Qué podemos aprender del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia en una Europa otra vez en guerra
“El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) es el mayor éxito de la historia de la justicia internacional", afirma de entrada Jean-Daniel Ruch, actual embajador suizo en Turquía que pasó cuatro años como asesor diplomático de Carla Del Ponte, fiscal general del TPIY de 1999 a 2007. "Investigó los principales crímenes cometidos por todas las partes durante los conflictos de los Balcanes en los años 90, y acusó a los autores, aunque no todos fueran condenados: nunca antes un tribunal había llegado tan lejos".
Con la guerra de nuevo en Europa desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, y la Corte Penal Internacional (CPI) emitiendo una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin en marzo de 2023, ¿qué podemos aprender del TPIY?
El TPIY fue creado por la Resolución 857 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada por todos sus miembros, incluida Rusia, el 25 de mayo de 1993. Los combates asolaban Bosnia-Herzegovina y, en aquel momento, algunos lo consideraron una expresión de la "mala conciencia" de la comunidad internacional, que se proponía juzgar una violencia que era incapaz de detener. Sin embargo, la fundación del TPIY (seguida 18 meses más tarde por la del Tribunal Penal Internacional para Ruanda) marcó un paso decisivo hacia la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), que vio la luz en 2002.
Sin embargo, los mandatos de estos dos tribunales especiales estaban limitados en el tiempo y en el espacio. La jurisdicción del TPIY se extendía a las "violaciones de las leyes y costumbres de la guerra" cometidas durante la guerra en Bosnia-Herzegovina (1992-1995), durante el conflicto en Croacia (1991-1995) y después en Kosovo (1998-1999). ¿Quién debía ser juzgado? A los autores de "graves violaciones del derecho internacional humanitario", pero desde luego no a todos los ejecutores. Inmediatamente apareció la problemática cuestión del "perímetro" de las posibles acusaciones.
Las primeras acusaciones formuladas por el fiscal sudafricano Richard Goldstone apenas apuntaban a figuras de alto nivel pero la canadiense Louise Harbour, que le sucedió de 1996 a 1999, llevó a la Sala de Acusación del TPIY en una dirección muy política. Acusó a altos cargos serbios de Croacia y Bosnia-Herzegovina, así como a Slobodan Milošević, entonces Presidente de Serbia, que se convirtió en el primer Jefe de Estado en ejercicio en comparecer ante un tribunal internacional. La fiscal suiza Carla Del Ponte continuó en la misma línea, ampliando sus investigaciones a todos los crímenes cometidos, para evitar la acusación de parcialidad antiserbia.
Absoluciones
Jean-Daniel Ruch reconoce, no obstante, dos fallos principales. El primero se refiere a la ausencia de justicia por los crímenes cometidos contra la población serbia de Krajina durante la reconquista de la región por los croatas a principios de agosto de 1995. Durante la "Operación Tormenta", al menos 200.000 serbios fueron expulsados de sus tierras y se cometieron numerosos atropellos.
Los generales croatas Ante Gotovina y Mladen Markać –el primero perteneció a la Legión Extranjera francesa y se benefició de la protección encubierta de Francia mientras estaba huido– fueron condenados a duras penas de prisión en primera instancia, pero fueron absueltos en apelación en otoño de 2012, sin que se hayan presentado nuevos hechos que expliquen este cambio de opinión de los jueces.
Los demás principales sospechosos también fueron absueltos, como Ivan Čermak, o no pudieron ser juzgados, como el general Janko Bobetko, inculpado en 2002 y fallecido al año siguiente, antes de ser trasladado a La Haya. Carla Del Ponte también confirma que había abierto una investigación contra el presidente croata Franjo Tuđman, que se interrumpió al morir el 10 de diciembre de 1999.
En el caso de los generales Gotovina y Markać, el Tribunal había sostenido en primera instancia que el fuego de artillería que cayera a más de 200 metros de un objetivo militar era "ilegítimo". Esta "regla" de los 200 metros fue refutada en apelación, sin ser sustituida por otra. El carácter técnico del debate oculta de hecho la intervención directa del Presidente del Tribunal, el juez estadounidense Theodor Meron, para evitar un precedente jurídico que hubiera podido aplicarse a las tropas americanas o israelíes, en particular en los combates urbanos de Gaza o durante el levantamiento de Faluya en Irak en 2004.
La muerte del detenido Milošević
Otra absolución problemática, en apelación, fue la del ex jefe del Estado Mayor serbio, general Momčilo Perišić, en febrero de 2013: en su caso, no se mantuvo la noción de responsabilidad del mando, lo que hace dudar de la capacidad del TPIY para juzgar a altos oficiales pero no a los ejecutores directos de los crímenes.
El segundo fracaso que reconoce Jean-Daniel Ruch fue el del juicio de los crímenes atribuidos al Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), que hizo necesaria la creación de salas especializadas, una jurisdicción híbrida puesta en marcha tras el cierre del TPIY.
Slobodan Milošević murió en una celda de la prisión de Scheveningen, en La Haya (Países Bajos), el 11 de marzo de 2006, antes del veredicto de su juicio, que debía dictarse tras cuatro años de proceso. El ex presidente serbio, que padecía hipertensión arterial, había tomado deliberadamente medicamentos para agravar su estado, con la esperanza de ser puesto en libertad condicional para recibir tratamiento en Rusia. Graves fallos en la prisión habían permitido la introducción de esos medicamentos, sin que el preso estuviera debidamente vigilado.
La ex fiscal Del Ponte también lamenta haber sido bloqueada en la investigación que abrió contra la OTAN por el atentado contra un tren de pasajeros en el puente de Grdelica, en Serbia, el 12 de abril de 1999, cuyo número exacto de víctimas aún no se conoce. Carla Del Ponte explica que se le cerraron en las narices todas las puertas, y que la OTAN se negó a entregar documentación alguna. Sin embargo, el piloto había recibido la orden de disparar, a pesar de que era evidente que el convoy estaba formado por civiles. "Emitimos un comunicado denunciando esta presión, pensando que provocaría un gran escándalo, pero en lugar de eso los medios sólo publicaron un breve. Es como si todo se hubiera hecho para silenciarlo", añade Del Ponte.
Fue especialmente complicado conseguir detenciones, sobre todo de los peces gordos.
En total, el TPIY juzgó a 161 personas desde su primera vista, el 8 de noviembre de 1995, cinco semanas antes de la firma de los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a las guerras en Bosnia-Herzegovina y Croacia, hasta su cierre el 31 de diciembre de 2017. Durante más de una década, su principal reto fue conseguir la detención y el traslado de los acusados a la prisión internacional de Scheveningen.
El jefe militar de los serbios de Bosnia, general Ratko Mladić, fue el último fugitivo en ser encarcelado allí: acusado ya en 1995, no fue detenido hasta el 26 de mayo de 2011 en Serbia, en el pequeño pueblo de Lazarevo, al norte de Belgrado. El líder político serbio de Bosnia-Herzegovina, Radovan Karadžić, fue detenido en julio de 2008 en Belgrado, donde se ocultaba bajo la identidad del doctor David Dabić, especialista en medicina y terapias alternativas.
Los servicios secretos serbios siempre mantuvieron contacto con esos fugitivos durante sus largas huidas, a pesar de que ellos lo negaran. “Fue especialmente complicado conseguir que les arrestaran, sobre todo de los peces gordos", recuerda Carla Del Ponte. “Gotovina estaba protegido en Croacia, al igual que Mladić y Karadžić en Serbia".
La larga persecución de los acusados equivalía a menudo a interminables regateos con las autoridades de sus países de origen. A partir del año 2000, sin embargo, los Estados de la región parecían querer pasar página del nacionalismo con la perspectiva de la integración europea. Con vistas a la integración, la UE impuso a los países balcánicos una condición previa específica, la "cooperación plena y completa" con el TPIY.
Cuando los criminales se convierten en héroes
Pero apenas una década después de las guerras, las cosas seguían sin arreglarse: se produjeron enormes manifestaciones en Croacia para defender el "honor" de los generales procesados en 2002-2003, pero también lo justo de la "guerra patriótica", es decir, todos los combates que tuvieron lugar en territorio croata, excluyendo la idea de que algunos de estos episodios pudieran haber estado manchados por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.
Aunque las fuerzas nacionalistas y gran parte de la opinión pública, tanto en Croacia como en Serbia, rechazaron la idea de entregar a los acusados, la condicionalidad europea fue decisiva para que el TPIY pudiera funcionar. Pero también tuvo consecuencias terribles que nadie había previsto: todos los países vendieron a la población la idea de que la entrega de sus acusados no era para hacer justicia, sino simplemente un "precio a pagar" por ingresar en el club europeo.
Los sucesivos gobiernos, tanto en Belgrado como en Zagreb y Pristina, han financiado la defensa de "sus" acusados, e incluso se han hecho cargo de las necesidades de sus familias, alegando que eran funcionarios, civiles o militares, y que estaban acusados de actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En general, este tipo de preocupación "humanitaria" continuó después de que algunos de los acusados fueran declarados culpables y condenados. En cuanto a los que fueron liberados, tras ser absueltos o haber cumplido su condena, a menudo regresaron a sus países de origen entre los vítores reservados a los héroes o mártires.
El regreso de Dario Kordić, en junio de 2014, se convirtió así en una auténtica gira triunfal por Croacia y Herzegovina, región del sur de Bosnia donde vive una importante comunidad croata. Condenado por crímenes contra la población bosnia, este ex jefe militar de los croatas en Bosnia-Herzegovina fue condenado a 25 años de prisión en 2001. Fue puesto en libertad tras cumplir dos tercios de su condena, de acuerdo con la práctica del TPIY. En Sisak, el obispo católico no dudó en besarle la mano en público, como si una sentencia dictada en La Haya "para gloria del pueblo croata" equivaliera a una canonización inmediata.
Dario Kordić también volvió a ser noticia esta primavera con un vídeo en el que explica que no se arrepiente de los crímenes por los que fue condenado, porque "ha valido la pena". Del mismo modo, el ex oficial serbio Veselin Šljivančanin, condenado finalmente a diez años de prisión por su participación en la masacre de 260 prisioneros croatas cerca de Vukovar en otoño de 1991, da ahora conferencias para el Partido Progresista Serbio (SNS) del presidente Vučić, que fue ministro de Información de Slobodan Milošević en 1998 y 1999 y procedía de la extrema derecha.
La reconciliación ha fallado
El 11 de diciembre de 2017 tuvo lugar una sorprendente ceremonia en la plaza Ban-Jelačić, en el centro de Zagreb. Ministros, diputados de la Comunidad Democrática Croata (HDZ, el partido conservador en el poder), cientos de ex combatientes y ciudadanos de a pie participaron en un homenaje a Slobodan Praljak. Este miliciano croata de Herzegovina se había suicidado dos semanas antes tragándose una cápsula de veneno ante el tribunal mientras se anunciaba el veredicto que le condenaba a veinte años de cárcel. Los oradores hablaron del "brío" e incluso del "heroísmo" del ex comandante del Consejo de Defensa Croata (HVO), la milicia croata en Bosnia-Herzegovina, sin una sola palabra para las víctimas.
En cuanto se supo que se había suicidado, se reunieron las más altas autoridades del Estado croata. El primer ministro, Andrej Plenković, pronunció casi inmediatamente un solemne discurso a la nación, denunciando la sentencia del TPIY y afirmando que la acción de Praljak "demostraba que estaba convencido de que había actuado únicamente por el bien del pueblo croata". Así, tras haber defendido a su pueblo durante la guerra, los condenados por el TPIY fueron llamados a convertirse en una especie de "víctimas sacrificiales", aceptando "valientemente" las duras pruebas del juicio y el encarcelamiento, siempre por el bien mayor de su pueblo.
Aunque se pretendía que el TPIY permitiera a cada país enfrentarse a las oscuras páginas de su pasado reciente, y que las sentencias individualizaran los crímenes liberando a las comunidades balcánicas del aplastante peso de la responsabilidad colectiva, en aras de la imprescindible reconciliación regional, no parece que se haya logrado esa dimensión esencial de la justicia transicional. Este fracaso deja insatisfecho el deseo de justicia de las víctimas y alimenta las teorías conspirativas sobre la justicia internacional.
Falta de recursos humanos y financieros
Para remediar esta triste situación, ONG de los países balcánicos lanzaron en 2008 una iniciativa para crear una Comisión Regional de la Verdad y la Reconciliación (REKOM), basada en el modelo sudafricano, pero nunca vio la luz por falta de apoyo político de los Estados de la región. Incluso hoy en día, el nacionalismo sigue siendo un combustible político eficaz para conservar el poder. Jean-Daniel Ruch reconoce este fracaso, pero señala que el TPIY tuvo el inmenso mérito de establecer los hechos. "Una base de datos tan fácilmente accesible no existe para ningún otro conflicto. Los historiadores encontrarán en ella el material que necesitan para escribir una historia objetiva de la guerra, aunque puedan pasar varias décadas antes de que eso ocurra".
Hoy, Carla del Ponte se alegra de la inculpación del presidente ruso Vladimir Putin con la esperanza de que un tribunal independiente pueda pronunciarse sobre las tropelías cometidas en Ucrania. "Pero habrá que juzgarlas todas: las de los rusos, por supuesto, pero también las de los ucranianos. En una guerra, siempre hay crímenes por ambas partes", afirma la ex fiscal general del TPIY.
Aunque en 2017 optó por dar portazo a la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria –"que no hacía nada"–, Del Ponte lamenta más que nunca la falta de recursos humanos y financieros de la CPI. "Si observamos la situación actual, tenemos que admitir que la justicia internacional no ha avanzado nada, sino todo lo contrario: no se han juzgado crímenes ni en Siria ni en Yemen, y la ONU está más débil que nunca. Está aún muy lejos la idea de una justicia internacional independiente de las contingencias de los Estados más poderosos del mundo.”
Caja negra
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Traducción de Miguel López
