Zaplana pide mandar 'Erial' a la Audiencia Nacional y el tribunal se opone: "El delito principal ocurre en Valencia"

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo, según informa Europa Press. Este jueves es el primer día del juicio por el caso Erial, en el que se investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

En su intervención, el abogado de Zaplana -acusado para el que el ministerio fiscal pide 19 años de prisión- ha pedido que se envíe la causa de Erial a la Audiencia Nacional por cuestión de competencia ya que entiende que los presuntos hechos delictivos se cometieron básicamente en el extranjero. De no mandarse la causa a Madrid se podría incurrir en la nulidad del juicio, ha advertido, y ha puesto como ejemplo una resolución de una de las piezas del conocido como caso Emarsa sobre la que la Audiencia mandó a Madrid al haberse cometido el delito en Andorra. El letrado se ha respaldado en más jurisprudencia de casos como Petronor y ha recordado que la Audiencia Nacional se ocupa de supuestos casos de corrupción como Gürtel, muy vinculados a la Comunitat, o Púnica y el caso Koldo.

El letrado detalla los delitos que el fiscal atribuye a su representado -cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad- e intenta situar dónde se han cometido. Respecto al de cohecho, afirma que tiene lugar en el extranjero ya que el propio ministerio público asegura en su escrito que una vez que las sociedades investigadas obtenían sus beneficios, se transferían a Luxemburgo. "El delito de cohecho se ha consumado en Luxemburgo y lo dice el fiscal apoyado en multitud de atestados de la Guardia Civil", ha afirmado.

En relación con el delito de blanqueo, el letrado ha indicado que "en Valencia no ha aparecido ni un duro del supuesto blanqueo. De haberlo, se comete en Luxemburgo, fuera del territorio nacional y la competencia para investigarlo y enjuiciarlo sería la Audiencia Nacional", ha insistido.

Además, sobre los delitos de grupo criminal y prevaricación, el abogado ha indicado: "Lo único que tendríamos en Valencia sería la prevaricación suponiendo que supiéramos cuál es puesto que no sabemos todavía cuál fue la resolución injusta que dictó Zaplana".

Frente a esta petición, el fiscal se ha opuesto y ha defendido que la causa debe seguir en Valencia porque "debe primar la territorialidad donde se ha producido el delito". "Los hechos se cometieron aquí, los relacionados con el cohecho. Se paga porque se han predeterminado conciertos y adjudicaciones de carácter público y se pagan en Valencia con independencia de dónde se traslade el Valencia", ha dicho.

Y ha añadido: "El cohecho se produjo con el simple acuerdo y desde Valencia se transfirieron los fondos a Luxemburgo. Pero aquí es donde se conciertan para la adjudicación de una serie de contrataciones públicas", ha repetido. Además, ha advertido de que parte del dinero se retorna a España a través de ampliaciones de capitales y de la creación de sociedades. Sobre el resto de delitos, el ministerio público ha señalado que no se pueden ir disgregando: "Son delitos conexos en una única causa".

El tribunal, tras escuchar a las partes, ha decidido no aceptar la petición de mandar la causa a la Audiencia Nacional porque el delito principal, el cohecho, se cometió en Valencia y los delitos accesorios son conexos y siguen al principal.

 "Deseando que empiece"

A su llegada, Zaplana ha indicado a los medios de comunicación que estaba "deseando" que empezara la vista -al igual que han manifestado otros acusados-. El expresident ha acudido a los juzgados sobre las 9:45 horas acompañado de su abogado, cuyo estado de salud obligó hace algo más de un mes a suspender por segunda vez el juicio contra Zaplana y otros 14 acusados -la primera vez fue por enfermedad del fiscal-.

Tras fijarse un nuevo calendario, la vista ha arrancado a las 10 horas de este jueves en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia -sesiones desde la Tirant- con las cuestiones previas, que se prolongarán un día más, el viernes.

Zaplana, para quien el fiscal pide 19 años de prisión, declarará el 9 de abril. Al día siguiente, 10 de abril, será el turno de Joaquín Miguel Barceló, presunto testaferro de Zaplana, y el 11, el de Francisco Grau, presuntamente encargado de gestionar los fondos defraudados.

El 16 declararán el exjefe de Gabinete del exministro, Juan Francisco García; le exsecretaria del expresidente Mitsouko Flerida Henríquez; los hermanos Vicente y José Cotino; y el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas. El 17 y el 18 las del resto. A partir del 19 será el momento de los testigos propuestos por Fiscalía y el 26 por las defensas.

Las declaraciones de los peritos no serán hasta el 15 y 16 de mayo. No obstante, el tribunal ha reservado sala para 13 días en junio y todo el mes de julio en días por concretar. En total, más de 40 sesiones de vista.

19 años de prisión

En este procedimiento Eduardo Zaplana, que siempre ha negado los hechos, se enfrenta a una pena, tal y como le reclama provisionalmente Fiscalía Anticorrupción, de 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

El fiscal anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización. Un grupo acusado de operar a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico, según consta en la calificación de la acusación pública.

De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusa, junto con Zaplana, a otras 14 personas más, vinculadas directamente al expresidente y que le ayudaron en la operativa.

De ellos, reclama la mayor pena de prisión, tras el exministro, al que fuera su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, para el que pide 14 años de cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad, la misma condena que solicita para los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de los planes eólico y las ITV tras el proceso cuestionado. En la causa estuvo también investigado hasta su fallecimiento Juan Cotino, exconseller y expresidente de las Cortes Valencianas, sobrino de los anteriores.

Según señala el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones de las empresas de las ITV y Parques Eólicos reportó a la empresa de los Cotino, en las distintas sociedades controladas por los hermanos, más de 86,5 millones de euros, "lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por las adjudicaciones".

"Financiero"

Junto con Zaplana, el fiscal sostiene que otras tres personas formaban el núcleo duro de la organización criminal: Francisco Grau, a quien considera el "financiero" de la organización y encargado de gestionar los fondos y Joaquín Miguel Barceló, el testaferro, que aparecía "al exterior" en las sociedades mercantiles y titulaba el dinero que acabó distribuido en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra (donde se localizaron 9,8 millones de euros).

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Para ambos reclama ocho años de prisión y 20 millones de euros de multa por organización criminal y blanqueo, al igual que para la exsecretaria del expresident, Mitsouko Henríquez.

Además de estos acusados, figuran los hermanos Elvira y Saturnino Suances, -ella exdiputada del PP-, como los administradores y encargados de recuperar el dinero de Andorra y para los que pide cinco años de prisión y multa de ocho millones de euros; el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, con intervención en la adjudicación de ese plan eólico, y para quien reclama seis años de cárcel, y una serie de empresarios y amigos que "colaboraron" para ocultar la procedencia delictiva del dinero y auxiliaron a Zaplana para el aprovechamiento del dinero retornado a España para su uso personal.

Entre estos últimos se encontrarían Francisco Pérez López; Ángel Salas; Robert Edgar Bataouche; Pedro Romero y Carlos Gutiérrez, que se enfrentan a siete años de cárcel el primero y a cinco años de cárcel el resto.