Familiares abren la vía civil para lograr la primera condena a una residencia por muertes en el covid
La pesadilla comenzó el 8 de marzo de 2020. Aquel domingo, la residencia de DomusVi en Alcoi cerró sus puertas con el objetivo de que se convirtieran en un dique de contención de un virus del que entonces se conocía poco más que su especial agresividad con las personas mayores. A partir de ahí, en cambio, todo fue "angustia, dolor, impotencia y rabia". 73 residentes y una usuaria del centro de día fallecieron en apenas tres meses. DomusVi, la gestora del centro, no dio explicaciones y los familiares de los ancianos no tardaron en apuntarla como responsable. Llevaban años denunciando carencias que nunca eran resueltas y que tuvieron mucho que ver, entendían, con la tragedia. Ahora, más de cuatro años después, han conseguido llevar a la empresa ante los tribunales.
"Es muy duro. Estamos escuchando cosas que confirman lo que sospechábamos", señala el presidente de la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVi de Alcoi y Cocentaina (Afadomus), José Luis García, en conversación con infoLibre apenas una hora después de salir del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 del municipio alicantino. "Sobrecoge, pero querer saber pasa inevitablemente por escuchar este tipo de cosas. Ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar", continúa. Este lunes ha sido la primera sesión, pero el proceso se extenderá hasta el próximo 11 de octubre. El tribunal tendrá que decidir si DomusVi y la empresa aseguradora del centro, Mapfre, son responsables civiles de las 74 muertes que se produjeron en el centro durante lo peor de la crisis sanitaria. Los 46 familiares demandantes piden una indemnización de dos millones de euros.
La cifra de fallecidos es escalofriante, pero es peor si se pone en contexto. El centro tiene 140 plazas residenciales —de las cuales una parte están concertadas con la Generalitat valenciana— y otras 19 de centro de día. Es decir, espacio para 159 personas, de las cuales fallecieron 74. Es un 46,5%. Y no fue una excepción. Sólo entre marzo y abril de 2020, los centros gestionados por DomusVi acumularon 1.096 muertes, más que ningún otro grupo. Parte de ellas tuvieron que ver con la propia enfermedad, otra con las decisiones administrativas que, como en Madrid y Cataluña, impidieron las derivaciones a los hospitales, pero otra parte sí que es atribuible al modelo de negocio. Y el de DomusVi es el paradigma del que resultó más mortífero.
Aun así, el de Alcoi es el primer procedimiento que ha sentado a la empresa, controlada por un fondo de inversión británico, en un juzgado. Es más, es esta la primera ocasión en la que un grupo de geriátricos tendrá que responder ante un juez por su supuesta responsabilidad en los fallecimientos durante la pandemia. Hasta ahora casi todos los casos han sido archivados. Y un gran número, además, sin haber escuchado a los familiares, sobre todo en Madrid, la Comunidad que registró una mayor mortalidad en sus centros de mayores durante la pandemia.
Lo denunció el informe presentado el pasado mes de marzo por la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la región, una especie de tribunal ciudadano presidido por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que es claro: el camino iniciado por las víctimas de DomusVi Alcoi puede ser la manera de conseguir una sentencia contra los geriátricos por las muertes durante el covid-19. Lo argumenta echando mano del Código Civil, que en su artículo 1.902 señala lo siguiente: "El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado". Es lo que se llama responsabilidad extracontractual y lo que, precisamente, solicita la defensa de las víctimas alicantinas en su demanda, presentada en 2021. "El caso de Alcoi me parece muy interesante, porque yo creo que esta es la vía adecuada", señala a este periódico.
Los propios abogados de la organización de familiares de DomusVi Alcoi señalaron que el penal era un camino "muy difícil", principalmente, por las circunstancias en las que habían concurrido los hechos: una pandemia mundial. "Nos explicaron que esa fórmula podía implicar años de litigio y que la vía civil es más corta y nos da, igualmente, una sentencia, que al final es lo que queremos", explica García.
Eduardo Ranz, también miembro de la Comisión de la Verdad, y Andrés Ollero, abogado de la plataforma madrileña Pladigmare, también aplauden la fórmula. "Optar por la responsabilidad civil es una vía que hay que explorar", señalan ambos juristas. El único obstáculo que puede presentarse en estos casos es el plazo de prescripción que, señala Martín Pallín, es de cinco años. Y será en unos meses cuando se cumpla el quinto aniversario de la crisis sanitaria.
Un problema 'prepandémico'
Familiares llevan a los tribunales a DomusVi tras la muerte por covid de la mitad de los mayores en una residencia
Ver más
"Ahora hemos podido confirmar que no había recursos. Los trabajadores del centro estuvieron haciendo frente a una pandemia con mascarillas de pintor, teniendo contacto con residentes y sin poder aislarlos, sin información de ningún tipo. Está saliendo a la luz todo lo que nos temíamos", lamenta García. Cuando el centro echó el cierre los familiares tenían ya un mal augurio porque sabían dónde se quedaban sus mayores. Entre 2018 y 2019 se produjeron tres brotes de gastroenteritis, unos hechos que provocaron que un grupo de familiares denunciara ante las administraciones local y autonómica "la degradación del servicio en las residencias gestionadas por DomusVi en Alcoi y Cocentaina". Entonces ya dijeron que la principal causa del problema, aunque no la única, era "la falta de recursos humanos y el incumplimiento de unas ratios suficientes". Pero no sirvió.
"Nada de lo que denunciamos sirvió para corregir una realidad asistencial basada en el máximo beneficio económico en el menor tiempo posible", lamentaron en un documento de "balance" de la tragedia elaborado por ellos mismos y entregado a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de la localidad. En él expusieron además que "en un número importante" de los informes clínicos de algunos de los usuarios derivados al hospital aparece "la palabra 'desnutrición", y en muchos otros casos hubo mayores que sufrieron un importante "deterioro cognitivo" e incluso "ulceraciones" porque aquellos ancianos con mayor grado de dependencia no eran cambiados de postura "con la asiduidad necesaria".
"Nuestros mayores no fueron atendidos como merecían y se vulneraron y seguramente se siguen vulnerando sus derechos como personas", lamentaron en el documento. El próximo 11 de octubre se harán públicas las conclusiones y se subrayarán, o no, estas declaraciones. "Espero que al emitir sentencia el juez tenga la visión más amplia posible", termina García.
