PP y Vox destinan en Murcia una partida presupuestaria a financiar manifestaciones contra el Gobierno

“Defensa de España”. Bajo ese nombre y con una dotación inicial pero ampliable de 100.000 euros, PP y Vox han incluido en los presupuestos de la Región de Murcia para 2024 una partida destinada a financiar manifestaciones contra el Gobierno central y recursos judiciales. La afirmación que abre este texto se sustenta en el anuncio que el viernes y durante una entrevista con la televisión pública murciana realizó José Ángel Antelo, vicepresidente del Ejecutivo que preside Fernando López Miras (PP) y líder regional de Vox. Este lunes, Antelo mostró un paso más del avance de Vox como socio del PP en Murcia: en las cuentas públicas de 2024 no habrá nada, ni un euro, para medidas de apoyo al colectivo LGTBI.

La existencia de la partida se conocía desde hace tres semanas. Pero su objetivo resultaba un misterio según el propio consejero de Presidencia, Marcos Ortuño (PP), quien en rueda de prensa había declarado el 30 de noviembre su ignorancia total sobre en qué se gastaría el dinero. En la entrevista con La 7, Antelo desgranó de forma breve el triple objetivo de esos 100.000 euros que manejará desde su departamento –así lo especificó él mismo– y cuya importancia había tratado de rebajar semanas antes Ortuño al definir la partida como “simbólica”. Los fondos públicos asignados a “Defensa de España” servirán para lo que enumeró Antelo: “Todo tipo de acciones judiciales contra aquellos que atentan contra la unidad de la nación; vamos a apoyar –prosiguió– las manifestaciones pacíficas como las que siempre apoyamos (…) y vamos a hacer todas las acciones de conocimiento de nuestra historia porque no hay mejor manera de defender España que conociéndola”.

Fue en ese momento cuando el entrevistador intervino para remarcar lo que había entendido: que el dinero se usaría, entre otras cosas, “para financiar movilizaciones, para financiar recursos ante los tribunales…”. Antelo no esperó que la frase llegara al final: “Correcto”, irrumpió. "Sería eso, ¿no?", repreguntó el periodista. “Correcto”, repitió el número dos en el Gobierno de López Miras.

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¿Puede un gobierno emplear dinero público en financiar manifestaciones de protesta? ¿A qué tipo de recursos judiciales se refiere Antelo? ¿A los que la Comunidad de Murcia está facultada para presentar a través de sus Servicios Jurídicos, adscritos a la Consejería que dirige Marcos Ortuño? Este martes, infoLibre remitió dos preguntas escritas al departamento de comunicación del presidente López Miras. No hubo respuesta. Resulta así imposible saber si Murcia paga de forma distinta al resto de las comunidades los recursos judiciales de la Región –los contenciosos o los de inconstitucionalidad– contra el Gobierno central. Tampoco es factible averiguar si el Gobierno de López Miras dispone de algún dictamen jurídico que avale la legalidad de financiar con fondos públicos protestas ciudadanas contra otro Gobierno.

Dudas legales

"Los servicios jurídicos prestan asistencia a todas las consejerías. Lo que no puedes hacer si ocupas un cargo público es emplear dinero público para instrumentalmente usar a los ciudadanos para tus propios fines. No puedes financiar la lucha política contra tus rivales". Quien se expresa en tales términos es Miguel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. "Habría que ver –agrega– si existe algún tipo de responsabilidad contable por destinar recursos públicos a fines para los que no está justificado que se destinen esos recursos". El catedrático finaliza con un tercer aviso que afianza las dudas sobre los recursos judiciales anunciados por Antelo: "No se puede destinar dinero público a recursos presentados por otras entidades. El Parlamento puede recurrir la futura ley de amnistía si lo considera, pero entonces hágalo por las vías previstas".

Adelantado este lunes por el digital murciano LasNoticiasRM, el anuncio de Antelo en La 7 eleva el diapasón de un gobierno que en los últimos días ha ocupado un puesto más visible en el escenario estatal al abrir la Fiscalía diligencias contra el portavoz parlamentario de Vox en la Asamblea murciana, Rubén Martínez Alpáñez, por un supuesto delito de odio. Rostro visible en el Parlamento murciano del partido que gobierna con el PP en cinco comunidades más en los consejos insulares de Baleares, Alpáñez ha acabado investigado tras sostener que los inmigrantes que llegan a España buscan huir de su país por “problemas de legalidad y delincuencia”.  “Nuestras cifras de delincuencia –agregó el diputado– se están incrementando geométricamente; los delitos sexuales relacionados con menores de edad y, sobre todo, con inmigrantes se multiplican por más de 100”. Previamente, su jefe, José Ángel Antelo, había llegado a vincular inmigración y yihadismo. En este caso, la Fiscalía considera que puede ampararle la libertad de expresión.