Así es el tribunal ciudadano que investigará las muertes en residencias de Madrid a partir del viernes
En las residencias de la Comunidad de Madrid murieron 9.468 personas durante la primera ola de la pandemia de coronavirus. De ellas, 7.291 mayores, el 77%, lo hicieron sin ser trasladadas a un hospital. Casi cuatro años después, la batalla de los familiares por saber qué sucedió durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 da este viernes 15 y este sábado 16 de septiembre un nuevo paso adelante. Las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia impulsaron el pasado mes de abril la creación de una comisión ciudadana para "buscar la verdad y la reparación para las víctimas", una especie de "tribunal ciudadano" presidido por el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.
"Es necesario porque no ha habido una comisión parlamentaria que haya investigado lo que ocurrió en las residencias de Madrid. Los tribunales tampoco han investigado las denuncias, fueron archivadas y consideradas de forma individual cuando tenían que hacerse de forma colectiva", explica en conversación con infoLibre María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología por la Universidad de California, una de las siete personas que conforman este tribunal.
Para esta profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal, las muertes en las residencias no se pueden "atribuir a una catástrofe como un terremoto". "Se tomaron una serie de decisiones políticas sin fundamentos científicos ni médicos", argumenta. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció el 12 de marzo la medicalización de las residencias y los días 18, 20, 24 y 25 de marzo se aprobaron las cuatro versiones del conocido como Protocolo de la Vergüenza —calificado durante meses como un simple "borrador" por parte del Ejecutivo madrileño —, que impidió la derivación hospitalaria de residentes con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo. Para Zunzunegui, sus "criterios" fueron "dejar a las personas en las residencias para evitar el colapso hospitalario".
A pesar de las cifras de fallecidos y de las mentiras alrededor de la tragedia, la pasividad política y judicial han sido dos de los obstáculos constantes a los que se han enfrentado los familiares de las víctimas. Por ello, lo "necesario" de esta comisión ciudadana que, tal y como detalló el pasado mes de abril el propio Martín Pallín a infoLibre, está inspirada en el Tribunal Russell, un tribunal de opinión internacional e independiente que se creó en 1966 para investigar la intervención de EEUU en Vietnam. El objetivo es reproducir "más o menos" un juicio en un proceso que en España nunca se ha llevado a cabo.
Con el objetivo de evitar interferencias electorales por la cita con las urnas de los pasados 28 de mayo y 23 de julio, esta comisión ciudadana arranca este viernes 15 con las comparecencias de residentes, familiares y trabajadores. El sábado 16 será el turno de expertos, médicos, periodistas y autoridades con responsabilidades políticas en 2020. "La comisión lo que pretende es unir los testimonios de familiares, supervivientes y trabajadoras con la evidencia científica", sostiene Zunzunegui.
La lista de comparecientes, en realidad, podría haber sido mucho más larga. "Hemos citado a las autoridades políticas y a miembros de la Consejería de Sanidad, también a varias de Salud Pública, a 25 geriatras de enlace…", detalla Zunzunegui que reconoce que "no hemos tenido respuesta de nadie, no han respondido ni para decirnos que venían ni que no". "Esto no es política ni de izquierdas ni de derechas, es saber lo que ocurrió para evitar que vuelva a suceder", puntualiza esta experta.
"No es solo buscar responsabilidades políticas, sino no volver a repetir lo que sucedió"
Entre los que sí que han confirmado su asistencia se encuentra Alberto Reyero, exconsejero de Política Sociales. "Voy a contar lo mismo que he contado hasta ahora. Voy a reafirmarme", explica a infoLibre al tiempo que apunta que siente "una cierta lástima" que estas acciones las lleve a cabo la sociedad civil y no una comisión parlamentaria o los tribunales: "No es solo buscar responsabilidades políticas, sino no volver a repetir lo que sucedió".
El exconsejero ya ha declarado dos veces ante los tribunales en calidad de testigo. La primera vez en marzo, por tres querellas relacionadas con la muerte de tres ancianos. Y la segunda vez en junio en una de las causas judiciales en las que se investigan los protocolos de derivación de la Comunidad de Madrid en residencias durante la primera ola de la pandemia. "Estaré abierto a todas preguntas que me puedan hacer: si quieren concretar en la cuestión de los protocolos o sobre acciones específicas dentro del Gobierno", reconoce Reyero.
"Fueron decisiones perfectamente conscientes y planificadas"
Junto a Reyero, también estará el presidente de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid José Ángel Chamorro, el exalcalde de Leganés Santiago Llorente, Carmen Miquel de Amnistía Internacional, los médicos Manuel González y Francisco Pozo, y los periodistas Fernando Peinado de El País, Elena Jiménez de Cadena Ser y Manuel Rico, corresponsal en España de Investigate Europe y colaborador de infoLibre. "Me centraré en la denegación de auxilio, la administración tomó una serie de medidas que llevó a parte de esas muertes", explica.
"El Gobierno de Madrid tenía tres grandes vías para atender médicamente a los residentes enfermos: derivarlos a los hospitales, medicalizar las residencias o cuidarlos en los recursos extraordinarios disponibles por parte de la Consejería de Sanidad. No utilizó ninguna de esas tres vías", sostiene Rico. "No estamos ante decisiones improvisadas por la situación crítica que había provocado la pandemia, sino ante decisiones perfectamente conscientes y planificadas", defiende el periodista.
En esta línea también coincide Zunzunegui: "No fue solo el protocolo, empezó mucho antes. El objetivo era proteger a los hospitales". Para esta experta, lo vivido en Madrid fue "anómalo". "Por ejemplo, en Galicia la mortalidad de residentes trasladados fue cinco veces mayor que la mortalidad de los que se quedaron en las residencias ya que iban a los hospitales cuando estaban muy graves. En Madrid, derivaron a los hospitales a los que tenían mejor pronóstico", explica Zunzunegui.
Una investigación nacional, "poco probable" pero necesaria
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La Comunidad de Madrid encabeza el ranking de autonomías con mayor mortalidad en residencias que en hospitales seguida de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Navarra y Cataluña. "En cambio en otras comunidades se trabajó bien y hubo muchas menos defunciones a pesar de que la incidencia fue muy fuerte", apunta esta experta. Sin embargo, por la situación política actual, esta experta reconoce que es "poco probable" que las comunidades acepten una investigación estatal sobre "las causas de estas diferencias porque no ocurrió lo mismo en todas partes".
Y es que, aunque el resultado se plasmará en un informe que se trasladará a instituciones de la Comunidad de Madrid, nacional e internacionales, a esta comisión también les gustaría asentar las bases de una futura investigación parlamentaria o judicial. "Podremos agregar algo de lo que ya se sabe y alertar a la población de que es necesario saber lo que ocurrió, conocer la verdad, que haya justicia y que haya reparación", asegura Zunzunegui que recuerda que la prioridad es que "no vuelva a ocurrir": "Las personas que viven en estos centros son vulnerables, se encuentran al final de su vida y las residencias existen para darles bienestar en esta época".
Junto a Pallín y Zunzunegui estarán en este tribunal ciudadano Fernando Lamata, médico y experto en Gestión y Administración Sanitaria; Anna Freixas, escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba; Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y profesor de Derecho Constitucional; Cristina Monge, socióloga, politóloga y columnista de infoLibre; y Eduardo Ranz, abogado especialista en memoria histórica.
