La sombra de la mala gestión del PP en el ‘Prestige’ se extiende sobre Rueda a un mes del 18F
Cuando los pescadores gallegos recogían chapapote con sus manos, sin medios de ninguna clase, ante la inacción de los gobiernos de Manuel Fraga y de José María Aznar, en diciembre de 2002, Alfonso Rueda era un simple director general de Administración Local de la Xunta. Entonces no tuvo responsabilidad directa en la cadena de errores y mala gestión que transformó un accidente marítimo en una catástrofe medioambiental sin precedentes, provocando una marea negra que se extendió desde Portugal hasta Francia.
El PP ganó las siguientes elecciones gallegas, celebradas dos años y medio después, en 2005. Pero la herida abierta en la sociedad gallega fue lo suficientemente profunda como para desmotivar a una parte de los votantes conservadores y movilizar como nunca antes a los electores de izquierdas, lo que a la postre puso fin a 16 años de gobiernos de Manuel Fraga y abrió la puerta a un gobierno compartido por socialistas y nacionalistas.
El azar ha querido que ahora, a poco más de un mes de unas elecciones gallegas —están convocadas para el 18 de febrero— un carguero haya vertido algo más de 26 toneladas de microplásticos al mar, a la altura de la localidad portuguesa de Viana do Castelo, muy cerca de la frontera con Galicia. Son pequeñas bolitas blancas de tres milímetros de grosor que se utilizan como materia prima para fabricar productos plásticos y que hace semanas empezaron a aparecer en las playas sin que la Xunta se diese por aludida. Ahora que el vertido se extiende por gran parte de la costa gallega y avanza por el Cantábrico, impulsado por las corrientes, el Gobierno de Rueda se esfuerza en restarle importancia.
Es exactamente lo mismo que sucedió cuando el Prestige vomitó 77.000 toneladas de fuel frente a las costas gallegas y la Xunta —entonces con la inestimable colaboración de un gobierno central también en manos del PP— trataba de negar la evidencia. Hasta que el fuel llegó a las rías. Y fue imposible seguir ocultándolo.
Desde el 13 de diciembre
El cronograma de lo ocurrido, según la versión detallada ofrecida por la Delegación del Gobierno en Galicia, no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad de la Xunta. El Gobierno de Rueda fue informado de la llegada masiva de microplásticos el 13 de diciembre a través de una llamada al servicio de emergencias 112 de la Xunta y que a su vez se pone en contacto con Salvamento Marítimo, a su vez dependiente del Gobierno de España. Una semana después, el 20 de diciembre, este organismo comunica al ejecutivo gallego sus sospechas de que un carguero, de nombre Toconeo, puede ser el origen del vertido.
Ese mismo día, la naviera del barco confirma que el día 8 el barco había perdido, entre otros contenedores, uno cargado con sacos llenos de microplásticos. Los mismos que, para entonces, ya estaban apareciendo en diferentes playas y puntos de costa gallega.
Al día siguiente, 21 de diciembre, el Gobierno español comunica la situación a los ayuntamientos afectados y les traslada toda la información disponible, incluida la disposición del armador del barco a asumir el coste de las tareas de limpieza. Cinco días después, el 26, la Delegación del Gobierno constata la llegada de microplásticos a más playas, entre ellas las del parque natural de Corrubedo (A Coruña) e informa a sus responsables, que dependen de la Xunta.
No es hasta el día siguiente, 27 de diciembre, 19 días después del vertido y dos semanas después del primer aviso, que la Xunta decide pedir información a Protección Civil. Y demora hasta el 5 de enero la activación de la fase de emergencia mínima del Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia. Casi un mes después de que los microplásticos iniciasen su viaje hacia las costas gallegas. Ese mismo día, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, conversa con el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, para compartir información y coordinar actuaciones.
Para entonces ya había constancia de la llegada de más microplásticos. El 3 de enero en el Ayuntamiento de Muros; el 6 y 7 de enero aparecen más al norte hasta A Coruña y Oleiros, y más al sur hasta la ría de Vigo.
Conversación con Ribera
El domingo 7 de enero, la vicepresidenta Teresa Ribera llama al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para ofrecerle la ayuda del Gobierno de España en el objetivo de controlar el vertido y sacar todo el microplástico que se pueda de las playas y las rocas del litoral gallego, algo para lo que es imprescindible que la Xunta eleve la emergencia del Plan de Contingencias de la fase 1 a la 2.
Al día siguiente —este lunes—, sin embargo, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, declara que el vertido que afecta a más de una treintena de playas y a un número no determinado de acantilados es “testimonial” y que las muestras recogidas “no son tóxicas”, por lo que no es necesario, aseguró, elevar el nivel de emergencia imprescindible para contar con la ayuda de los medios del Gobierno de España. “No tenemos por qué incrementarlo, porque los técnicos y científicos no lo ven necesario”, declaró. La recogida, dice, debe hacerse de forma “controlada, consensuada, organizada y con sentidiño”. Y anuncia que la coordinación de “voluntarios” la llevarán a cabo los ayuntamientos.
¿Afectarán los microplásticos a la fauna? Se trata de un producto que “flota” y hay peces que “pueden ingerirlo y otros no". “La cantidad es muy poca", señaló Vázquez, despreciando el volumen de lo que está llegando a las costas. En realidad, el vertido fue de 26,25 toneladas de microplásticos, un material que, según expertos en medio ambiente, puede acabar siendo ingerido por y afectar gravemente a peces y aves marinas, entre otros animales.
El esfuerzo de la Xunta en restar importancia a la situación contrasta con la preocupación de los municipios afectados, de las organizaciones ecologistas y de las cofradías de pescadores.
Malestar y preocupación
El presidente de la Federación de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Vilagarcía (Pontevedra), el socialista Alberto Varela, reclama medios para luchar contra el vertido. “La Xunta ha vuelto a abandonar a los municipios en una catástrofe medioambiental diciéndonos en una carta que la limpieza de las playas es competencia municipal y lavándose las manos en una situación que no sabemos qué repercusión puede tener en el medio, en los recursos marinos de los que tanta gente vive y en el mismo Parque Nacional das Illas Atlánticas, el único que existe en Galicia”, denunció.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (PSOE), también exige a la Xunta que aporte los medios “precisos para la recogida de este material, que su ayuntamiento ya ha detectado en las playas de Orzán, As Lapas, Bens y O Portiño. “La Xunta no puede ponerse de perfil en un asunto de ámbito autonómico que es de su competencia. A día de hoy no recibimos ni una llamada ni un ofrecimiento de información o de medios para hacerle frente a este problema”, se quejó.
Las organizaciones ecologistas discrepan de la decisión de la Xunta de no elevar el nivel de riesgo y reclamar ayuda al Gobierno central. “Son la Xunta, el Estado y, en última instancia, los municipios los encargados de disponer los medios precisos para hacer frente a esta emergencia ambiental”, sostiene la asociación Adega.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, aseguró que los microplásticos permanecerán “meses o años pululando” y echó en falta la utilización de barreras de hidrocarburos para evitar su llegada a tierra. “Va a ser muy difícil erradicar los pellets porque tenemos una costa muy agreste, con muchas entradas, y con el tamaño que tienen estas bolas va a haberlas por todos lados durante mucho tiempo”, lamentó.
La Xunta acusa al Gobierno central de ser el responsable de la inacción, porque, dice, es quien debería haber activado “el protocolo para frenar la contaminación marítima”. El Ejecutivo de Pedro Sánchez replica que sus competencias se limitan al mar, donde no es posible detectar ni recoger los microplásticos vertidos, que cuando llegan a la costa se convierten en responsabilidad de la Xunta.
Alguien no dice la verdad
Las versiones de la Delegación del Gobierno de España y de la Xunta no coinciden. Los primeros sostienen que la Xunta sabía lo que pasaba desde el 13 de diciembre y que recibió nueva información el 20 y el 26 de diciembre. Pero Alfonso Rueda, al que el estallido de esta crisis pilló en Madrid, en plena precampaña electoral, dice otra cosa. “La primera comunicación oficial que tenemos es del 3 de enero“, aseguró antes de subrayar que el Gobierno central no les ha facilitado ninguna información sobre el vertido.
La memoria del Prestige, la catástrofe ocurrida hace 21 años, sigue muy presente en la sociedad gallega y, por extensión, en sus políticos. Especialmente ahora, en plena precampaña electoral. Así que el debate sobre la gestión de la Xunta inmediatamente se ha contaminado de ese recuerdo.
El propio Rueda lo sacó a colación en un coloquio en Madrid. “La oposición está descaradamente en campaña”, reprochó, pero “la gente al final tampoco es tonta”. PSOE, BNG y Sumar, acusó, están intentando usar el vertido para “intentar sacar rédito político” comparándolo “con situaciones que no tienen nada que ver. Estamos viendo auténticos disparates de comparaciones”, se quejó.
Sin mencionarlo, el presidente de la Xunta hacía referencia así al Prestige, cuya gestión criticó él mismo hace un año, en el 20º aniversario de la catástrofe: “Se cometieron errores” en la gestión por parte de la Xunta, encabezada entonces por el líder del PP Manuel Fraga. “De lo que se hiciera mal en aquella época aprendimos todos”, manifestó Rueda entonces.
Errores repetidos
Algunos de aquellos errores se estudian desde hace una década en las facultades de Comunicación como un ejemplo de manual de mala gestión de crisis. Errores que convirtieron un accidente marítimo en una catástrofe medioambiental. Entre ellos destacan la decisión de alejar el barco de la costa exponiéndolo a condiciones marítimas más adversas, lo que eventualmente llevó a que se partiera en dos y se hundiera, liberando aún más petróleo en el mar.
Las autoridades no estaban suficientemente preparadas para un desastre de esta magnitud. La respuesta inicial fue lenta y careció de los recursos y la coordinación necesarios para mitigar el impacto del derrame. Inicialmente, se subestimó tanto la gravedad del daño al Prestige como la cantidad de petróleo que podría derramarse. Esto llevó a una respuesta inicial insuficiente.
Hubo además una falta absoluta de transparencia y comunicación efectiva con el público y los medios de comunicación, sometidos a un apagón informativo por parte de la Xunta. Se registraron fallos en la coordinación entre las autoridades locales, regionales, nacionales e internacionales. Y las operaciones de limpieza y contención se vieron obstaculizadas por la falta de equipamiento adecuado. Esto retrasó la limpieza y aumentó el impacto ambiental.
La oposición no ha dudado en reconocer algunos de esos errores en la actuación de la Xunta de estos días, en particular la inacción durante semanas o la decisión de quitar importancia al problema. La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia por esta formación, Ana Pontón, recriminó al PP y a Rueda que “en lugar de ofrecer soluciones, esté repitiendo la marea de mentiras, manipulación e incompetencia” que ya utilizó su partido en la catástrofe del Prestige. El candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, advirtió a su vez que “no va a permitir que tire de manual del Prestige para “mentir” sobre “la marea” de microplásticos que “invade ya” el litoral.
La Fiscalía de Medioambiente investiga el vertido de pellets en las costas gallegas
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El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció a su vez que su formación estudia denunciar a la Xunta por "inacción" tras el vertido. Y su candidata Marta Lois, pidió la dimisión del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, por la gestión del problema El PP, denunció, repite "errores de falta de coordinación y de dar cuentas" ante un vertido del que "está por ver" el alcance.
El PP, a su vez, ha salido en tromba a defender a Rueda y a responsabilizar al Gobierno central. Para empezar, ha pedido que den explicaciones en el Congreso hasta tres ministros (la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente).
La controversia política en torno a este asunto coincide además con la publicación de las primeras encuestas sobre las elecciones gallegas, que señalan la existencia gen estos momentos de un clima favorable para que el PP repita mayoría absoluta. Las cifras, no obstante, son lo suficientemente ajustadas (se habla de una proporción abultada de indecisos) como para mantener viva la esperanza de la izquierda de un vuelvo en la comunidad natal de Alberto Núñez Feijóo.
