'14D, historia y memoria de la huelga general'

infoLibre publica un extracto de 14D, historia y memoria de la huelga general, un ensayo coordinado por José Babiano y Javier Tébar y publicado por Catarata que retrocede hasta 1988 para estudiar la huelga más exitosa de la historia de España. Si en aquel momento había 8.284.300 asalariados, aquel 14 de diciembre se quedaron en casa 7.858.669, un 95%. 

Cuando se cumplen 30 años de aquella convocatoria histórica, los autores —entre quienes están también Laura Mora Cabello de Alba, Antonio Gutiérrez Vegara, Carmen Rivas, Mercedes de Pablos, Pilar del Río y Joan Gimeno— analizan las causas de aquel hito en la lucha sindical, sus similitudes con el presente y las lecciones que brinda. El volumen está prologado por Unai Sordo, secretario general de CC OO, uno de los sindicatos que entonces protestaron contra el "rumbo neoliberal" que había tomado la política del gobierno de Felipe González.  __________

 

Han pasado ya tres décadas desde la huelga general del 14 de diciembre de 1988 (14D, en adelante). Desde entonces se han producido numerosos cambios económicos, políticos, sociales y culturales, de manera que el contexto histórico del 14D es muy diferente al de hoy. Aunque existe un aspecto que guarda una extraordinaria similitud, y es que, actualmente, después de una crisis económica que comenzó en 2008 y que ha resultado devastadora en términos de empleo e ingresos para la gente trabajadora, la economía española lleva creciendo ininterrumpidamente desde el segundo trimestre de 2014; es decir, durante más de cuatro años. A pesar de ello, la desigualdad social continúa creciendo, los salarios no consiguen recuperar el nivel previo a la crisis, persisten altas tasas de paro y el empleo que se crea es predominantemente precario. Así las cosas, esta situación que vivimos hoy tiene mucho que ver con las políticas de austeridad, de corte neoliberal, desplegadas a partir de la propia crisis.

La crisis y el paro

Del mismo modo, los años que precedieron al 14D se caracterizaron, primero, por una profunda y duradera crisis. Luego, le sucedió una recuperación de la economía durante la que el Gobierno se resistía a efectuar un giro social, tal y como demandaban entonces los sindicatos, persistiendo en una política económica liberal de control del déficit público por encima de cualquier otra consideración. El Gobierno, como se sabe, estaba presidido por Felipe González, y entre sus ministros del área económica nunca hubo, ni por formación ni por convicción, ninguno de orientación lejanamente keynesiana. Como indicó en su momento Wolfgang Merkel (Merkel. 1995) el Gobierno del PSOE fue, de entre todos los gobiernos socialdemócratas del sur de Europa, el más orientado hacia el mercado.

Vayamos por partes. La muerte del dictador puso al desnudo una crisis económica muy aguda cuyo detonante —que no la causa— a nivel internacional había sido el crack del petróleo de 1973. La crisis presentó entonces una combinación singular de estancamiento económico y alta inflación, que en la jerga económica vino a llamarse estanflación. De ese modo, entre 1976 y 1982, la economía española creció en torno a un 1,5 por ciento de media anual. Tendría que llegar 1986 para que el PIB creciera por encima del 3 por ciento. El desempleo se convirtió en el primer problema de la economía, debido a la destrucción de puestos de trabajo. Por citar dos datos en este sentido, cabe recordar que los expedientes de regulación de empleo, autorizados entre 1976 y 1985, supusieron casi 600.000 despidos. Igualmente, solo en 1984 se estimaba que los planes de reconversión implicarían 65.000 despidos directos y otros 200.000 en las industrias auxiliares (Pérez Pérez, 2011; Babiano y Moscoso, 1991).

El paro, sin embargo, también creció debido a la entrada en el mercado laboral de la generación de los baby boomer, resultante de un inusual repunte en las tasas de natalidad en nuestro país. En efecto, entre los países de Europa Occidental, la tasa española acumulada de natalidad entre 1960 y 1975 solo era superada por Portugal y fue mucho mayor que la de la RFA, Gran Bretaña, Francia o Italia. La entrada en el mercado laboral formal de las mujeres también hizo que aumentase el desempleo. Y lo mismo sucedía, por último y en menor medida, con el retorno de los emigrantes que, habiendo salido en los años cincuenta y sesenta, regresaban de los diferentes países europeos de destino, cuyas economías habían entrado a su vez en crisis. El paro alcanzó niveles muy altos. Así, en 1985 la tasa de desempleo se situó en el 21,5 por ciento. Igualmente, si en 1975 había casi 12,8 millones de personas empleadas, una década después eran 11,1 millones. Mientras tanto, el empleo asalariado —es decir, el número de trabajadores— se redujo durante el mismo periodo desde los 9,8 millones hasta los 7,7 millones.

Tal y como sucede en la actualidad, el desempleo afectaba con más intensidad a las mujeres y a los jóvenes. De manera que en 1985, mientras que la tasa de paro de los hombres era del 19,1 por ciento, la de las mujeres ascendía al 25,3 por ciento. Los jóvenes, a su vez, se veían afectados por el desempleo en un 35,7 por ciento, lo que significa más de 14 puntos por encima de la tasa general. Entre tanto, la protección al desempleo se derrumbó, pasando del 62,2 por ciento en 1975 al 31,1 por ciento en 1986, según los datos del INEM. Aunque no está, ni mucho menos, probada una correlación positiva entre la persistencia de la crisis y el incremento de la economía sumergida y el empleo negro, sin derechos, lo cierto es que ambos fenómenos permanecieron como un fenómeno estructural. Aunque lógicamente es prácticamente imposible determinar sus dimensiones, algunas estimaciones situaron a la economía sumergida entre la quinta y la cuarta parte del conjunto de la economía. Por último, el poder de compra de los salarios descendió 8,2 puntos entre 1979 y 1986, el año del repunte económico.

Durante esta larga y crítica década, la prioridad de la política económica se situó en la batalla contra la inflación y el déficit público, atacando a la primera mediante la contención salarial y al segundo a través del control del gasto público. La lógica, tanto del Gobierno de UCD como del PSOE, se basaba así en la reconstrucción del beneficio empresarial con la esperanza de que, a continuación, se produjesen las deseadas inversiones y tras ellas, en último lugar, la creación de empleo. Es decir, el núcleo de la famosa proposición neoliberal de la teoría del goteo. Pero esta lógica no funcionó ni funciona, por lo que hemos visto recientemente, exactamente así.

Reconversión industrial y precarización del empleo

Si hubo dos vocablos que se impusieron con gran éxito en el lenguaje público de los años ochenta, fueron modernización y flexibilidad. Ambos resultaron profusamente invocados por los medios de comunicación, las entidades del mundo empresarial y el Gobierno de Felipe González. En el ámbito de la teoría económica, modernización es un término un tanto escurridizo. Seguramente por eso en la literatura académica a menudo se escribe en cursivas o entrecomillado. De hecho puede significar una cosa y su contraria. Así, por ejemplo, durante el tardofranquismo venía a ser sinónimo de industrialización. Sin embargo, alrededor de una década después la modernización llevó consigo un fuerte y definitivo proceso de desmantelamiento industrial. En relación a la época de los gobiernos de González, para algunos autores modernización era sinónimo de ideología (Gálvez, 2013); para otros, implicaba una serie de reformas al objeto de remozar una administración heredada de la dictadura, alcanzar el estado de bienestar y romper el aislamiento histórico del país (Ysàs, 2011; Soto, 2006). En realidad, entonces nadie sabía a ciencia cierta en qué consistía (Pérez Pérez, 2011). Para nosotros y para lo que aquí interesa, ya hemos dicho que la modernización incluyó un severo proceso de desindustrialización. Eufemísticamente fue bautizado como reconversión industrial. Un poco más adelante nos referiremos a ella.

En cuanto a la flexibilidad, al margen de las definiciones más o menos sofisticadas en las que se distinguía entre flexibilidad externa —referida a la entrada y salida del mercado de trabajo— y flexibilidad interna —concerniente a la diversidad de funciones dentro de la empresa—, de facto se trataba, pura y simplemente, de la capacidad del empresario para despedir a sus trabajadores. A mayor flexibilidad, mayor facilidad para el despido. Para que la flexibilidad así entendida prosperase, fue necesaria una legislación laboral destinada a extender la contratación temporal. Paradójicamente, la flexibilidad, en tanto que capacidad empresarial para despedir, se tomaba (y se sigue tomando en la ideología neoliberal) como receta para la creación de empleo.

Más allá de incrementar la facilidad del empresario para despedir, la flexibilidad supuso la devaluación de los salarios, así como la modificación de horarios y jornadas a voluntad del empresario y, en suma, un incremento, tanto de la disponibilidad de los trabajadores hacia la empresa como del poder de esta última. Además, el discurso de la flexibilidad siempre hacía recaer el mal de la rigidez sobre la mano de obra. De manera que nunca contempló la posibilidad de atribuir ese problema a la estructura productiva o a aspecto alguno de la gestión empresarial. Así puede comprobarse leyendo cada uno de los preámbulos de las leyes de reforma laboral llevadas a cabo en nuestro país.

La modernización en el sentido de desindustrialización y la flexibilidad no solo fueron dos vocablos destacados del discurso público de los años ochenta. Supusieron, respectivamente, un proceso socioeconómico y una serie de modificaciones en la legislación laboral que resultaron cruciales desde dos puntos de vista. En primer lugar, a la hora de entender el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. En efecto, pues la reconversión vino a ser una suerte de exigencia a la hora de entrar en Europa, donde las reestructuraciones industriales se pusieron en marcha con anterioridad mientras que en España se retrasó debido a la pujanza del movimiento obrero al final de la dictadura. En segundo lugar, su importancia reside en que contribuyen a la comprensión del capitalismo de la globalización en nuestro país. Un capitalismo en el que la temporalidad y por consiguiente la precariedad se han convertido en la clave de bóveda del modo de gestión de la mano de obra. Como ya analizamos la flexibilidad por la vía de la extensión de la temporalidad en otro capítulo de este libro, vamos a centrarnos a continuación en la cuestión de la desindustrialización. 

La reconversión industrial se inició a partir de 1977, y todavía en los años noventa había algunas empresas y sectores involucrados. Las empresas afectadas pertenecían a los sectores industriales maduros; es decir, la siderurgia, la construcción naval, la fabricación de máquinas-herramienta y bienes de equipo, los electrodomésticos, la fabricación de automóviles, la química, el textil, etc. Ciertamente, al final del franquismo estos sectores habían entrado en un periodo de obsolescencia y necesitaban una fuerte inyección de tecnología y capital, además de redimensionarse para resultar competitivos en la economía internacional. Pero esto es una cosa y otra muy distinta el cierre definitivo de empresas y el despido de sus plantillas sin alternativa industrial y ocupacional de ningún tipo. Esto fue lo que finalmente sucedió.

Fueron los gobiernos de la UCD los que pusieron en marcha las primeras medidas de reconversión. Inicialmente, entre 1977 y 1980, salvo los acuerdos en el sector naval firmados en 1978, no se afrontaron reestructuraciones sectoriales y la política industrial se saldó con nacionalizaciones y subvenciones a las empresas en crisis. Esto sirvió especialmente para salvaguardar los intereses de la banca que había invertido en la industria y de algunos empresarios deseosos de acceder a las ayudas públicas. A partir de 1980, sin embargo, se abordaron planes sectoriales y la posición negociadora del Gobierno se endureció, lo que obligó a los sindicatos a recurrir a la movilización. Hubo una amplia gama de sectores afectados por las reestructuraciones. En todo caso, durante la época de la UCD se perdieron del orden de 600.000 empleos industriales y desparecieron muchas empresas. Fueron sobre todo talleres y pequeñas empresas auxiliares, cuyos trabajadores serían los más perjudicados del proceso de reconversión, dada la debilidad de los sindicatos en las pequeñas plantillas y su nulo poder contractual (Marín, 1997).

Aunque los cierres industriales se prolongarían hasta los años noventa, la fase más dura de la reconversión tuvo lugar entre 1982 y 1986, durante la primera etapa del gabinete de Felipe González. El PSOE no se tomó muy en serio el diseño de la política industrial a través de la concertación. De hecho, podemos adivinar su filosofía en esta materia en una suerte de memorias del por entonces ministro de Industria (y después, entre 1985 y 1993, de Economía):

 

Es cierto que su instrumentación no se hizo exactamente sobre las pautas de extinción de contratos de trabajo de los excedentes laborales que yo había defendido y que no solo hubieran ahorrado dinero a los contribuyentes, sino que, además, hubieran supuesto un aviso para los sindicatos sobre el coste de mantener posturas rígidas en materias de ajuste industrial en momentos de grave crisis (citado por Marín, 2006: 86).

Añádase a ello su famosa frase de que “la mejor política industrial es la que no existe” y se comprenderá la inspiración fuertemente liberal con la que se abordó inicialmente aquel proceso. Se trataba, como acabamos de leer, de despedir a los trabajadores sin más. Y no solo eso, sino que también había una clara amenaza a los sindicatos. Solchaga admitió igualmente que lo que contemplaba no era una reconversión de la industria, sino, dado el buen clima del país, un futuro basado en el sector agroalimentario y de las energías no renovables, además de en los servicios de ocio y turismo. En lo concerniente a los servicios acertó plenamente.

Los sindicatos, por su parte, mantuvieron diferentes posiciones frente a los planes socialistas de reconversión. Por un lado, la UGT se mostró más comprensiva, firmando algunos acuerdos en solitario como el del sector naval. CC OO mantuvo desde el principio una posición combativa y de rechazo. Por esa razón el Gobierno expulsó a sus representantes de las mesas de seguimiento de los acuerdos que no firmó, así como de las mesas de negociación. En todo caso, la política socialista de reconversión industrial encontró una fuerte resistencia por parte de los trabajadores afectados, especialmente a lo largo de 1983 y 1984. De tal suerte que junto a los conflictos en cada empresa se sucedieron masivas huelgas generales en las comarcas concernidas: Sagunto, Cádiz, Ferrol, Ría de Bilbao, etc. Debe tenerse en cuenta al respecto que el cierre de empresas no solo representaba el final de una actividad económica y el desempleo masivo, sino el ocaso definitivo de todo un medio de vida en dichas comarcas. También se sucedieron jornadas de paros sectoriales de solidaridad.

Estas movilizaciones situaron a 1984 en un repunte de la curva de conflictividad laboral, aunque sin llegar, ni de lejos, a los niveles de 1979 (Babiano y Moscoso, 1991). Asimismo, configuraron un repertorio de acción colectiva amplio y diverso que combinaba acciones masivas como paros, concentraciones o manifestaciones y otras, minoritarias y de corte más radical, como cortes de vías urbanas y carreteras, ocupación de instalaciones fabriles o enfrentamientos callejeros con la fuerza pública. En este repertorio de acción colectiva se incrusta el imaginario obrero de la reconversión industrial. Un imaginario forjado en las grandes huelgas del final de la dictadura y en el que las libertades estaban indisolublemente ligadas a la mejora de las condiciones de vida (Ruzafa, 2017). En todo caso, se trataba de conflictos típicos de los ciclos depresivos de la economía; por lo tanto, eran protestas de carácter defensivo (el objetivo no es otro que conservar el empleo), dispersos y discontinuos, difíciles de centralizar y coordinar, en ocasiones virulentos y con muchas dificultades para saldarse en victorias de los trabajadores (Babiano y Moscoso, 1991).

Cabe añadir que, a pesar de las diferentes posiciones con las que inicialmente encararon la reconversión, a menudo ambos sindicatos coincidieron en la resistencia en cada empresa o sector. Esto fue sucediendo a medida que la UGT comprobaba que los acuerdos suscritos en solitario con el Gobierno no daban los resultados esperados. De este modo, fue la movilización la que impidió que los planes originarios del ministerio de Industria, centrados en despidos sin más, se llevaran a cabo. La movilización, por lo tanto, dio paso a las prejubilaciones y a otros subsidios que dignificaron el final de las vidas laborales de los trabajadores despedidos.

No obstante, las medidas concebidas para la recolocación de los excedentes de mano de obra, como los Fondos de Promoción de Empleo (FPE), o para generar un nuevo tejido industrial en las comarcas deprimidas tras el desmantelamiento industrial, como las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR), carecieron de viabilidad. Entre otras razones debido a que las ZUR solo captaron en torno al 2 por ciento de los recursos públicos destinados a la reconversión durante la época de Carlos Solchaga.

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Por otro lado, el discurso del Gobierno socialista insistía en contraponer los intereses de los trabajadores reconvertidos frente a los del contribuyente. Daba a entender de este modo que los primeros eran particulares —como si por ello careciesen de legitimidad— mientras que los segundos eran de tipo general. Eso es exactamente lo que viene a señalar Solchaga en el párrafo que hemos citado un poco más arriba. Sin embargo, hay que recordar que el ajuste laboral absorbió solo el 8 por ciento de los recursos públicos destinados a la reconversión que, en conjunto, supusieron en torno a tres billones de pesetas entre 1979 y 1989. Ahora bien, ¿quién se llevó, entonces, la mayor parte del pastel? La banca. La banca fue la gran beneficiaria de los subsidios y subvenciones otorgados con ocasión del desmantelamiento de la industria. Y eso se produjo a través del saneamiento financiero de las empresas y de la recuperación ventajosa de los créditos concedidos y de la inversión industrial. Todo ello sin contar con que la reconversión del sector bancario absorbió a su vez del orden de dos billones de pesetas del erario público (Marín, 2006).

Desde el punto de vista social, al final emergió una nueva figura ocupando el espacio público: el prejubilado cincuentón. Con unos ingresos dignos, tuvo a menudo que sostener también a la siguiente generación de jóvenes sin futuro laboral. La impotencia y la desolación se adueñaron de los cinturones industriales y de unas comarcas pobladas de ruinas fabriles y dominadas por la precariedad social. Los jóvenes retrasaron la edad de emancipación y prolongaron su estancia en el sistema educativo. Se produjo una ruptura definitiva en la clase obrera industrial desde el punto vista generacional. Como corolario a las difíciles situaciones en el plano social crecieron la enfermedad, los suicidios, el consumo de alcohol y la epidemia de la heroína, que asoló a comunidades obreras enteras (Ruzafa, 2017).