Baltasar Garzón: "La estrategia judicial está enrareciendo el panorama político en Cataluña"

Advierte Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) que su último libro es un "compendio de reflexiones" y no "un ensayo". Hace bien en avisar el exjuez de la Audiencia Nacional y abogado, porque La indignación activa (Planeta) toca desde la corrupción política al concepto de derechos humanos, del terrorismo a la soberanía nacional, de la violencia machista al ecologismo y de la justicia universal a la gestión de las fronteras. Y, a diferencia de En el punto de mira (también en Planeta), sus memorias de 1.048 páginas, aquí salta ágilmente de un capítulo a otro en menos de 300. No es de extrañar que su presentación a la prensa el miércoles por la mañana, en el Ateneo de Madrid, y la posterior entrevista con este periódico fuera igualmente ecléctica. Se empieza con Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, y se termina con la ley de igualdad. El libro manda y la actualidad también. 

La acumulación de causas pendientes en la cuenta de Garzón es abrumadora. Pero él insiste en que no pretende "abrumar a nadie", sino todo lo contrario. "De la indignación a la esperanza", se titula la primera mitad del libro. El mensaje se enmarca en la estela arrancada por Stéphane Hessel, escritor y miembro de la resistencia francesa, en ¡Indignaos! (Destino, 2010). En el volumen, el jurista pide "pasar de la queja a la responsabilidad; del conformismo, a la participación crítica". Los instrumentos que deberían servir al ciudadano para tal empresa, y que enumera como una surte de abecedario, serían: el "voto responsable", "exigir cuentas" y la "movilización". "¡Claro!", añade a esta última, cuando parece que ha pasado el tiempo de las grandes movilizaciones sociales. "No hay nada que dé más miedo a los poderes que la movilización", insiste, antes de recordar (con cierto orgullo) que él también sufrió escraches, aunque por parte de la izquierda abertzale. 

 

Pero el día se impone pronto a ese aire enérgico y optimista. Ricardo Costa, ex secretario general del PP en Valencia, declaraba en el juicio oral de Gürtel: "Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro". "Hacer esto", concede el ex magistrado que abrió la investigación a la trama, "exige valor y compromiso de colaboración con la justicia. Más vale tarde que nunca". Palabras menos amables tiene para otros dirigentes conservadores. Para Mariano Rajoy, que en una entrevista concedida a Carlos Alsina en Onda Cero decía que ignoraba si Francisco Camps, expresidente de la Generalitat implicado en el caso, seguía siendo militante. "La cobardía del presidente del Gobierno es paradigmática", lanzaba el abogado. Y para Rafael Catalá, ministro de Justicia, que aseguraba que la declaración de Costa tenía que ver con su "estrategia de defensa". "Es la opinión de los necios. Si esto fuera una estrategia de defensa, sería legítimo; decir eso es un absurdo", decía Garzón, más encendido. Y para cerrar: "Si hay un reconocimiento de un sistema ilegal de financiación, no pueden defenderse con su antigüedad o con que esas personas no formen parte ya del partido, porque era responsabilidad del partido". 

No es el único tema que le ocupa. También le preocupa Cataluña. ¿Entiende que, con todo el proceso, los ciudadanos duden de la independencia judicial? "La confianza en la independencia judicial es una necesidad en una democracia", reflexiona, "si no, estamos perdidos. Lo que ocurre es que a veces se pone muy difícil, porque ves en la instancia judicial más alta decisiones que, cuando menos, son sorprendentes". El exmagistrado desaprueba tanto los delitos imputados como las medidas tomadas por la Audiencia Nacional primero y el Tribunal Supremo después. "La calificación jurídica de los hechos no puede ser de rebelión ni de sedición. Se está tratando de construir el concepto de violencia interna o moral, y eso a mí me chirría y me hace imposible ubicarlo en algo equivalente en el derecho procesal moderno", reflexiona. "Sé que no es una postura muy popular. Y yo desde luego no soy independentista ni estoy a favor de esa independencia". 

La prisión provisional dictada para el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exonsejeros y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium le parece una "medida exorbitante". "Decretar una prisión provisional para por si acaso, porque presumes que alguien va a hacer algo, es muy grave. Mantener una prisión provisional porque no ha habido una especie de arrepentimiento o desconexión de la postura ideológica anterior, es muy grave", insiste. Igual de extrañado se encuentra ante la decisión del juez Llarena de no reactivar la orden europea de detención contra de Carles Puigdemont: "Si una persona se sustrae a la acción de la justicia, iniciada ya, y se sabe dónde está, el juez tiene que ordenar su captura. Es el sistema establecido de colaboración jurídica internacional. No puedes dejarlo en un limbo jurídico y de alguna forma a obligar a esa persona a que viva hasta el día de su muerte en el extranjero o venga y se someta a una especie de imposición". 

Volvamos a la pregunta inicial: ¿tiene motivos el ciudadano para desconfiar de la justicia? El abogado se sonríe. "Desde luego, a esto se le da un tratamiento muy particular. Y sigue, al menos de hecho, una estrategia judicial que contribuye al enrarecimiento del panorama político en Cataluña. Y no estoy diciendo que haya instrucciones de nadie al Tribunal Supremo". 

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Ninguno de estos dos asuntos están tratados con este grado de detalle en el libro, que sí alude sin embargo a la corrupción como fenómeno general y  al nacionalismo como ideología. En otros temas abunda más, con la profundidad que permite el formato. No solo los referidos a la justicia universal y su aplicación más común a los crímenes de genocidio o terrorismo. También encuentran su lugar asuntos igualmente internacionales, como la política migratoria o la violencia machista.

Primero carga contra el Ministerio del Interior y su decisión de usar la cárcel de Archidona (Málaga) como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), instalaciones que equipara con los campos de refugiados griegos: "Habilitar una cárcel, por muy buena que sea o muy a estrenar que esté, es romper el concepto de los CIE y transformarlos en una especie de prisión provisional. Busque otro edificio. Porque si no, usted está penalizando a inmigrantes que solo están buscando una vida mejor o salvarse de la persecución o de la hambruna". ¿Y qué puede hacer la justicia con el suicidio de una de las personas internas en el centro? "Ahí la labor judicial es muy importante. Hay que investigar a fondo por qué razón esto se hizo así, por qué se habilitó ese centro, por qué no se hicieron otras cosas cuando esto se denuncia de forma sistemática, incidentes, inadecuación de los edificios, por qué mantenerlos durante ese tiempo y en qué condiciones…". 

Una decena de capítulos de La indignación activa están reservados a la opresión de la mujer, ya sea refiriéndose a la violencia machista o a la esterilización forzosa sufrida por algunas comunidades. En 2017, 10 de las 48 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España había presentado previamente una denuncia. ¿En qué falla la justicia española? "Se ha avanzado mucho", concede, en España hay una legislación proactiva y adelantos que otros países no tienen. Pero falta seguramente una formación y una pedagogía por parte de las fuerzas de seguridad del Estado". Pero "la protección y la dignificación de las víctimas", argumenta, debe extenderse más allá del ámbito judicial: "En seguridad, en economía, en convivencia…". ¿Por dónde empezar? Y, quizás pensando en Rajoy —que sobre la desigualdad salarial declaraba esa misma mañana: "No nos metamos en eso"—, contesta: "Empecemos por los sueldos".