Sólo el 22% de los parados que llevan más de cuatro años sin trabajar percibe ayudas públicas

España es el segundo país con más parados de larga duración de la OCDE, sólo después de Grecia. Quienes llevan más de un año sin trabajo representan el 56,6% de los parados, 2,4 millones de personas, el 11,4% de la población activa española. Además, España es, junto con Irlanda, Grecia y Portugal, los países de la OCDE donde más creció el paro crónico, 3,5 puntos desde 2007 hasta 2015. En el resto del mundo desarrollado sólo aumentó siete décimas y en la UE, 1,6 puntos. La crisis no sólo ha dejado sin trabajo a millones de personas sino que, además, ni la recuperación, ni las reformas laborales ni la acción de los gobiernos han conseguido devolverles al mercado laboral.

Lo demuestra el hecho de que el número de quienes llevan más de dos años sin trabajar, 1,8 millones, triplica el de las personas que no superan el año sin empleo, 635.000más de dos años sin trabajar, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Para acabar atrapado en el paro de muy larga duración ser mayor de 45 años o no haber superado la educación secundaria son factores coadyuvantes a la reducida oferta laboral de la crisis y la débil recuperación económica. Un parado de entre 45 y 54 años tiene un 67,3% de probabilidades de quedar encuadrado bajo esa etiqueta estadística, 18 puntos porcentuales más que otro de 25 a 34 años, según los cálculos de Samuel Bentolila y Marcel Jansen, investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Más de medio millón de personas en esa primera franja de edad llevan más de dos años sin trabajar.

En el libro electrónico titulado El paro de larga duración tras la Gran Recesión: causas y soluciones, ambos economistas cifran en un 54,3% las probabilidades de ser un parado de muy larga duración si la cualificación profesional es baja. En cambio, no aprecian grandes diferencias entre los universitarios –un 52,3% de probabilidades– y quienes no tienen más que la educación obligatoria –un 53,4%–. O entre hombres y mujeres. Sin embargo, según la EPA, el 51,6% de los parados de muy larga duración son mujeres.

Donde sí han descubierto un gran desfase es en el hecho de que los desempleados cobren o no prestaciones. Así, si tienen derecho a los dos años de duración máxima de la prestación contributiva, cuentan con un 67,4% de probabilidades de ser parado de muy larga duración. Bentolila y Jansen consideran un desincentivo a la búsqueda activa de trabajo. Por el contrario, quienes no acceden a la prestación reducen hasta casi la mitad, un 35,3%, las probabilidades de superar los dos años en el paro, o sólo llegan al 12,3% las de sobrepasar el año.

Depreciados, desanimados y desprotegidos

El problema que aparece a continuación, teniendo en cuenta estos números y plazos, estriba en que mientras disminuyen sus esfuerzos para volver al mercado de trabajo y se van depreciando como capital humano, también quedan desprotegidos. La cobertura de las prestaciones de desempleo no ha dejado de caer durante toda la crisis, debido a las sucesivas restricciones aplicadas por el Gobierno a los potenciales beneficiarios. El pasado septiembre se situaba ya en el 52,4%, cuando llegó a alcanzar el 80% en 2010. Es decir, casi dos millones de personas no cobran prestación pública alguna.

La desprotección es aún mayor en el caso de los parados crónicos. Según los cálculos de Bentolila y Jansen a partir de los microdatos de la EPA, sólo el 28% de los desempleados que llevan entre uno y dos años sin trabajar perciben ayudas públicas, y sólo el 22% de los que superan los cuatros años en el paro: 892.226 personas, según laEPA del primer trimestre de 2016.

Ni políticas de empleo ni servicios públicos eficaces

Además, no consiguen escapar de la trampa del paro de larga duración porque tampoco reciben la atención debida de los servicios públicos de empleo, lamentan los autores del estudio. Para empezar, el gasto público en políticas activas de empleo por persona activa fue recortado en un 75% desde 2007 hasta 2015, destacan. Por si fuera poco, en ese tiempo el Gobierno ha dedicado más dinero a los incentivos a la contratación –tarifas planas de cotizaciones sociales para las empresas– que a las políticas de empleo propiamente dichas –formación, orientación, recualificación profesional–. España, aseguran Bentolila y Jansen, sólo destina el 0,12% de su PIB a formación, lo que la sitúa “en los últimos puestos” de la OCDE si se divide esa cantidad por su población activa.

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Únicamente el 0,3% de los parados de muy larga duración españoles participa en algún programa de formación. Es más, un tercio de los desempleados ya son parados de larga duración, han superado el año sin trabajar, cuando reciben el primer servicio de los servicios públicos, destaca el estudio de Fedea.

En España existen varios programas de ayudas para parados de larga duración que hayan agotado el resto de las prestaciones. El Plan Prepara y el Programa de Activación para el Empleo ligan el cobro de una ayuda económica de 426 euros mensuales a la asistencia a cursos de formación o recualificación profesional. Pero el acceso a ambos planes está sujeto a tal número de requisitos que su número de beneficiarios ha quedado muy lejos de los inicialmente previstos.

A juicio de Marcel Jansen, la solución debe ir mucho más allá de este tipo de esquemas. “Es necesario ofrecer servicios intensivos a los parados, no sólo cursos, sino también análisis individualizados de la situación de cada desempleado, de sus necesidades, para predecir el riesgo que tiene de caer en el paro de larga duración y condicionar las ayudas al diagnóstico realizado”, detalla el investigador de Fedea