14 de abril

A Enrique Camacho.

La proclamación de la República el 14 de abril de 1931, tal como lo cuenta la historia, fue un momento de euforia nacional. Un momento de ilusión colectiva tras mucho, demasiado tiempo en el que España parecía condenada a la decadencia. La pérdida de Cuba y Filipinas, el agotamiento del régimen de la Restauración, basado en el amaño sistemático de las elecciones, el desastre de Annual, la dictadura de Primo de Rivera… La República representó un motivo para la esperanza, un primer paso hacia un futuro mejor. En palabras del catedrático de historia de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova:

[El] proyecto reformista encarnaba, en su conjunto, la fe en el progreso y en la transformación política y social que barrería la estructura caciquil y el poder de las instituciones militar y eclesiástica… Elecciones con sufragio universal, masculino y femenino, gobiernos representativos y responsables ante los parlamentos y obediencia a las leyes y a la Constitución eran sus señas de identidad…

En definitiva, el tránsito hacia la equiparación con los países del entorno que España necesitaba desde hacía mucho tiempo. La Constitución de la República definía España como:

Una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia. Los poderes de todos los órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones.

Como nos recuerda Casanova, esa Constitución declaraba también la no confesionalidad del Estado, eliminaba la financiación estatal del clero, introducía el matrimonio civil y el divorcio y prohibía el ejercicio de la enseñanza a las Órdenes religiosas. Su artículo 36 reconocía el derecho al voto de las mujeres.

Desde los primeros Gobiernos, presididos por Manuel Azaña, se acometieron importantes proyectos para modernizar España y para situarla en un plano de igualdad con las democracias europeas. Quizá el mejor ejemplo de estas reformas fue la que se emprendió en el ámbito de la enseñanza pública. Para crear un Estado democrático hacía falta un pueblo instruido y la República se lanzó a dicha tarea con convicción. Se proyectó la creación de 27.000 escuelas y se llegaron a materializar más de 10.000, para poder garantizar a los españoles una educación pública, obligatoria, laica y mixta, inspirada en los ideales de los valores democráticos y de los derechos humanos.

Naturalmente, no fue un camino fácil. Los errores propios y la permanente obstaculización de una oposición feroz que contaba con el poder y la influencia del sistema caciquil, del clero y de las élites económicas y sociales marcaron la convulsa trayectoria de los gobiernos republicanos de izquierdas, pero nunca se perdió el control del orden público y los disturbios y dificultades no fueron mayores que en cualquiera de los regímenes anteriores.

Sin embargo, el fatídico 18 de julio de 1936 se perpetró un golpe de Estado organizado por representantes de las élites minoritarias que veían peligrar sus privilegios de clase con el programa del Frente Popular, que había ganado las elecciones de febrero de aquel mismo año. El poder corporativo, los grandes terratenientes y la aristocracia, la cúpula militar, la iglesia católica y, por supuesto, los monárquicos, no podían tolerar las medidas que iba a adoptar el Gobierno emanado de las urnas: reforma laboral, reforma agraria, revisión de los extraordinarios privilegios de los altos mandos del Ejército, que Primo de Rivera había tenido que conceder, cada vez en mayor medida, para garantizarse su apoyo. En cuanto a la iglesia, la aconfesionalidad del Estado, el divorcio, la prohibición de dedicarse a la enseñanza y el fin de la financiación del clero eran razones más que suficientes para considerar el golpe y la posterior Guerra Civil como una “cruzada”, en vista de la pérdida de poder y de influencia que hubiera supuesto.

El poder corporativo, los grandes terratenientes y la aristocracia, la cúpula militar, la iglesia católica y, por supuesto, los monárquicos, no podían tolerar las medidas que iba a adoptar el Gobierno emanado de las urnas

El régimen franquista, culpable del golpe que se había opuesto a la voluntad del pueblo español manifestada en las urnas y de la cruenta Guerra Civil, que había perseguido el exterminio de toda oposición, se dedicó durante toda la dictadura a crear y difundir bulos para justificar el golpe, la guerra misma y las terribles purgas posteriores. Lamentablemente, en parte por una Transición tal vez demasiado tibia, hay quien desde la derecha sigue repitiendo aquella cantinela de la inevitabilidad de la insurrección por el supuesto desastre que representaban los Gobiernos republicanos.

Es paradójico que siempre sean los que presumen de patriotismo los que justifican atrocidades como la Guerra Civil y la posterior persecución ideológica de miles y miles de españoles, sin olvidar el tremendo retroceso que supuso la dictadura que acabó con uno de los proyectos más ilusionantes de nuestra historia reciente.

¡Salud y República!

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Juan Pedro de Basterrechea es socio de infoLibre