España, a la cola de Europa en aprobar solicitudes de asilo: 191.095 personas tienen su futuro en el aire

En un escenario internacional marcado por las guerras en Gaza y Ucrania acaparando titulares pero también con conflictos enquistados en Afganistán o Sudán y la creciente inestabilidad en Senegal y los países del Sahel en el que 120 millones de personas en el mundo se han visto obligadas a abandonar su hogar, España se sitúo en 2023 como el tercer país de la UE con más solicitudes de asilo pero en última posición en el reconocimiento de protección, según destaca la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su informe anual sobre las personas refugiadas en España y Europa presentado este lunes [consulta aquí el documento íntegro].

En total, en Europa, llegaron 292.985 personas de manera irregular, lo que supone un incremento del 54,5% en el número de llegadas con respecto al año anterior y el mayor número registrado desde el 2016. En España, por su parte, experimentó en 2023 un aumento "sin precedentes" en las solicitudes de protección internacional.

En una tendencia creciente iniciada en el año 2012 y que solo se interrumpió por los efectos de la pandemia, alcanzó el "récord histórico" de 163.220, un 37,2% más que el año anterior. A esta cifra hay que añadirle 33.928 nuevas concesiones de protección temporal a personas desplazadas de Ucrania durante los últimos doce meses. Así, ocupa un tercer puesto dentro de los países de la UE, solo por detrás de Alemania con 351.510 y Francia con 166.880

Este aumento significativo se produce a pesar de los graves problemas en el acceso al procedimiento de asilo. Aunque se tramitaron más expedientes que en años anteriores, lo cierto es que la tasa de reconocimiento de protección internacional se redujo cuatro puntos y media con respecto al 2022: del 16,5% se pasó al 12% en 2023. Esta cifra coloca a España a la cola del vagón europeo y también lejos de la media de los países de la UE, situada en el 42%. Esto se traduce en que en la actualidad, según CEAR, existan en España unas 191.095 personas tienen su solicitud pendiente de resolución y que, por tanto, esperan una decisión de la que dependen sus vidas, un 56% más respecto al año anterior.

Por nacionalidades, siete de las diez principales se corresponden con países de América Latina. Venezuela (60.534), Colombia (53.564) y Perú (14.308) son los tres principales países de origen, con casi el 80 % del total de solicitudes. Por perfiles, se observó un aumento del número de solicitudes presentadas por mujeres, y también de menores, que representaron el 19% del total de peticiones de asilo en 2023.

Las causas: de la escasez de citas previas a la situación de "hacinamiento" en Barajas

Este descenso en la protección internacional se debió, principalmente, a la reducción de las concesiones de protección subsidiaria pero también a "graves" problemas en el acceso al procedimiento de asilo. "En lugar de habilitar vías legales y seguras, las autoridades españolas siguen recurriendo a imponer más obstáculos, como los visados de tránsito a personas que pueden ser merecedoras de recibir protección internacional”, explica Mónica López, directora general de CEAR. 

Por un lado, la "escasez" y la "imprevisibilidad" de las citas previas para solicitar asilo alimentaron "un mercado irregular de compraventa de citas, invisibilizando las necesidades de protección y provocando la indefensión de miles de personas durante un periodo de hasta nueve meses".

Y, por otro, la situación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Desde el verano de 2023, se ha producido un aumento exponencial del número de solicitudes de asilo, principalmente de personas procedentes de Kenia y Somalia, generando situaciones de sobreocupación en las instalaciones y retrasos de hasta 30 días para la formalización de las peticiones. Por ejemplo, en diciembre de 2023, había 250 personas en condiciones "inaceptables e indignas de hacinamiento e insalubridad" que vulneran normativas europeas.

CEAR también pone el foco en las dificultades que siguen existiendo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que persisten las dificultades en el acceso a la información y a la asistencia necesaria. Y, además, se reportaron casos de polizones que llegaron a España en "condiciones extremas" y persisten "incertidumbres sobre la aplicación del protocolo de polizonaje y la asistencia legal en estos casos".

Situación en Canarias

CEAR también destaca en su informe anual la situación de la frontera sur. Durante el 2023, aumentó considerablemente en el número de llegadas de migrantes, especialmente por vía marítima. Del total de las 56.852 llegadas registradas en España, el 70%, 39.910, se concentró en la ruta del Atlántico hacia las islas Canarias. Esto supuso un aumento del 155% en comparación con el año anterior. Una situación de emergencia humanitaria sin precedentes que no se veía en Canarias desde la llamada crisis de los cayucos del 2006 y que tuvo su pico en octubre.

Las salidas se concentraron principalmente desde Senegal y también desde Gambia, con El Hierro y Tenerife como destinos principales. También aumentaron las llegadas desde Nador, en Marruecos, mientras que se redujeron desde Argelia, hacia destinos andaluces como Almería y Granada. En Murcia y en las islas Baleares también se mantuvieron el ritmo en las llegadas, mientras que en Cádiz se observó una disminución del 50% en las llegadas en comparación con el año anterior. En Ceuta y Melilla, por su parte, hubo un ligero descenso en las llegadas por vía marítima, mientras que las llegadas por vía terrestre disminuyeron significativamente.

Por nacionalidad, el 32% procedían de Senegal, el 25% de Marruecos y, con menor peso, el 12% de Argelia, el 11% de Malí y el 8% de Gambia. Desde CEAR destacan la presencia de cada vez más mujeres y menores, para lo que "el sistema de protección de las islas no está preparado". Aunque los motivos para desplazarse con la ruta en la frontera sur responden a un "fenómeno multicausal con un motor común: la falta de protección de los derechos humanos" en un escenario en el que la situación de inestabilidad política y socioeconómica son también factores comunes.

Norte Joven, la ONG que da una "segunda oportunidad" a migrantes en España

Ver más

Según CEAR, la respuesta estatal frente a esta crisis humanitaria se vio limitada por "la falta de presupuesto y coordinación". No obstante, la ONG destaca que se activaron medidas "extraordinarias" como la declaración de emergencia y la apertura de nuevas plazas de acogida en la península. "En un primer momento sirvieron para descongestionar la situación, pero España debe contar con una estructura estable de acogida, tanto en las islas como en la Península, que dé respuesta a las, cada vez más frecuentes, situaciones de grandes llegadas", reclama Mónica López, directora general de CEAR. Además, persistieron problemas como "la identificación de personas fallecidas en el mar y la búsqueda de familiares desaparecidos".

Preocupación por Gaza y por el pacto migratorio

CEAR también destaca en su informa la situación en la invasión de la Franja Gaza en la que "se están traspasando todas las líneas rojas del derecho internacional". Hasta la fecha, más de 1,7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, siendo la mayoría de ellas ya refugiadas anteriormente. "La población palestina de Gaza, forzada a concentrarse en improvisados campos en una zona limitada junto a la frontera con Egipto, teme una expulsión definitiva que se sume al largo proceso de desposesión y falta de acceso a derechos dentro y fuera de la Palestina histórica", detalla el informe que recuerda que ha sido privada de "sus derechos más básicos, incluidos el derecho al retorno, a la autodeterminación y a la condición de Estado".

Sobre la reciente luz verde al pacto europeo sobre migración y asilo, CEAR destaca que se trata de un acuerdo que "refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras". Por ello, esta ONG hace un llamamiento para exigir que se implemente de forma "garantista" con el objetivo de "minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección".