practicar en otras comunidades y numerosos ayuntamientos, diluyéndola en el conjunto de las violencias y negando en la práctica la especificidad reconocida expresamente en el pacto que los conservadores firmaron en 2017. El acuerdo extremeño se limita en este punto a apostar por la defensa de “los derechos de las familias” y a pronunciarse en contra de “los discursos machistas que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”. Nada más.

Guardiola, y a través de ella Feijóo, también han aceptado el llamado pin parental (dar capacidad a los padres para vetar contenidos educativos en función de sus creencias) del que Vox ha hecho siempre bandera: “Garantizaremos la neutralidad ideológica de la enseñanza (...), así como el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones”.

El pacto no olvida mencionar otras dos obsesiones de la ultraderecha: el desafío a la autoridad de la Unión Europea (“instaremos, en los organismos que correspondan, a la protección de nuestros productos frente a la competencia desleal de terceros países”) y el estrangulamiento económico de los agentes sociales cuya protección es un mandato constitucional (“reducción considerable de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos respecto de lo percibido en el año 2022”).