Alemania tendrá en unos días un nuevo gobierno formado por una coalición entre los partidos socialdemócrata, verde y liberal. El acuerdo entre estos tres partidos contempla numerosas reformas encaminadas a modernizar el país en distintas dimensiones, entre las que se encuentra el reconocimiento del derecho a votar a sus ciudadanos a partir de los 16 años. Si el propósito llegara a término, Alemania sería el segundo país europeo en incorporar a esta franja de la población joven en la actividad de participación política más característica de los sistemas democráticos. Seguiría así el ejemplo de Austria, que implantó el derecho en 2007, y de otros cinco países del mundo. Se generalizaría a la vez, en Alemania, un derecho que ya tienen los más jóvenes en algunos estados de la República Federal, sea en el nivel regional o en el local.
El interés por la edad requerida para ejercer el derecho al voto, y el debate subsiguiente, viene de lejos y se reaviva de tiempo en tiempo, espoleado unas veces por la influencia de algunas fuerzas políticas y en otras ocasiones por la presión de los acontecimientos o de los movimientos sociales surgidos al calor de los mismos.
En la actualidad puede decirse que el protagonismo público de los más jóvenes, en especial de las y los adolescentes en todo el mundo, se ha ido haciendo cada vez más patente. Basta traer a la memoria a los estudiantes de secundaria que prendieron la conciencia que dio lugar al “estallido” en Chile. O al movimiento Fridays for future que se ha extendido por todo el Globo, levantando la voz en defensa de un planeta que es la tierra de todos, niños y mayores.
En términos generales, ese debate ha compartido argumentos similares a lo largo del tiempo, bien sea a favor o en contra de ampliar la edad requerida para el ejercicio de los derechos políticos de ciudadanía.
En la actualidad puede decirse que el protagonismo público de los más jóvenes, en especial de las y los adolescentes en todo el mundo, se ha ido haciendo cada vez más patente.
Los argumentos a favor se apoyan en los derechos humanos de niños y niñas garantizados por los Estados firmantes de un instrumento jurídico de carácter internacional como es la Convención sobre los Derechos del Niño. Si bien la Convención no garantiza expresamente el derecho de niños y niñas a la participación política a través del voto, sí contiene otro conjunto de mandatos que han sido ampliamente aprovechados y desarrollados por las instituciones públicas y por las organizaciones de infancia para impulsar su participación “en todos los asuntos que les afectan”, dicho sea en los términos usados en la propia Convención.
Las organizaciones juveniles por su parte resumen en tres los principales argumentos beneficiosos. Estos son los que se refieren: a la participación democrática (el derecho al voto es un elemento clave, particularmente en términos de reconocimiento de las opiniones de las personas jóvenes); a los cambios demográficos (bajar la edad para votar contribuiría a mantener un equilibrio demográfico entre votantes jóvenes y adultos mayores); a los derechos y responsabilidades de los ciudadanos (las personas jóvenes tienen muchas responsabilidades en la sociedad y también deben tener los derechos que las acompañan).
Los argumentos en contra de la rebaja de la edad establecida legalmente para votar asumen de manera general el statu quo, fundamentándose en imágenes distorsionadas de la población juvenil que esconden una resistencia del grupo adulto (mayoritario) a ceder espacios de poder. En una perspectiva comparada histórica, estos argumentos son semejantes a los que en su día se hacían respecto al voto de las mujeres, o a la rebaja de los 21 a los 18 años para la mayoría de edad, que llevaba aparejado el derecho a votar.
El debate en los ámbitos académicos ha cobrado fuerza más recientemente al calor de las reflexiones sobre la crisis de la democracia y las dudas sobre su viabilidad futura tal como la conocemos (o la idealizamos) hasta ahora. Representante destacado en esta línea es el catedrático de teoría política de la Universidad de Cambridge David Runciman, quien viene defendiendo una extensión del derecho al voto que incluya a los niños y niñas en Educación Primaria, esto es, desde los seis años en adelante. Su propuesta se basa en una lectura de la historia en la que quedaría demostrado que la democracia no tiene otra forma de corregirse y mejorarse a sí misma que la de ampliar su base cuantitativa, extendiendo el sufragio a aquellas personas que quedan fuera. Así habría sucedido en el caso de las mujeres y de las minorías raciales, cuya incorporación sucesiva al electorado habría permitido, durante los últimos ciento cincuenta años, distintas olas reformistas que acabaron transformando por entero la sociedad. Lo esencial para Runciman estaría en que los niños introducirían con su voto toda una serie de demandas y reivindicaciones inéditas en la agenda política, tan justificadas y razonables (o tan poco justificadas y razonables) como las que actualmente ocupan nuestros debates.
La iniciativa Children’s Voting Colloquium está promovida por académicos de distintas partes del mundo, en la que también participan organizaciones dirigidas por personas adultas o jóvenes preocupadas por los derechos humanos. Su propuesta va dirigida a la abolición de una edad mínima para votar en todo el mundo. Si bien mantienen distintas posiciones sobre cómo se puede lograr ese objetivo en la práctica, y reconocen que puede haber diferentes soluciones apropiadas en diferentes contextos, buscan catalizar un movimiento más amplio por el sufragio verdaderamente universal, ya sea a través de derechos de voto plenos para todos, edades de voto reducidas, votos por poder o alguna combinación de los mismos.
En España, la cuestión del voto joven oscila entre la indiferencia de la ciudadanía y las iniciativas ocasionales de algún partido político, que pronto quedan sobrepasadas por otras causas que se consideran prioritarias. No obstante, la creación, en el pasado mes de abril, de una subcomisión en el Congreso de los Diputados para la reforma de la Ley Orgánica de la Ley Electoral (LOREG), que entre otros temas pretende estudiar la rebaja de la edad del voto hasta los 16 años, puede constituir una oportunidad para abordar un cambio que nos interesa a todos en esta envejecida sociedad.
Lourdes Gaitán Muñoz es socióloga y socia de infoLibre
Alemania tendrá en unos días un nuevo gobierno formado por una coalición entre los partidos socialdemócrata, verde y liberal. El acuerdo entre estos tres partidos contempla numerosas reformas encaminadas a modernizar el país en distintas dimensiones, entre las que se encuentra el reconocimiento del derecho a votar a sus ciudadanos a partir de los 16 años. Si el propósito llegara a término, Alemania sería el segundo país europeo en incorporar a esta franja de la población joven en la actividad de participación política más característica de los sistemas democráticos. Seguiría así el ejemplo de Austria, que implantó el derecho en 2007, y de otros cinco países del mundo. Se generalizaría a la vez, en Alemania, un derecho que ya tienen los más jóvenes en algunos estados de la República Federal, sea en el nivel regional o en el local.