El juez de la segunda estafa millonaria a Almeida sigue el rastro de los 2,5 millones pagados por Madrid
Las pesquisas sobre la segunda supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante los momentos más duros de la pandemia continúan a pesar de los obstáculos. El juez que instruye el llamado caso Sinclair, en el que se investiga la compra por parte del Ayuntamiento de Madrid a una consultora de medio millón de mascarillas, ha decidido solicitar a Estados Unidos información sobre la cuenta bancaria en la que el consistorio de la capital hizo el pago por unos cubrebocas que nunca pudieron llegar a utilizarse. El movimiento se produce apenas dos meses después de que las autoridades de Reino Unido informasen a la justicia española de que no habían sido capaces de localizar en su territorio al principal investigado en la causa: el desaparecido empresario franco-israelí Philippe Solomon.
La existencia de esta segunda supuesta estafa al equipo de José Luis Martínez-Almeida se conoció a través de la investigación del caso Mascarillas, por el que están procesados el aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño. Y se centra en un contrato para la adquisición de cubrebocas que fue adjudicado el 23 de marzo de 2020 a la consultora estadounidense Sinclar&Wilde LTD por 2,5 millones de euros, un precio unitario de unos cinco euros. En la operación, además, medió una empresa española –Aifos Servicios Legales y Consultoría–, que logró entrar en contacto con el consistorio a través del concejal del PP Borja Fanjul Fernández-Pita.
Tras un primer intento infructuoso por localizar al escurridizo empresario investigado por estafa a través de las autoridades británicas, el juez Jorge Israel Bartolomé ha decidido mover ficha de nuevo, manteniendo así vivo el caso. En un auto fechado el pasado viernes, al que ha tenido acceso infoLibre, el instructor ha acordado cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos con la que, entre otras cosas, pretende seguir el rastro del dinero. En concreto, pide conocer la titularidad de la cuenta del Bank of América en la que el consistorio de la capital hizo los pagos, así como la identidad de las personas autorizadas y los movimientos de dinero que se produjeron en la misma entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.
Pero no solo eso. El juez también solicita a las autoridades americanas el bloqueo de la cuenta y, si es posible, el embargo del saldo hasta cubrir los 2,5 millones de euros que abonó el Ayuntamiento de Madrid a través de dos transferencias –1,25 millones en cuanto se adjudicó el contrato y otros 1,25 millones en el momento en el que la mercancía se encontraba ya embarcada en el avión–. "El objetivo de dicha solicitud debe ser permitir el seguimiento del rastro del dinero, la identificación de sus beneficiarios, y en su caso la posible adopción de medidas que permitan la recuperación del dinero defraudado", expone el instructor en su auto.
El escurridizo Philippe
La solicitud de asistencia judicial incluye, así mismo, una segunda petición: que se hagan las gestiones necesarias para localizar al empresario investigado por estafa y se le cite para declarar ante el juez el 21 de diciembre. "En caso de incomparecencia injustificada la orden de citación podrá convertirse en orden de detención nacional o internacional", avisa Bartolomé. No es casual que el instructor de la causa busque a Solomon en EEUU. Al fin y al cabo, la dirección de contacto que el empresario facilitó a las autoridades municipales durante la operación de compraventa de mascarillas se correspondía con un edificio ubicado en pleno barrio neoyorquino de Chinatown.
Es la segunda vez que el titular del Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid solicita ayuda a las autoridades de otro país para intentar dar con Solomon. Ya lo hizo a finales del pasado año, cuando cursó una comisión rogatoria a Reino Unido. Un paso que dio en base a los nuevos datos que la Policía Municipal de Madrid había recibido pocos meses antes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, una información que situaba en Inglaterra la residencia y el registro de la compañía del empresario franco-israelí. Sin embargo, las labores de búsqueda por parte de las autoridades británicas no dieron resultado.
La imposibilidad de localizar al empresario siempre ha sido el gran obstáculo alrededor de este caso. De hecho, la causa se llegó a archivar en su día "ante la insuficiencia de datos sobre la identidad y paradero" del consultor. Y así estuvo durante casi un año, hasta que la información facilitada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional americana dio al juez nuevos hilos de los que tirar. Además de señalar hacia Londres, las autoridades estadounidenses también trasladaron que Philippe Haim Solomon utiliza habitualmente el nombre de Philippe Victor Chain Hababou y cuenta con hasta tres pasaportes diferentes: de Israel, de Francia y de Guinea Bissau.
El pasado de este consultor está repleto de oscuros episodios. En diciembre de 1998, por ejemplo, fue detenido por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional por blanqueo de capitales y robo de cheques, siendo extraditado a Francia. Hoy, tres décadas después, es un tipo bien posicionado. En alguna fotografía aparece, por ejemplo, junto al actual presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalo. Buenas conexiones de las que también hace gala Sinclair&Wilde. Hace solo unos meses, antes de introducir cambios en su página web, la compañía decía tener una "red inigualable" de "socios" que incluía a "jefes de Estado" y "altos responsables en la toma de decisiones". Entre los clientes de los que presumía: Chad, Sudáfrica, Guinea-Bisáu, Congo, Ghana, Qatar o Indonesia.
"Nunca pagué comisiones y ahí comenzó el problema"
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Desde que se reabrió el procedimiento, el juez ha practicado diferentes diligencias de investigación. Así, por ejemplo, ha recopilado todas las comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid relacionadas con la operación de compraventa que se encuentra bajo la lupa. En el sumario, constan los mensajes de teléfono que la entonces responsable de compras del consistorio, Elena Collado, intercambió con Solomon durante casi cuatro meses, una larga conversación en la que se refleja desde la alegría de las autoridades locales por la recepción de las mascarillas a la preocupación tras sentirse engañados. "Cuando vengas a Madrid nos vamos a comer a la plaza mayor. O a algún sitio bonito que te pueda enseñar", le llega a escribir Collado al empresario.
El juez también ha tomado declaración a Araceli Vida, la abogada y economista detrás de Aifos Servicios Legales y Consultoría, una firma que, según la documentación que consta en el sumario, acompañó al consistorio en el proceso de compraventa. Durante su comparecencia, según fuentes jurídicas presentes en la misma, se identificó como "mera transmisora de documentación", aseguró no haber cobrado comisión alguna y señaló que Sinclair&Wilde le "mereció confianza" por ser una empresa "posicionada en el comercio internacional". Además, explicó que "todos los correos electrónicos de su cuenta" se habían borrado "accidentalmente".
Semanas antes de la reapertura del caso, infoLibre consiguió localizar al consultor y hablar con él. Solomon defendió la legalidad de la transacción. "Si existía algún problema, entonces las mascarillas no hubieran podido entrar en España y yo habría recibido una queja oficial sobre su calidad", apuntó a este diario, al tiempo que aseguró que alrededor de la operación hubo "muchos intermediarios implicados". "Nunca pagué comisiones y creo que ahí empezó el problema", sostuvo, al tiempo que resaltó que nadie del consistorio de la capital le había enviado una "carta oficial" con una reclamación concreta por unas mascarillas que resultaron inservibles. Según se desprende de las pesquisas, no reunían los requisitos técnicos ni de la normativa española ni de la europea.
