¿Inseguridad jurídica? ¿Para quién?
En estos días se habla mucho de la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social desde Madrid a Ámsterdam, y una de las razones que dio la compañía era la falta de seguridad jurídica en su amado país llamado "Reino de España" y, de paso, supongo que en la tierra de la libertad que es el Madrid del Partido Popular.
Ferrovial nace a la sombra —o más bien iluminada por la dictadura—, se desarrolla con la adjudicación de obra pública, primero en un estado corrupto hasta su médula por una legalidad creada por y para el mejor servicio de la dictadura y sus imprescindibles cómplices, benefactores y beneficiados y después, en la Transición y en la Democracia, con un Estado de derecho en construcción, con una Constitución que demasiadas veces es papel mojado aunque se la sacralice, con leyes que se diseñan con el concursos de grupos de presión de todo tipo para favorecer a quien puede financiar esos grupos.
En democracia, Ferrovial ha sido condenada y sancionada por manipular licitaciones públicas y, sin embargo, es Ferrovial quien se queja de falta de seguridad jurídica. Un somero análisis de nuestra Constitución del 78 nos iluminará al respecto.
El artículo 14 dice que “Los españoles son iguales ante la ley”. ¿De verdad es igual el que puede pagar un caro bufete de abogados, —por ejemplo Ferrovial—, que el que solo puede pagar a un abogado con más voluntad e interés que medios? Pero quien se queja de inseguridad jurídica es Ferrovial.
El artículo 31 dice que todos contribuirán de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Es sabido que las grandes empresas, incluida Ferrovial, utilizan la ingeniería fiscal para pagar nada o un 5% mientras las Pymes pagan el 20%. Pero la inseguridad jurídica la sufre Ferrovial.
En democracia, Ferrovial ha sido condenada y sancionada por manipular licitaciones públicas y, sin embargo, es Ferrovial quien se queja de falta de seguridad jurídica
El artículo 35 dice que todos los españoles tienen derecho al trabajo, a elegir profesión y a recibir una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Hoy en España hay 3 millones de parados y muchos más que a pesar de trabajar no pueden llegar a fin de mes. Pero quien no se siente seguro en el Reino de España es Ferrovial.
El artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para ello regulando la utilización del suelo para impedir la especulación. Hoy en España ese derecho no está garantizado y los poderes públicos de la democracia han liberalizado el suelo favoreciendo la especulación. Pero quien no tiene seguridad jurídica es Ferrovial.
El artículo 128 dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. ¿De verdad? Esto es pura coña, pero quien se queja de inseguridad jurídica es Ferrovial.
Cuando comencé a cotizar a la Seguridad Social, el importe de la jubilación estaba, creo recordar, en relación con el de los dos últimos años trabajados. Se han hecho varias reformas de las leyes de pensiones, todas a excepción de la última del presente Gobierno me han perjudicado, me han retrasado la edad de jubilación y me han ampliado los años que se contabilizan para el cálculo. Pero quien no tiene seguridad jurídica es Ferrovial.
El problema no son las leyes, el problema no es el Gobierno, aunque es evidente que no todos son iguales, el problema no es el capitalismo, porque el Estado del Bienestar se desarrolló en él, el problema es el sistema neoliberal “sin ley” o con leyes hechas a su medida, el problema es Ferrovial y todas las empresas que son como ella.
Pero la víctima es Ferrovial.
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Ángel Díez de Miguel es socio de infoLibre
