El volantazo de Feijóo sobre migración pone más difícil el reparto de menores que PP y CC exigen en Canarias

"El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas y desplegar embarcaciones que impidan que los cayucos que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país". La frase podría ser una más en la hemeroteca del líder de Vox, Santiago Abascal, que en más de una ocasión ha solicitado la intervención del Ejército español para "frenar" la "invasión" de personas procedentes de África y países árabes. Sin embargo, no ha sido Abascal sino Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del PP, el autor de la frase en declaraciones a Antena 3. Horas más tarde, y pese a que ningún otro portavoz de su formación hacía suyas esas palabras y el propio Alberto Núñez Feijóo callaba ante las preguntas de la prensa, Tellado insistía en la misma idea desde los pasillos del Congreso pidiendo al Ejecutivo destinar todos los "recursos", incluidos los de la Armada, para evitar la llegada de pateras.

La propuesta, que forma parte del tradicional arsenal de la ultraderecha, ya fue despachada por el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Teodoro López Calderón, en 2020. "Si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral... es rescatarlos. Y eso es lo que se haría”, explicó el ahora jefe de Estado Mayor de la Defensa. La ministra del ramo, Margarita Robles, también ha contestado este jueves al PP, al que le ha pedido una rectificación, y "un mínimo de responsabilidad y respeto" con la labor de las Fuerzas Armadas.

Tellado da así un paso más en la estrategia del PP de criminalización de la migración, una de las banderas de Vox. El miércoles Feijóo puso el foco en el supuesto efecto llamada de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez —aunque no concretó a qué políticas se refería— y aseguró que la inmigración "está descontrolada", solo un día después de afirmar bajo los micrófonos de Onda Cero que "en las calles españolas están deambulando inmigrantes que el Gobierno mete en aviones y que después por la noche o a la hora que llegue el avión, los deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español".

Para el Gobierno las declaraciones del principal partido de la oposición evidencian su "incomodidad" con el debate sobre el reparto de menores migrantes, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Canarias acordaron llevar a cabo el pasado mes de abril para que el Estado obligue por ley al reparto entre comunidades, que actualmente es voluntario. El plan beneficiaría sobre todo a Canarias, Ceuta y Melilla —una comunidad y dos ciudades autónomas en las que gobierna el PP—, al ser los territorios que más migrantes reciben, pero es rechazado por otras comunidades autónomas del PP, como Andalucía, Madrid o La Rioja, que se niegan a asumir la acogida de grandes cupos de menores.

Hay algunos presidentes autonómicos del PP que ya anticipan, en privado, que no habrá acuerdo entre las comunidades para aceptar la distribución de los menores. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es una de las que lidera ese bloque: "El Gobierno utiliza la inmigración como señuelo para decir que son los que tienen las esencias de la progresía y son las mejores personas", aseguró esta semana. "Estamos hablando de un tema muy delicado socialmente, no se pueden lanzar cifras a la opinión pública", la acompañó el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. Por su parte, la Junta de Andalucía advirtió de sus centros están colapsados, porque desde noviembre han recibido a 454 menores "camuflados" e insisten en que están al 115% de su capacidad.

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Desde el Gobierno lamentan que Feijóo no haga caso a sus propios líderes autonómicos y que estos no "impongan" su criterio a Génova. Fuentes gubernamentales creen que el hecho de compartir gobiernos con la ultraderecha en cinco autonomías condiciona mucho a la dirección del PP, que ha subido el tono después de que el propio líder del PP asegurara el pasado viernes que las comunidades gobernadas por su formación iban a ser "solidarias": "Encadenar a la bestia cuesta mucho", reflexionan desde el Ejecutivo de Sánchez. Así, reconocen que el giro ultra del PP complica el pacto pero no pierden la esperanza de que los conservadores apoyen la reforma, que calculan llegará al Congreso a través de una proposición de ley a finales de mes.

Por su parte, el PP asegura que en ningún momento ha cerrado la puerta al diálogo con el Gobierno pero sí reconoce las dificultades para poner de acuerdo a todos sus presidentes autonómicos. La principal queja de los conservadores es que no tienen los "medios" ni los "recursos" para atender a los migrantes en sus respectivos territorios, una reclamación que el Gobierno asegura que será atendida. "Nosotros hemos dicho que ponemos dinero, no hemos dicho ni cuánto ni cómo", subrayaban desde el Ejecutivo este jueves, abriendo la puerta a negociaciones en ese sentido.

Según el borrador del acuerdo adelantado por El País, el traslado se realizaría en base a criterios como la renta, la dispersión de la población, el desempleo o el número de menores ya acogidos cada vez que Canarias, Ceuta o Melilla superen el 150% de la capacidad de sus plazas. Un reparto que se regiría por un sistema de puntos que, con los datos en mano, implicaría que las autonomías que tendrían que desplegar más nuevas plazas serían La Rioja, con 285, seguida de Cataluña (191), Madrid (187) y Andalucía (186).

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En estos últimos años, el PP y Vox llevan años firmando acuerdos en comunidades autónomas comprometiéndose a implementar políticas migratorias que incluyen desde favorecer su expulsión hasta dar prioridad a los católicos sobre los musulmanes. Juanma Moreno consiguió su primera investidura en 2018 gracias a un pacto con Vox. La extrema derecha exigió entonces que la Junta colaborase con la policía en la identificación de personas en situación irregular. “La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la policía”, recogía el documento puesto sobre la mesa del PP por la formación de Santiago Abascal.

Pero la extrema derecha no solo jugó con esta idea en suelo andaluz. También lo hizo en Madrid. Tras los comicios autonómicos de 2019, Vox puso sobre la mesa de Isabel Díaz Ayuso un documento de condiciones para pactar. En él, establecía una serie de "principios". Y diferentes propuestas. Alguna, en línea con lo planteado en Andalucía: "Colaborar, desde todos los organismos de la Comunidad de Madrid, incluidos los pertenecientes al ámbito de la sanidad, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal, con especial atención a la identificación de los menas –expresión utilizada para referirse a los menores no acompañados–". Al final, el acuerdo de Gobierno para la Comunidad de Madrid que suscribieron PP y Ciudadanos, incluyó un punto relativo a la colaboración en materia de inmigración.

Tras las últimas autonómicas, ya con Feijóo al frente del PP, ambas formaciones pactaron aprobar un plan de choque que incluya una "colaboración documental" de las instituciones autonómicas con las Fuerzas de Seguridad para identificar a estas personas y poder proceder a su "repatriación". En Aragón, el PP también aceptó, a petición de Vox, “la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento” para acceder a subvenciones y ayudas del Gobierno de Aragón”. En el caso de la Generalitat Valenciana, la decisión del PP supuso asumir también un compromiso para denunciar ante “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas”, entre las que la ultraderecha incluye a las ONG de rescate y auxilio de migrantes y asfixiarlas económicamente: “Eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas".