De Pelicot a La Manada o cómo la justicia "humilla" a las víctimas de violencia sexual

Gisèle Pelicot ha decidido hablar claro. Su firmeza, su tenacidad y su franqueza fuera y dentro de los tribunales ponen voz a cientos de miles de víctimas sin foco mediático. En la última sesión del juicio que se celebra en suelo francés, la experiencia de la víctima ha vuelto a proyectar las vivencias de otras tantas, cada día y en todos los rincones del mundo: la revictimización. "Me siento humillada", verbalizó la francesa. "Entiendo que las víctimas de violación no denuncien, porque tienen que pasar un examen humillante".

En España, sólo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja han dado el paso de denunciar, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer. El porcentaje se eleva al 11,1% si se tienen en cuenta también las denuncias interpuestas por otras personas o instituciones. En el caso de la violencia en pareja, la tasa de denuncia escala hasta el 21,7% –incluyendo las denuncias presentadas por terceros–, aunque la Macroencuesta incluye en este apartado otros tipos de violencia más allá de la sexual.

En Francia, la organización feminista Fondation des Femmes reclama una ley integral contra la violencia sexual que termine con la "delirante" tasa de desestimación de denuncias por violación, que en 2020 alcanzó el 94%. En el país galo, sólo el 6% de las mujeres víctimas de violencia sexual presenta una denuncia, según Amnistía Internacional.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha puesto el foco este jueves en el proceso francés: "De nuevo se cuestiona a la víctima. A una mujer que fue drogada y violada por decenas de hombres durante casi una década. Un ejemplo más de la revictimización que sufren muchas víctimas de violencia machista. Todo mi apoyo. La vergüenza tiene que cambiar de bando", ha expresado en redes sociales.

¿Es el proceso judicial un elemento disuasorio a la hora de denunciar? Cira García asiente sin ápice de duda. La magistrada del Juzgado de violencia sobre la mujer Número uno de Getafe (Madrid) señala que el camino que transitan las mujeres en los tribunales tiene un impacto determinante en las víctimas no sólo de violencia sexual, sino de violencia machista en su totalidad. "El procedimiento judicial no debería convertirse en fuente de sufrimiento", pero lo cierto es que "tal y como está diseñado el sistema judicial y el propio procedimiento, basado en una ley decimonónica, sí existe una revictimización".

Según la Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género, publicada en 2021 por el Poder Judicial, "si se les está reclamando a las víctimas que denuncien para que el sistema judicial pueda darles la debida protección", entonces "no es posible que el contacto de la víctima con la administración le suponga un nuevo frente adicional al que ya ha venido sufriendo de manos a su victimario". De ser así, añade la guía, "le causamos a la víctima una revictimización, como suele denominarse a este nuevo maltrato, producido a la víctima por el sistema institucional de justicia, incrementado una desconfianza hacia el sistema, que necesariamente debemos evitar o al menos minimizar".

Amparo Díaz, abogada especialista en violencia de género, es tajante: "En un procedimiento penal por violencia sexual o violencia machista, lo único garantizado es que la víctima va a sufrir una segunda victimización". Por eso, añade, parte del trabajo de las "abogadas especialistas en victimología consiste en hacer un ajuste de expectativas y preparar a la víctima para el maltrato que puede recibir". Un hecho, sostiene, con un coste emocional elevadísimo para las mujeres.

Herramientas y oportunidades perdidas

El simple hecho de que una víctima tenga que "declarar ante la policía, en el juzgado de instrucción y luego en el proceso de enjuiciamiento, es de por sí una revictimización", porque lo ideal es que las víctimas "declaren el menor número de veces posible", expresa García. Esa certeza, omnipresente entre las togadas feministas, no encuentra sin embargo acomodo en el sistema. Las voces consultadas coinciden en que la ley del sólo sí es sí supuso una oportunidad perdida para introducir una reforma en ese sentido. Bastaría con replicar lo que sí contempló la Ley de protección de la infancia: utilizar durante todas las etapas el testimonio prestado en fase de instrucción, la prueba preconstituida.

"Se tendría que hacer uso de la prueba preconstituida también en estos casos, no sólo respecto a los menores", expone García. O al menos, que sea de carácter voluntario para las mujeres, añade la magistrada Paz Filgueira. "La ley del sólo sí es sí fue una valiosa oportunidad para establecer la prueba preconstituida, porque las víctimas no siempre están en condiciones de volver a declarar. Hablamos de un delito muy grave y muy difícil, es necesario apoyo psicosocial desde el principio y al menos tener la oportunidad de no tener que volver a declarar", opina la jueza. 

A pesar de las críticas, las juristas sí resaltan los muchos avances que introdujo la ley integral de libertad sexual. Entre ellos, por ejemplo, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de manera que se puedan adoptar medidas para "evitar que se formulen a la víctima preguntas innecesarias relativas a la vida privada, en particular a la intimidad sexual, que no tengan relevancia para el hecho delictivo enjuiciado". Así se decidió porque ese tipo de interrogatorios han supuesto tradicionalmente "una fuente de victimización", reflexiona García. "Todavía sigue existiendo un patrón de mujer violada basado en el estereotipo y se sigue dudando de las mujeres que se apartan de él".

Humilladas y cuestionadas

"Tengo la impresión de que la culpable soy yo y que las cincuenta víctimas son quienes están detrás de mí. Desde que llegué a esta sala me siento humillada. ¿Seré cómplice?, ¿seré alcohólica? Hay que tener mucha paciencia para soportar lo que yo escucho aquí". Son palabras de Gisèle Pelicot en una de las últimas sesiones del juicio, después de que la defensa se obstinara en subrayar que los encuentros sexuales eran consentidos.

Para la víctima de La Manada de los sanfermines, "lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después". Así lo expresó a través de una carta, en la que denunciaba el proceso que tuvo que soportar durante el juicio a sus agresores, un camino marcado por la duda perpetua de sus vivencias y por el cuestionamiento de su comportamiento la noche de su agresión.

El mismo cuestionamiento lo experimentó la víctima de otra agresión grupal, esta vez en Sabadell (Barcelona). También en sede judicial, la joven encaró un interrogatorio marcado por la revictimización. Retroceder en el relato una y otra vez, explicar detalles de la violencia sufrida o responder a preguntas centradas en su conducta, fueron algunas de las fases del proceso."¿Nos puede precisar un poco más? ¿Tenía puerta la habitación, es así? ¿Intentó escapar o salir de la habitación? ¿Cuando dice 'con violencia', a qué se refiere?", lanzó el fiscal.

A la víctima de Dani Alves la defensa del futbolista la acusó de "distorsión narrativa" e incluso de tener una "conducta abiertamente sexualizada".

Y este mismo jueves, en el juicio por el crimen de Juana Canal, los letrados del presunto agresor han centrado su estrategia en desacreditar a la víctima, insistiendo una y otra vez en su supuesta adicción al alcohol y en su agresividad. La mujer fue asesinada y descuartizada hace dos décadas, presuntamente por su pareja.

Formación para construir un modelo alternativo

Cira García insiste en el impacto de este tipo de fórmulas sobre las víctimas: "Una de las consecuencias de la violencia sexual es el trauma" y ese trauma "se activa cuando se revive" la violencia sufrida. "La presunción de inocencia es importante, pero se pueden plantear preguntas para defender a la persona denunciada sin ofender a la víctima y sin coartar su respuesta", añade Amparo Díaz. "Muchas veces, vemos estilos que buscan activar el nerviosismo y el malestar de la víctima, quien a su vez es posible que no sea capaz de contarlo todo". Y frente a ello, lamenta la abogada, no existe "ni legislación ni una praxis judicial contundente". Si bien hay jueces que "protegen más a las víctimas en los interrogatorios, otros dejan pasar" este tipo de actitudes. 

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Ahí se detiene también Paz Filgueira: "El juez tiene que moderar lo que se pregunta". Para la magistrada, lo verdaderamente interesante es "el relato libre" de la víctima, porque "cuanto más libre, más estructurado va a ser". A su juicio, lo que no se debe es "presionar a la víctima, ni formular preguntas que estén fuera de lugar". 

Y por eso es clave la formación, insisten las expertas. "Hay una falta de formación en los operadores jurídicos", una falla que se expresa en "interrogatorios victimizadores y preguntas sesgadas que parten de una presunción de mentira", sostiene García. Por eso es importante que la perspectiva de género llegue a todos los rincones: "Tú puedes instruir y tener perspectiva feminista, pero luego el tribunal de enjuiciamiento puede seguir victimizando".

La formación, añade Díaz, es la única fórmula capaz de compensar la deficiencias intrínsecas a un sistema judicial "creado para mantener un status quo de desigualdad: ricos sobre pobres y hombres sobre mujeres". Ahora, agrega la jueza, hay quien comienza a poner las bases para "introducir la igualdad, el respeto y la protección de las víctimas", pero todavía está lejos "la creación de un modelo alternativo". Por esa razón, zanja, "el apoyo psicológico y el acompañamiento son clave" para aminorar el daño, "hacer justicia y recuperar la dignidad arrebatada", pero también porque la denuncia es una herramienta para proteger a futuras víctimas.