Tras elecciones y pactos... urgencia social

En los últimos meses hemos asistido y participado en diversas convocatorias electorales propio de los sistemas libres y democráticos, sin duda importante y necesario, pero quisiera enfocar la atención en la urgencia social que algunos interpretan como emergencia social.

El pasado día 11 de junio se presentó el VIII Informe FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), impulsado por Cáritas, organización nada sospechosa de “izquierdista y subversiva peligrosa”. En el documento se refleja que el 18,4% de la población española, es decir, 8,5 millones de personas, está en exclusión social, 1,2 millones más que antes de la crisis. Un estudio sociológico de calidad y completo, formado por 124 investigadores de 30 universidades encuestando a pie de campo a 30.000 personas, 11.600 hogares, indicando que la exclusión social (como pérdida de integración y participación del individuo en la sociedad debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas que hacen imposible una participación plena), se enquista en nuestro país. De esos 8,5, casi la mitad, 4,1, se encuentran en situación severa; 1,8 millones de esas personas (600.000 en 2007) necesitan de una intervención urgente, profunda e intensa en recursos para garantizarles una vida mínimamente digna.

Permítanme que reproduzca algunos datos de ese informe. La desigualdad aumenta casi exponencialmente también en sus diferentes dimensiones, como en la vivienda. En estos dos últimos años, continúa el informe FOESSA, el alquiler de la vivienda ha subido un 30% y 2 millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin casa. El desempleo es más precario, temporal y parcial y genera trabajadores pobres y excluidos, considerando el empleo como un privilegio en vez de un derecho. El 14% de las personas que trabajan están en exclusión social, uno de cada tres contratos temporales dura menos de siete días, y las familias con niños y la juventud aún se encuentran más expuestos. El 33% de las familias numerosas y el 21% de todos los hogares con menores se encuentran en exclusión social. Una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar como un hombre, si es inmigrante dos horas más. La exclusión se ceba con las mujeres como sustentadoras principales del hogar. La pobreza y exclusión, sin duda, tienen rostro de mujer. Peor en las personas con discapacidad: el 30% de ellas se encuentra en exclusión social y el 16% en exclusión social severa. Sin olvidar los riesgos frente a la salud, el 8,8% de la población en España ha dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos y el 15% de la población en nuestro país no puede acceder a un tratamiento bucodental. La xenofobia aumenta, junto con sus mentiras sobre la inmigración: dice el informe que los inmigrantes aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social donde el 80% de las personas en exclusión son españolas.

El panorama es más que desolador, es devastador, triste y doloroso y además afecta a la calidad de nuestro sistema y de nuestra democracia. Las personas con bajos ingresos y en exclusión social apenas participan en las elecciones. Dice el informe que hay hasta un 75% de abstención en los barrios más pobres, por lo que no entran en la “agenda política” y a ésta no le interesará fomentar su voto, por lo que se agudiza aún más la exclusión social. Así, los poderes públicos incumplen de una forma obscena el mandato constitucional recogido en el artículo 9.2 de nuestra Ley Marco: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

El mismo día que se presentó el Informe FOESSA, el presidente francés Macron se dirigía a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamando a corregir algunos de los problemas que está produciendo lo que él definió como “capitalismo de acumulación”. Macron incluso aseguró que esta crisis social puede derivar en una guerra. Sí, han oído bien, en una guerra. Y él sabe de lo que habla, así se lo recuerda cada día el conflicto de los “chalecos amarillos” en su país.

Parece que no hemos aprendido nada. Mientras asistimos a un reparto de poder en nuestro país después de las elecciones casi pornográfico, parece que se olvida que lo que hay que consensuar son los programas y, en especial, aquellos que repercutan directamente en la población. Estos altísimos porcentajes de exclusión social provocan el desafecto, desánimo y el alejamiento de la población por el sistema, provocando el auge de los populismos y partidos ultra viendo que los problemas vitales no son solucionados por aquellos que deberían hacerlo, a semejanza de lo que ocurrió haces unas décadas con el auge del nazismo y fascismo en Europa y que desembocó en lo que Macron hablaba, en una guerra.

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Hay que vertebrar y fortalecer a nuestra sociedad mediante políticas de inclusión, abriendo espacios de diálogo y entendimiento para consensuar políticas y acciones que rescaten a aquellos que lo están pasando mal, a veces muy mal. Esto es tarea de todos, pero tienen que liderarlo aquellos que han sido escogidos por el pueblo para administrar la gestión de las políticas públicas, y es la principal tarea y objetivo de los dirigentes y por lo tanto de los gobiernos (central, autonómico y local): proteger y ayudar a aquellos que son más débiles. La diferencia no crea conflicto, lo que lo provoca y aviva el conflicto es la desigualdad. Sin duda, esto contribuirá decisivamente al mantenimiento de la paz, y no me refiero sólo a la ausencia de guerra y violencia, sino en el pleno sentido y dimensión de la verdadera paz en positivo, la Justicia Social.

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José Ferrer Sánchez es socio de infoLibre