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"2.200 millones de personas no tienen acceso a agua": desigualdad y transición verde, a debate en infoLibre

  • La mesa redonda, organizada en colaboración con Acciona, ha reunido a José Gabriel Martín, Leire Pajín, Félix Peinado, Patrizia Laplana y Alberto Guijarro
  • El debate ha analizado las desigualdades ecológicas en el marco de una transición justa hacia una economía descarbonizada

¿Cómo está afectando el cambio climático al acceso universal a la energía y al agua? Para responder a esa pregunta, infoLibre ha organizado este viernes un foro, titulado El acceso universal a la electricidad y el agua como pilar de la transición justa, en el que diversos expertos han debatido sobre las desigualdades ecológicas en el marco de una transición justa hacia una economía descarbonizada.

Durante 90 minutos, José Gabriel Martín, director gerente de la Fundación Acciona.org, Leire Pajín, presidenta de Red Española para el Desarrollo Sostenible, Félix Peinado, de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, Patrizia Laplana, fundadora y CEO de Asla Green Solutions y miembro de la junta directiva de Women Action Sustainability, y Alberto Guijarro, especialista en agua y saneamiento de ONGAWA, han aportado sus soluciones en una mesa redonda moderada por la directora general de infoLibre, Marta Gesto. La cita, que ha tenido lugar en Taller de Ideas, sede audiovisual del periódico, y ha estado coorganizada por la Fundación Acciona.org, puede volver a verse íntegra en nuestro canal de YouTube.

El diagnóstico es duro: estamos lejos de alcanzar la transición justa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, pero tampoco hay que ser absolutamente pesimistas. La solución, coincidieron todos los expertos, es trabajar. La base de la que partimos, en cualquier caso, no es sencilla. Las desigualdades mundiales de ingresos y riqueza se relacionan con las desigualdades ecológicas: el 10% más rico es responsable de casi el 50% de las emisiones, mientras que el 50% más pobre produce sólo el 12% del total. De hecho, este 50% más pobre ya está prácticamente en las metas climáticas para 2030.

Por eso, según Martín, no se trata de no dejar a nadie atrás, sino de ayudar a los que todavía no han arrancado. "Hay 675 millones de personas que no tienen acceso a energía eléctrica y 2.200 millones sin acceso a agua potable. Son ellos los que pueden dar un salto tecnológico y evitar la transición que hemos hecho estos años", explicó, aunque apuntó que eso exige muchas dosis de "innovación".

¿Y de dónde debería partir? Según dijo Laplana, para conseguirla es necesario el apoyo de instituciones internacionales y que la financiación "llegue a donde tiene que llega". "Hay que agilizar los procesos", criticó. Porque faltan siete años para llegar a 2030 y "estamos muy lejos de alcanzar las metas, especialmente en el ámbito del agua", lamentó Guijarro.

"A las organizaciones sociales se nos ve muy críticas, pero es que hay que serlo porque la situación es grave. El agua es un derecho humano que no está reconocido para todas las personas, así que la transición ecológica no puede olvidar a los más vulnerables", apuntó, a la vez que recordó que tampoco se puede hacer que "las materias primas que hacen falta para esa transición justa se consigan explotando los recursos de otros países empobrecidos a costa de la dignidad de sus ciudadanos".

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Pajín, que también resaltó que la crisis climática y la de las desigualdades están "interconectadas", incidió mucho en la necesidad de trabajar teniendo ese aspecto en cuenta para que se pueda avanzar. "Lo que indican las cifras es que los avances en la reducción de la pobreza más extrema han sucedido cuando ha habido voluntad política colectiva y la Agenda 2030 al final convoca a una mayoría por consenso unánime", dijo, a la vez que coincidió con el resto de expertos en que hay que movilizar recursos, algo en lo que también tienen un papel fundamental los gobiernos locales. "El papel que hacen y que tienen es fundamental", señaló.

Porque toda esta transición también influye de manera determinante en el empleo, como advirtió Peinado. "Sin el suministro adecuado de agua y energía no hay posibilidad de trabajo. Y si lo hay, es precario. Por eso resultamos que las energías renovables son una oportunidad. Actualmente hay 12,7 millones de personas trabajando en este ámbito. Si se invierte lo suficiente, en 2030 esa cifra puede llegar a 38 millones", dijo.

Todos los expertos se mostraron optimistas con el lugar en el que nos encontraremos dentro de cinco años, aunque advirtieron que, de no cambiar la senda, ese sentimiento cambiaría. "Creo que en un lustro no tendremos retos resueltos, pero sí objetivos más ambiciosos. Espero que no hablemos de cero impacto, sino de impacto positivo". "Espero que haya más transferencia y que no haya inversión que no sea justa desde el punto de vista medioambiental y social", sentenció.

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