El pasado día 1 de noviembre se publicó que la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) había remitido un informe al juez Ruz sobre la dificultad realizar un reproche penal en materia fiscal, al PP, por las supuestas donaciones ilegales o el presunto pago de sobresueldos, a no ser que la formación política sea considerada una “asociación ilegal”. Este organismo (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria (Aeat) constata que, aunque las donaciones que recibió el PP hubieran tenido un origen ilegal, la formación no hubiera tenido que tributarlo en el Impuesto de Sociedades si el dinero se empleó a los fines previstos en su objeto social como partido político.
El PP pide que el Tribunal de Cuentas fiscalice la financiación de los procesos de primarias y los microcréditos de los partidos
El informe admite que si las donaciones superaron el límite legal de 60.000 euros, el PP podría tener que hacer frente a una “sanción grave” y la consiguiente multa, pero más allá de estas sanciones por vía administrativa, el PP no podría ser acusado de delito fiscal por el cobro de donaciones, a no ser que se le atribuya a la formación política la figura de “asociación ilícita” o entidad con ánimo de lucro.
Después de varios años investigándose las finanzas del PP, con su extesorero, Luis Bárcenas, en la cárcel de Soto del Real, habiéndose acreditado grandes cantidades de fondos en paraísos fiscales en cuentas a su nombre, con apariciones puntuales de sus antecesores, Sr. Lapuerta y Sr. Sanchís, con amplias ramificaciones de la trama Gürtel afectando a afiliados suyos ó exmilitantes, con exministros y exconsejeros de comunidades autónomas gobernadas por su partido en el cárcel, la sociedad española tiene una percepción muy clara de lo que ha estado pasando y, quizás, siga pasando; España no puede seguir manteniendo una legislación tan laxa en materia de financiación irregular de partidos políticos, se hace totalmente necesario endurecer la norma al respecto, en la línea de las que existen en Reino Unido y EE UU, nuestro país no puede seguir ocupando la posición 40º del mundo en el índice de percepción de la corrupción, según la “Transparency International”, es decir hay 39 países con menor percepción de corrupción, entre ellos Brunei, Chipre, Portugal o Bután, y en ello tiene mucho que ver la financiación irregular de partidos políticos y el necesario endurecimiento de las penas vinculado a ello, lo más impresionante es que este tema no haya sido abordado en los 40 años transcurridos desde la transición política
Mario Martín Lucas es socio de infoLibre
El pasado día 1 de noviembre se publicó que la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) había remitido un informe al juez Ruz sobre la dificultad realizar un reproche penal en materia fiscal, al PP, por las supuestas donaciones ilegales o el presunto pago de sobresueldos, a no ser que la formación política sea considerada una “asociación ilegal”. Este organismo (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria (Aeat) constata que, aunque las donaciones que recibió el PP hubieran tenido un origen ilegal, la formación no hubiera tenido que tributarlo en el Impuesto de Sociedades si el dinero se empleó a los fines previstos en su objeto social como partido político.