Casta de privilegios

El diccionario de la RAE define la palabra “casta” como ascendencia o linaje, por lo tanto tiene que ver con la pertenencia a determinado grupo.

Durante los últimos días la prensa española se ha hecho eco del uso dado al Senado como destino de expresidentes autonómicos o alcaldes, así han encontrado acomodo en él los populares Rita Barberá, José Ramón Bauzá, Luisa Fernanda Rudi o Alberto Fabra, donde coincidirán con sus compañeros de partido Pedro Sanz o Juan José Lucas, así como con los socialistas Marcelino Iglesias, José Montilla, Francesc Antich o Joan Lerma, a todos ellos se les asignan sueldos superiores a los 60.000 euros, más otras prebendas como gastos de desplazamiento, dietas, smartphones, tabletas, portátiles, etc… al margen de mantener algunos de sus privilegios de su etapa de presidentes (otro sueldo, coche oficial, chofer, etc…). El costo agregado para el erario público del Senado se eleva a 52 millones de euros y la utilidad de la institución no parece conectar con las necesidades reales de los ciudadanos, ni de la sociedad española, a lo cual tampoco ayuda este sistema digital de designación con aires de prejubilación dorada.

Pero el Senado no es el único caso de asignación de privilegios en clave de casta, ¿qué son sino los consejos consultivos autonómicos?, en España hay tantos de ellos como Comunidades Autónomas, ocupados por ciento veintiocho integrantes nombrados digitalmente por propios y cuyo presupuesto agregado es de 31 millones de euros.

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¿Tiene sentido en un Estado autonómico, como el español, con, además, más de 8.000 ayuntamientos, que sigan existiendo las Diputaciones Provinciales?, en España hay 41 y su presupuesto anual supera los 6.000 millones de euros, lo cual supone cuatro veces el importe del anticipo del ajuste fiscal anunciado por Rajoy desde el uno de julio. Pero es que además su funcionamiento ha perpetuado, hasta nuestros días, el sistema caciquil del siglo XIX, ya que sus responsables son elegidos por los concejales de los ayuntamientos agrupados en cada una de ellas, con lo que sucede que el elegido es el presidente provincial del partido de turno, ello explica casos como el de Alberto Fabra en Castellón, donde ya su abuelo ocupó ese mismo puesto en 1874. No es menor el detalle de la gran incidencia de casos de corrupción que han sucedido en relación a estos entes.

Una de las reformas que más necesita el Estado español es el aligeramiento de estructuras, buscando eficacia en la gestión, ese será uno de los retos del próximo Gobierno, en este momento de necesaria regeneración democrática. Valorar adecuadamente la necesidad de que el Senado exista, o no, así como los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales e, incluso, las delegaciones del Gobierno es más que necesario, porque el ciudadano medio sólo ve en esos entes instrumentos para repartir privilegios desde el poder entre los del propio linaje; definición, según la RAE, de casta.

Mario Martín Lucas es socio de infoLibre