Los grandes ayuntamientos no vigilaron el uso que los partidos hicieron de casi seis millones de euros públicos
La lupa del Tribunal de Cuentas deja al descubierto la ausencia de control en los grandes ayuntamientos sobre el uso del dinero público por parte de los partidos políticos. Sólo en 2022, según un informe del organismo publicado con carácter previo al parón navideño, la mayoría de consistorios de las capitales de provincia no exigieron a los diferentes grupos municipales una rendición de cuentas ni llevaron a cabo actuaciones de vigilancia alrededor de la asignación que perciben anualmente de los presupuestos locales para financiar exclusivamente su funcionamiento ordinario. En total, casi seis millones de euros sobre los que no hubo fiscalización de ningún tipo. Una falta de control que la institución cree necesario corregir.
La financiación pública de los grupos políticos locales, que no forman parte de la estructura de los partidos sino que se incardinan en la de la propia entidad municipal, procede de las dotaciones económicas que les asignan las propias corporaciones. La misma se determina en base a un componente fijo, que es idéntico para todos los grupos, y otro variable, que depende del número de miembros de cada uno de ellos. En Madrid, por ejemplo, se asigna anualmente a cada uno 36.545 euros. Y otros 6.122 euros por cada concejal que lo integre. Sólo en el medio centenar de capitales de provincia, los ayuntamientos dedicaron en 2022 a esta dotación económica 12,92 millones de euros, una cifra similar a la registrada en años anteriores.
No son asignaciones que puedan administrarse de forma libre y discrecional, sino que es un dinero que se otorga para sufragar los gastos de funcionamiento del grupo municipal. El ejemplo más claro sería la compra de material de oficina o informático. Ahora bien, la normativa estatal –Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local– no especifica qué tipos de desembolsos guardarían relación con ese desempeño, algo que sí han ido perfilando por su cuenta algunos ayuntamientos. No obstante, sí que establece dos prohibiciones: los fondos no pueden destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación ni a la adquisición de bienes que puedan constituir "activos fijos de carácter patrimonial".
El problema es que la mayoría de los grandes ayuntamientos no controlan el uso que las formaciones políticas hacen de esos fondos públicos. Así se desprende del último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre estas dotaciones económicas. El documento, hecho público a finales de diciembre y que analiza las actuaciones en esta materia por parte de los ayuntamientos de municipios capitales de provincia, refleja que veintisiete de los principales consistorios de nuestro país "no exigieron" en 2022 a los grupos municipales "rendición de sus cuentas" ni tampoco "llevaron a cabo actuaciones de control por parte de la intervención". En total, 5,82 millones de euros que se escaparon de cualquier tipo de fiscalización.
El organismo fiscalizador pone nombre a todos esos consistorios: A Coruña, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Bilbao, Cáceres, Cádiz, Castelló de la Plana, Ciudad Real, San Sebastián, Granada, Huelva, Jaén, Lleida, Logroño, Lugo, Ourense, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Vitoria y Zamora. Y advierte: "Dicha ausencia de rendición y control implica un riesgo de que las dotaciones asignadas a los grupos, como fondos destinados a financiar su funcionamiento, puedan no haberse aplicado de manera efectiva a esta finalidad. El riesgo se incrementa en el caso de aquellos grupos que no forman parte de la nueva corporación surgida tras las elecciones locales de 2023, al no exigírseles la justificación de las dotaciones asignadas".
La inmensa mayoría de estos consistorios –23 de ellos– no sacaron la lupa porque, sencillamente, no estaban forzados legalmente a hacerlo. La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local sólo obliga en su artículo 73 a los grupos a entregar la contabilidad específica de esta dotación cuando así lo acuerde el Pleno del ayuntamiento, regla que se repite en muchas de las normativas internas de estas entidades locales. No obstante, recuerda el organismo fiscalizador, hay otras cuatro ciudades en cuyos reglamentos municipales sí que se prevén actuaciones de control sobre este tipo de cuentas que, sin embargo, "no se llevaron a cabo en el ejercicio fiscalizado". Es el caso de Ávila, Logroño, Ourense y Teruel, que incumplieron su propia regulación.
Solo en tres el control es "fuerte"
En otros 22 ayuntamientos de capitales de provincia, por el contrario, sí que se llevó a cabo una fiscalización, y eso que en algunos de ellos su normativa interna ni siquiera tiene previsto expresamente el control financiero de estas dotaciones económicas. Ahora bien, el Tribunal de Cuentas considera que solo en tres de estos consistorios –Guadalajara, Huesca y Pamplona– la vigilancia fue "fuerte", mientras que en 14 fue "moderada" y en 5 "débil". Dentro de este último nivel se encuentran Barcelona y Madrid. La primera es, seguida por Málaga, la capital de provincia que más repartió en 2022 entre los grupos municipales: 2,47 millones de euros. Una cifra que se quedó en 567.764 euros en el caso de la ciudad que gobierna José Luis Martínez-Almeida.
Con todos estos elementos sobre la mesa, el organismo fiscalizador recomienda a los ayuntamientos que, en aras de una "adecuada y efectiva rendición de cuentas", prevean en su normativa interna que los grupos "rindan sistemáticamente sus cuentas al Pleno municipal, sin necesidad de que este lo pida" y que las mismas se sometan "al control financiero por parte de la intervención, sin limitaciones a su ejercicio". También, que se establezca "la exigencia" de que los mismos estén "al corriente de pago de sus obligaciones por reintegro de dotaciones no aplicadas o no adecuadamente justificadas" antes de abonarles la asignación que les corresponda para aquellos gastos vinculados a su funcionamiento.
El informe también aborda las aportaciones de los grupos a los partidos políticos. En este sentido, recomienda a aquellos ayuntamientos cuya normativa interna permita ese desvío de fondos "que establezcan limitaciones en la cuantía de las mismas" y "exijan su justificación" mediante "los correspondientes convenios que disciplinen las relaciones de colaboración entre los grupos y las formaciones políticas" y los "justificantes acreditativos de los gastos incurridos con cargo a dichas aportaciones". En la actualidad, solo la normativa interna de nueve ayuntamientos –Barcelona, Córdoba, Cuenca, Huelva, Málaga, Palencia, Pamplona, Pontevedra y Salamanca– permite expresamente estas aportaciones a los partidos, algo que en Almería o Valladolid, sin embargo, está prohibido.
Pero las recomendaciones del Tribunal de Cuentas van más allá del nivel municipal. Así, el organismo fiscalizador pide al Gobierno central que ejerza su "iniciativa legislativa" para que en la normativa básica sobre el régimen local se establezca un mayor "nivel de detalle" sobre las dotaciones económicas a los grupos políticos. Por ejemplo, en relación con los "gastos considerados admisibles" –incluyendo, por supuesto, lo relativo a las aportaciones a los partidos–, la "contabilidad específica de las dotaciones", las "obligaciones formales de gestión económica-financiera de los grupos" o "los procedimientos de rendición de cuentas y de control".
