Pocos inspectores y pocas denuncias: qué está fallando en la ley de la cadena alimentaria
La Ley de la Cadena Alimentaria de 2013 fue reformada en 2021, en lo que fue considerado un logro histórico del sector agrario. Se introdujo entonces la condición de que todos los actores que participan en la producción y la venta de alimentos tendrían garantizado un beneficio por su trabajo, es decir, se prohibió la venta a pérdidas. Sin embargo, durante las tractoradas de esta semana el sector ha señalado que muchas explotaciones no son rentables y no se paga lo suficiente por sus alimentos. Pedro Sánchez se comprometió este jueves a fortalecer la ley para que se cumpla.
El objetivo de la reforma de 2021 fue proteger a los eslabones más débiles de la cadena alimentaria, los productores, que a menudo tienen un poder de negociación escaso frente a los supermercados. La oferta de agricultores es muy grande y la demanda está concentrada en grandes comercializadoras —españolas y extranjeras— por lo que el poder de negociación del sector primario es prácticamente nulo. De ahí que hiciese falta esta norma para asegurar que al menos se cubren los costes de producción y se garantiza un beneficio para el campo.
Sin embargo, en sus dos años de rodaje todavía no ha logrado garantizar la protección al sector primario. Las inspecciones de oficio en busca de incumplimientos son muy limitadas y demostrar que una empresa está comprando a su proveedor por debajo de coste es extremadamente complejo. De hecho, en 2023 solo se impusieron 17 sanciones firmes por venta desleal de productos, según la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un órgano dependiente del Ministerio de Agricultura. En total, esta agencia impuso 161 sanciones el año pasado, la gran mayoría por retrasos en los pagos.
Uno de los inconvenientes para garantizar que se paga un precio justo al campo es que el coste de producción de los alimentos frescos cambia constantemente, y la cantidad pactada cuando se formaliza el contrato entre el productor y el comercio puede quedarse corta si durante la campaña se encarece el combustible o la cosecha es peor de lo esperado. Así lo define Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC: "Si firmas un contrato con un supermercado alemán para enviarle cinco camiones a la semana, no vas a dejar de mandar los tomates porque una semana no te compense, y en el campo hay semanas buenas y semanas malas", explica. El problema es todavía mayor si se tiene en cuenta que muchos contratos de venta se hacen a través de cooperativas, y cada uno de los agricultores o ganaderos que participa tiene sus propios costes de producción, unos más altos y otros más bajos, por los que puede que algunos vayan a pérdidas y otros no.
La ley tiene otras complicaciones. Las competencias están repartidas entre las comunidades autónomas y la AICA, y cada administración tiene sus inspectores para estudiar las denuncias o iniciar las investigaciones de oficio, pero el sector agro critica que no hay suficientes funcionarios. Desde que un agricultor o una asociación agraria denuncia que le están pagando por debajo de coste, pasa como mínimo un año hasta que se multa al infractor. El sector más afectado por el incumplimiento de la Ley de la Cadena son las frutas y hortalizas, y la gran mayoría de las sanciones son contra empresas de comercio mayoristas.
También es cierto que el número de denuncias es muy bajo: en 2022 la AICA apenas recibió 178 denuncias en toda España, de las que 112 acabaron en sanción. Sobre el total de denuncias, menos de una decena fueron por venta a pérdidas. La principal razón es que muy pocos profesionales están dispuestos a señalar a sus propios clientes, pese a que el sistema garantiza el anonimato, y prefieren vender por debajo de coste a no vender nada, y que su socio compre las verduras o la leche a la competencia. Otro motivo es que los precios de muchos alimentos en origen están ahora en máximos por la inflación, como ocurre con el aceite de oliva, y es difícil justificar que en este momento la venta es a pérdidas.
Las sanciones son otro tema de debate. Empresas que facturan millones de euros, como grandes bodegas o fruteras, tienen multas ínfimas que no invitan a cumplir la ley. La sanción más alta del año pasado por comprar por debajo de coste fue de 3.001 euros, literalmente la multa mínima fijada por la legislación, que debe ser superior a 3.000 euros para sanciones graves, e inferior a 100.000 euros. Andoni García, responsable de Cadena Alimentaria de la organización agraria COAG, critica además que los agricultores y ganaderos que denuncian no reciben una compensación, aunque se confirme que han vendido a pérdidas, porque la sanción solo contempla multas, no la reparación del daño.
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El Ministerio de Agricultura es el responsable de la Ley de la Cadena, y la AICA el brazo encargado de que se cumpla, pero las comunidades autónomas juegan un papel imprescindible. Si en una investigación las dos empresas, víctima y acusado, están dentro de una comunidad, es la consejería autonómica la encargada de estudiar el caso e imponer la multa, pero en general las comunidades van mucho más retrasadas que el Gobierno. Una persona del sector, que prefiere no dar su nombre, señala un punto importante: "Las comunidades están empezando, pero tienen un gran problema político. Imagina a Murcia investigando a García Carrón o Cataluña a Borges".
Pese a que la ley tiene imperfecciones, todos los protagonistas del sector agrario reconocen que va en la buena dirección y es pionera en la Unión Europea. Javier Alejandre, técnico de UPA, cree que sobre todo le falta rodaje a la ley porque aspira a transformar un sistema liderado por los supermercados. "La gran superficie fijaba un precio de venta, y a partir de ahí la cadena hacia abajo iba restando sus costes hasta que llegaba a nosotros. La ley invierte el funcionamiento para que el precio se fije desde abajo", opina.
Otra petición que hace el sector es que el Observatorio de la Cadena Alimentaria, dependiente del ministerio, empiece a publicar los estudios de la cadena de valor, que son su principal cometido. Estos informes dan una idea de cuántos costes tiene cada eslabón de la cadena para que el resto sepa aproximadamente a cuánto puede comprar y vender, pero en los últimos tres años solo ha publicado dos estudios, uno sobre el aceite de oliva y uno de la leche, cuando debería hacerlo con todos los principales alimentos.
