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La condena a Google en EEUU abre la vía para poner fin a la impunidad de las grandes tecnológicas

Fotografía de archivo del logo de Google en una pared en la Belgrave House de Londres (Reino Unido).

Martine Orange (Mediapart)

¿Se acabó la complacencia de las autoridades americanas hacia las grandes tecnológicas? El 5 de agosto, tras más de cuatro años de proceso, Google ha sido declarado culpable de violar las leyes antitrust por su posición en los motores de búsqueda. "Google es un monopolio y ha actuado para mantener ese monopolio", dictaminó el juez federal Amit Mehta, del Tribunal del Distrito de Columbia.

La empresa recibió la sentencia con una ironía chirriante. "La decisión reconoce que Google ofrece el mejor motor de búsqueda, pero concluye que no se nos debe permitir hacerlo más accesible", respondió Kent Walker, presidente de Alphabet, la empresa matriz de Google. Sin esperar a más, el gigante digital ya ha anunciado su intención de recurrir la condena.

Pero la sentencia ya ha desatado una tormenta en Silicon Valley. Desde ese día, todos los líderes del mundo digital, profesionales del derecho de la competencia y demás tratan de calibrar el significado de esta sentencia. Todos reconocen que algo está cambiando, pero son incapaces de evaluar el alcance del cambio.

La última vez que los tribunales americanos se enfrentaron a un gigante digital fue contra Microsoft. Obligaron al grupo a separar su sistema operativo Windows de su aplicación de correo electrónico por defecto y a crear una empresa independiente. Eso fue hace veinticuatro años.

Desde entonces, no ha pasado nada. Los sucesivos gobiernos, republicanos y demócratas por igual, han visto prosperar a los gigantes digitales, incluso les han animado a ampliar su alcance global, y se han felicitado por su acumulación histórica de beneficios, ahora mayores que el PIB de muchos países de todo el mundo.

Nada los ha detenido. La Comisión Europea ha intentado frenar su influencia mediante normas y sanciones. En ocasiones, esto se ha traducido en multas de miles de millones de euros, sin que estos grupos vieran la necesidad de cambiar su comportamiento. Washington, ansioso por afirmar su dominio mundial en este sector de futuro, los ha protegido.

Un monopolio mundial

Si hay un ámbito en el que este dominio es evidente, es el del motor de búsqueda Google. Posee por sí solo el 90% del mercado de los motores de búsqueda en Estados Unidos. Ningún competidor puede igualarlo. Bing, el motor de búsqueda de Microsoft, sólo llega al 10% de la cuota de mercado, a pesar de las colosales inversiones realizadas por el grupo para apoyarlo.

Es decir, Google es ahora el motor de búsqueda número uno del mundo. En prácticamente todos los idiomas, se ha acuñado el término googlear para reflejar nuestros nuevos hábitos cotidianos, en los que nos precipitamos hacia este motor de búsqueda a la menor pregunta para obtener una respuesta inmediata.

Cada día se envían miles de millones de consultas a Google en todo el mundo. Se recopilan, agregan y analizan miles de millones de datos y se convierten en dinero contante y sonante a través de una publicidad cada vez más selectiva, la indexación, el análisis del comportamiento e incluso el análisis político, todo ello comprado a precio de oro por diversos actores. La incorporación de tecnologías de inteligencia artificial aumenta aún más la capacidad de análisis y almacenamiento de datos.

Sofocar toda competencia

Este poder está vinculado a los formidables esfuerzos de investigación y desarrollo del grupo y a sus continuas inversiones tecnológicas para mejorar sus algoritmos, reforzar sus capacidades técnicas, incorporar cada vez más datos y acelerar aún más los tiempos de respuesta y su pertinencia.

Pero el dominio de Google no se limita a la innegable superioridad tecnológica del grupo. Desde la década de 2000, el gigante digital ha aplicado una política constante y decidida para asegurar y mantener su monopolio, impidiendo la aparición de cualquier competencia en estas actividades en las que las barreras de entrada, tanto de capital como humanas, son considerablemente altas.

En su sentencia de casi 300 páginas, el juez federal Amit Mehta detalla minuciosamente todas las prácticas anticompetencia ideadas por el grupo para bloquear el sistema con el fin de garantizar el monopolio de su motor de búsqueda.

Cada año, Apple recibe dinero de Google para que su motor de búsqueda esté instalado por defecto en los Mac y los iPhone

No se ha pasado por alto ninguna pista. Tras crear su propio navegador, Chrome, Google desarrolló el sistema Android para convertirse en el motor de búsqueda por defecto de los teléfonos inteligentes. Ha desarrollado sus propias herramientas de medición y análisis para controlar los datos publicitarios.

Con el fin de disuadir a cualquier gran competidor de lanzar su propio motor de búsqueda, ha preferido firmar acuerdos con ellos y pagarles. Cada año, Apple recibe dinero de Google para que su motor de búsqueda predeterminado esté instalado en los Mac e iPhone a través de su navegador Safari. En 2022, la suma ascendió a 20.000 millones de dólares. ¡20.000 millones por no hacer nada!

Se han firmado acuerdos comparables con operadores, proveedores de acceso y empresas digitales como Verizon, Motorola y Mozilla (Firefox). Las sumas distan mucho de ser comparables. Pero representan ingresos sustanciales para cada una de ellas.

¿El resultado? "En 2014, Google registró casi 47.000 millones en ingresos publicitarios. En 2021, esa cifra se había más que triplicado hasta alcanzar los 147.000 millones. A modo de comparación, Bing ingresó menos de 12.000 millones de dólares ese mismo año", señala la sentencia.

El regreso de las medidas antitrust

Durante años, los gigantes digitales han llevado a cabo intensas campañas de presión ante todos los actores políticos, administraciones federales y autoridades de todo tipo para explicar que las leyes antimonopolio americanas no les son aplicables. Esas viejas leyes que se remontan a la Sherman Act de 1890 –que permitieron despedazar a la Standard Oil y contener a los gigantes del tabaco y la industria farmacéutica, entre otros– pueden ser buenas para la vieja economía, pero no para la digital. Según ellos, las nuevas tecnologías están cambiando todas las cartas del sistema económico.

Para convencer a los detractores restantes, han añadido argumentos que supuestamente dan en el clavo. Intentar limitar el poder de los gigantes digitales o simplemente regular sus actividades sólo podría conducir a una quiebra de la innovación y de sus futuras investigaciones, y debilitarlos. Frente a ellos, añaden, están los competidores feroces, liderados por grupos chinos, que no se rigen por ninguna norma, y que se mantienen expectantes.

Además, ¿cómo se les puede acusar de la más mínima infracción de la competencia? Los servicios de Google son gratuitos para los internautas por lo que no hay perjuicio posible para el mercado.

Mientras que el derecho de la competencia se ha ido reduciendo a lo largo de los años al único criterio del precio, este argumento de la gratuidad de los servicios ha sido durante mucho tiempo el principal obstáculo a cualquier intervención de las autoridades americanas. La decisión del juez federal pone fin a esta deriva, apoyándose en particular en la Ley Sherman, un texto supuestamente inaplicable.

"Limitar la competencia": el poder de Google

En primer lugar, se remonta al principio de libre acceso. Es cierto que los servicios prestados por el motor de búsqueda de Google son gratuitos, pero es una gratuidad ficticia. A cambio, los usuarios dejan tras de sí una ingente cantidad de datos, que el grupo rápidamente analiza y luego monetiza. "Sus acciones nos enseñan el mundo [...]. Si un documento obtiene una reacción positiva, consideramos que es bueno. Si la reacción es negativa, probablemente sea malo. En pocas palabras, de ahí viene la magia de Google", explicó a los jueces un antiguo empleado de la corporación.

Además, todos estos datos dan a Google un poder de mercado sin precedentes con sus clientes finales. Todo cuenta, incluido el pedido de referencias para minoristas, fabricantes y otros. Basta con ver la batalla que libran los medios de comunicación para aparecer los primeros en una página al darse cuenta de lo que está en juego.

Los anunciantes, por su parte, se encuentran a merced de las decisiones de Google y están obligados a aceptar los aumentos de precios exigidos por el grupo, sin tener el menor margen de negociación. No tienen elección, no se puede ignorar a Google.

Haciendo caso omiso de todos los argumentos esgrimidos por la defensa, el juez lo reiteró en su decisión: "La consideración importante para determinar si existe un monopolio no es el hecho de que los precios suban y la competencia quede efectivamente excluida, sino la existencia del poder de subir los precios o limitar la competencia cuando se desee". Sobre esta base se condenó en principio a Google. Está previsto que se celebre otro juicio para determinar las penas.

Los políticos despiertan

Sin duda, una sentencia así no habría sido posible sin el apoyo implícito y explícito de las autoridades americanas, pero también de los políticos de todos los bandos, frente a los gigantes digitales. La demanda contra Google fue iniciada por el Estado de Colorado, bajo la administración Trump. Se han presentado también otras contra Meta y Facebook.

Cada vez más políticos y observadores están preocupados por el poder desmesurado que han adquirido los gigantes digitales, imponiendo sus puntos de vista, moldeando la sociedad, sus opiniones, su comportamiento e incluso su imaginación, a través de sus tecnologías y algoritmos sin ningún control democrático, y ahora desafiando abiertamente el poder del Estado.

Las recientes batallas sobre OpenAI y la toma de poder accionarial por parte de todas las start-up que trabajan en inteligencia artificial están reforzando la idea entre muchos líderes políticos y judiciales de la necesidad de endurecer las normas y romper el poder de estos gigantes digitales antes de que sea demasiado tarde. La postura política adoptada por Elon Musk, propietario de la red social X, que ha movilizado a la extrema derecha de todo el mundo, es un anticipo de los peligros que amenazan.

Al Partido Demócrata le preocupa y pide una regulación financiera y digital más estricta, un mayor control de las criptomonedas y un marco para el poder de la tecnología digital. Donald Trump, hostil por naturaleza a toda regulación, aboga por el laissez-faire total. Como resultado, se ha ganado el apoyo de muchos líderes de Silicon Valley que son libertarios acérrimos y que antes le habían ignorado. Esta batalla en torno a los gigantes digitales será también uno de los temas en juego en las elecciones presidenciales americanas de noviembre.

A qué podría ser condenada Google

Aunque una primera sentencia declaró a Google culpable de violar en principio las leyes antitrust americanas, está previsto que se celebre otro juicio para determinar su condena. Se barajan varias penas de diversa gravedad.

· Se podría prohibir a Google que pague a sus rivales para que su motor de búsqueda sea el predeterminado en sus sistemas.

Es la sanción que parece más fácil de aplicar. Privados de los beneficios que obtienen sin hacer nada, los demás gigantes digitales, empezando por Apple, podrían entonces animarse a desarrollar sus propios motores de búsqueda. Pero poner fin a estas subvenciones podría poner en dificultades a algunos grupos, en particular Mozilla, que ha desarrollado el navegador Firefox y recibe más de 500 millones de dólares al año de Google, la mayor parte de sus beneficios.

· Se podría prohibir a Google recibir ingresos de las suscripciones contratadas a través de su motor de búsqueda.

También sería una sanción leve. En la actualidad, Google, al igual que Apple, recibe un porcentaje de cada suscripción contratada a través de su motor de búsqueda. Los tribunales podrían obligarle a prestar este servicio gratuitamente. Pero las repercusiones podrían ser importantes, sobre todo para las cabeceras de prensa. Muchos de ellos han firmado acuerdos financieros con el gigante digital, éste promociona sus títulos y recauda dinero y datos de sus abonados. A cambio, estos medios reciben apoyo financiero de Google, del que son cada vez más dependientes.

Además, la medida podría no aplicarse sólo a Google.

· Los tribunales podrían obligar a Google a poner sus tecnologías, datos y herramientas de búsqueda a disposición de sus competidores.

Esa medida sería muy perjudicial para el gigante digital. De un plumazo, perdería todo su poder de mercado. Los competidores, utilizando las técnicas acumuladas y los datos desarrollados por el grupo en los últimos años, podrían crear motores de búsqueda competidores, dirigidos a grupos específicos de clientes y libres de publicidad. Podría restablecerse una auténtica competencia. Google perdería gran parte de su poder financiero.

· Los tribunales imponen la disolución del grupo.

Este es el escenario más mencionado por los especialistas del sector. El grupo se dividiría en varias partes, con su motor de búsqueda por un lado, Chrome por otro y su negocio de análisis de publicidad por otro. Esas diferentes actividades tendrían prohibido crear sinergias horizontales o verticales entre sí, que es la base del poder actual de Google, lo que debilitaría considerablemente al grupo.

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Traducción de Miguel López

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