Las cicatrices de la recuperación: menos activos, más desanimados, parados crónicos, menor protección social...

Los tres años de recuperación tras la crisis económica más larga desde la posguerra han mejorado el panorama social gracias al crecimiento del empleo –1,2 millones de ocupados más desde 2014– y a un “incipiente aumento de las rentas de las familias”, según concluye el Consejo Económico y Social (CES) en su Memoria de 2016. No obstante, la institución, que reúne a la patronal y los sindicatos más representativos, también revela las “secuelas” que esa prolongada y dura crisis ha dejado en la sociedad española y su mercado de trabajo.

  1. Pérdida de población activa

La reactivación de la economía ha reducido el número de parados en 1,6 millones entre 2013 y 2016. Pero no todos los que han dejado las listas del desempleo han encontrado un trabajo. En estos tres años muchos de ellos han abandonado el mercado laboral. De ahí que la población activa –las personas entre 16 y 65 años dispuestas a trabajar– se haya recortado en 367.000 personas durante ese trienio. Sólo en 2016 se perdieron 100.000 activos. Y no sólo se debe a un fenómeno demográfico, apunta el CES, por la menor natalidad y la salida del país de los inmigrantes, sino también a una menor participación laboral. La bajada, de hecho, se concentra en los menores de 40 años, sobre todo entre los más jóvenes, porque prolongan sus estudios ante la falta de expectativas laborales. Sin olvidar que las mujeres siguen 10 puntos por debajo de los hombres en lo que a integración en el mercado de trabajo se refiere.

  2. Más desanimados

El descenso de la población activa también es culpa del aumento en el número de desanimados, quienes no buscan empleo porque no creen que vayan a encontrarlo. En España eran el 7,4% de la población activa en 2013 y el 5,4% en 2016, casi dos puntos por encima de la media de la UE. Son 336.400 personas. Además, su número ha aumentado entre los mayores de 50 años en el último año, el único grupo de edad que crece entre los desanimados. Otro dato preocupante: en 2007 en España había casi medio millón de personas que, según la definición de Eurostat, la Oficina Estadística de la UE, se consideran activos potenciales –pueden trabajar pero no buscan empleo por motivos no objetivos pero ajenos a su voluntad–, de los cuales 188.800 eran desanimados. Pues bien, en 2016, los activos potenciales son casi los mismos que antes de la crisis, 514.200, pero la cifra de desanimados es casi el doble que entonces.

  3. Paro de larga duración

Casi la mitad de los parados españoles –el 47,8%– son de larga duración, llevan más de un año sin trabajar. Y sólo se reduce su número entre los que están desempleados menos de dos años. Por el contrario, los que llevan cuatro años o más en el paro han crecido 7,1 puntos porcentuales entre 2013 y 2016: son el 18% de los desempleados, 760.000 personas. Además, el paro crónico entre los trabajadores de más edad se ha triplicado desde el comienzo de la crisis y ya son el 31,8% de los desempleados.

  4. Pérdida de empleo en la industria

Desde 2007 la industria ha perdido en España a 720.000 ocupados, un 24%. Según los sectores, la industria del mueble ha recortado un 50% su empleo y la textil, un 46%. A juicio del CES, esta pérdida de trabajadores “probablemente no es reversible”. La construcción ha empezado a recuperarse, pero aun así, ocupa ahora a 1,7 millones de personas menos que en 2007. La protagonista de la recuperación es la hostelería, que desde 2013 ha ganado el doble del empleo que perdió con la crisis y tiene 150.000 trabajadores más que en 2007. Sólo las plantillas de los servicios de alojamiento han crecido un 15% en 2016.

Por el contrario, han sufrido “descensos marcados” la I+D – un 6,4% en 2016– y las actividades profesionales, científicas y técnicas –un 17,2% desde 2008–. También el empleo público: las administraciones públicas han reducido sus plantillas desde 2011 en 186.000 personas.

El CES advierte igualmente de la “polarización” que está sufriendo el empleo, puesto que crecen más los empleos en los extremos: los más cualificados, los técnicos y profesionales, un 5,3% en 2016, y los menos cualificados, los peones, un 10,9%. En cualquier caso, esta disparidad no consigue revertir la “preminencia de las ocupaciones relacionadas con la hostelería y el comercio”.

Tampoco el empleo autónomo ha despegado con la reactivación económica, pese al impulso que el Gobierno le ha dado estos años con todo tipo de incentivos, ayudas y campañas mediáticas. Mientras que desde 2013 se ha recuperado cerca de una tercera parte del empleo asalariado perdido durante la crisis, el empleo por cuenta propia no ha recobrado ni el 20%.

  5. El contrato temporal es el rey

La tasa de temporalidad española –26,1%– es la segunda más alta de la UE, después de la polaca. En 2016, los contratos temporales crecieron un 6,8%, cuatro veces más que los indefinidos. Entonces se registraron en total 19,98 millones de contratos, un 7,6% más que el año anterior e incluso un 1,7% más que en 2007, antes de la crisis. Pero respecto a esa fecha se firmaron 1,9 millones de contratos temporales más y medio millón de contratos indefinidos menos. De hecho, el peso de los indefinidos en la contratación total ha caído 3,3 puntos respecto a 2007. Es decir, tras ocho años de crisis y recuperación, se mantiene la estructura de los contratos, pero más extremada aún.

Es más, la Memoria del CES revela que, pese al descenso que ha experimentado en el último año el empleo a tiempo parcial, el número de los contratos por horas, tanto temporales como indefinidos, es muy superior al que había en 2007, mientras que el de los de jornada completa de ambos tipos es muy inferior. “La contratación indefinida y a tiempo completo se ha convertido, a la salida de la crisis, en el caso menos frecuente”, concluye.

  6. Bucle empleo/paro

Otro fenómeno achacable a la reactivación económica tal y como se está desarrollando es la cada vez menor duración de los contratos, que el CES atribuye no sólo a cambios en la composición sectorial del empleo, sino también a un aumento del encadenamiento de los contratos y de la rotación laboral.

La duración media de un contrato en España no llegaba en 2016 a 51 días. Ha caído 28,1 días desde 2007. Pero es que, además, los contratos ultrabreves, de hasta una semana, son cada día más numerosos –el 28,1% de los que se firmaron en 2016–.

En consecuencia, también aumenta la rotación de los trabajadores, el número de personas que combinan periodos de empleo y de paro en un mismo año. La tendencia se confirma acudiendo a los datos sobre altas en las prestaciones por desempleo que publica el Ministerio de Empleo. Éstas pueden ser iniciales o reanudaciones. Las últimas, cuando se trata de contratos temporales, fueron en 2016 1,44 millones, casi el doble de las 791.200 iniciales. En el caso de altas en el subsidio de desempleo por falta de cotización para cobrar la prestación contributiva, las reanudaciones ascendieron a 926.000, triplicando las 288.000 iniciales. La elevada cifra de reanudaciones de las prestaciones es una buena muestra del gran número de episodios de empleo y paro, pero también revela que esa rotación se está concentrando, además, en una parte de la población laboral, destaca el CES. De otro modo, el 66% de todas las altas en prestaciones y subsidios de desempleo son reanudaciones, lo que demuestra lo difícil que resulta en España encontrar un trabajo estable. Es más, el 53% de quienes cobran una prestación tienen derecho a una durante seis meses o menos, consecuencia de haber trabajado antes con un contrato temporal o encadenando los más breves.

  7. Intermediación laboral a medio gas

Con un 18% de paro, la intermediación laboral –los servicios destinados a encontrar trabajo a los desempleados– es fundamental, recuerda el CES. Los servicios públicos de empleo autonómicos tuvieron un índice de colocación del 10% en 2016, más de tres puntos por encima del año anterior, pese a que enviaron un 32,4% menos de ofertas a demandantes de empleo. El 70,5% de esas colocaciones corresponden a trabajadores que no cobraban prestaciones. Sólo un 1% de las ofertas fueron rechazadas.

Las agencias privadas de colocación, por su parte, colocaron al 3,8% de los desempleados que les envió el ministerio, 12.333 personas. En 2016 recibieron del Gobierno un total de 175 millones de euros para cumplir con este cometido. La Memoria del CES se queja de la “falta de transparencia y la ausencia de datos completos y detallados” sobre la actividad de estas agencias.

El número de parados que no cobran prestaciones se duplica desde 2010 pese a la caída del desempleo

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  8. debilitamiento de la protección social

El Consejo Económico y Social alerta de los “síntomas de debilitamiento” que, a su juicio, presenta el sistema de protección social español. Los motivos, “el descenso continuado de la cobertura y la creciente asistencialización”. El primero se refiere a que el sistema de prestaciones por desempleo sólo protege a la mitad de los parados: en 2016, al 55,1% de los registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En 2010, la cobertura alcanzaba al 78,4%. Según la memoria, el recorte se debe no sólo a la reducción del paro, sino también a la pérdida de prestaciones que supone la prolongación del desempleo. Un desamparo que no parecen subsanar los sucesivos planes para parados de larga duración que agotan las prestaciones: Renta Activa de Inserción, Plan Prepara y Programa de Activación para el Empleo (PAE).

La segunda causa de debilitamiento del sistema es el cada vez mayor peso de los subsidios asistenciales –426 euros– respecto de la prestación contributiva –la cuantía depende del salario, la media en 2016 fue de 800 euros–. El aumento de las ayudas asistenciales se debe, otra vez, a la cronificación del paro. Y la consecuencia es un mayor riesgo de pobreza entre los desempleados: en 2016 el 46,5% de ellos se encontraba en situación de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sobre todo si se tiene en cuenta que los subsidios son mayoritariamente percibidos por los parados de más de 55 años: suman el 42,1% de sus beneficiarios. Además, determinan la pobreza futura. Estas ayudas no cotizan a la Seguridad Social, excepto el subsidio para mayores de 55 años –el SEPE ingresa la cotización, pero por la base mínima–, por lo que se recorta en buena medida la cuantía de la futura pensión.