Cuatro años después del inicio de la pandemia, la gestión de la crisis en España sigue envuelta en polémica. Desde la corrupción en la compra de material sanitario hasta los protocolos que impidieron derivar ancianos a hospitales, la pandemia expuso graves fallos en la gestión pública.
Uno de los casos más sonados es la trama de corrupción vinculada a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes facilitaron contratos millonarios a empresas sin experiencia. En la Comunidad de Madrid, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, recibió comisiones por intermediaciones en la compra de mascarillas, mientras que su actual pareja, Alberto González, ha sido señalado en contrataciones y comisiones fraudulentas de gran magnitud con distribuidoras de material sanitario y con uno de los principales grupos de hospitales privados del país.
Cabe destacar que el entorno cercano de Ayuso ha estado históricamente vinculado al sector sanitario y empresarial. Su anterior pareja, Jairo Alonso, y sus propios padres, Leonardo Díaz e Isabel Ayuso, han sido mencionados en diversas operaciones económicas que han generado controversia, aunque no siempre vinculadas directamente con la pandemia. Resulta llamativo cómo estas conexiones con empresas del ámbito sanitario han coincidido con el auge de oportunidades generadas en este sector durante la crisis del COVID-19.
La pandemia dejó una crisis sanitaria, pero también una crisis de confianza en la gestión pública y en los intereses económicos que la rodearon. Hoy, muchas preguntas siguen sin respuesta
Más grave aún fue la gestión de las residencias de ancianos. Aunque varias comunidades restringieron la derivación de mayores a hospitales, en Madrid se aplicaron protocolos más restrictivos, con criterios explícitos que negaban el traslado a personas en situación de vulnerabilidad, lo que generó una alta mortalidad en estos centros. Estas decisiones fueron denunciadas por los familiares de las víctimas y provocaron la dimisión de Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales, quien se opuso a estas medidas.
A esto se suma el impacto del aislamiento y las cuarentenas en las personas mayores, que en su gran mayoría sufrían algún tipo de afección previa. La falta de contacto social, el confinamiento y la sobresaturación del sistema sanitario fueron determinantes en el colapso hospitalario y en el abandono de este segmento de la población, lo que derivó en una elevada mortandad. Como ocurre cada año con las gripes y los resfriados, la población de mayor edad fue la más afectada, pero en esta ocasión, la cepa del COVID-19, sumada a las restricciones y la alarma generalizada, amplificó las consecuencias. Resulta llamativo que la población joven apenas se viera afectada, mientras que los estragos del virus se concentraron en los más vulnerables.
Las vacunas, desarrolladas a velocidad récord, generaron dudas sobre la falta de pruebas a largo plazo. Los ensayos clínicos parecieron prolongarse en la propia población, mientras que los contratos con farmacéuticas blindaron a estas de cualquier responsabilidad por efectos adversos, generando beneficios sin precedentes para la industria.
La pandemia dejó una crisis sanitaria, pero también una crisis de confianza en la gestión pública y en los intereses económicos que la rodearon. Hoy, muchas preguntas siguen sin respuesta.
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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.
Cuatro años después del inicio de la pandemia, la gestión de la crisis en España sigue envuelta en polémica. Desde la corrupción en la compra de material sanitario hasta los protocolos que impidieron derivar ancianos a hospitales, la pandemia expuso graves fallos en la gestión pública.