Abanca presentó este viernes sus resultados del ejercicio 2022, en el que "generó 217 millones de beneficio, un 41% más que en 2021 en términos recurrentes", según la propia entidad. En este acto su presidente, Juan Carlos Escotet, anunció la intención de recurrir ante la justicia el impuesto del Gobierno a los beneficios extraordinarios de la banca por considerarlo "claramente inconstitucional". Según dijo, el impacto de ese impuesto en su entidad sería de unos 50 millones de euros.
A finales de este año, hará una década de la adjudicación de los restos de las antiguas cajas gallegas al grupo bancario de Juan Carlos Escotet, que renombró el negocio como Abanca. Una operación que supuso el primer rescate por parte del Estado de las antiguas cajas con alrededor de 9.000 millones de euros que el Banco de España dio por perdidos y la posterior venta de sus restos al grupo Banesco de Escotet por 1.000 millones, cifra que hace tiempo que ya superaron los beneficios que Abanca ha venido obteniendo.
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En este contexto, la presentación de este viernes de los resultados de 2022 dejó cifras como que Abanca ya gestiona un volumen de negocio de 106.000 millones de euros, algo más de 111.000 si se incluye la reciente compra de Targobank. Adquisiciones que han sido una constante desde la creación de Abanca y que siguen abiertas, no a corto plazo sino a medio, según sus responsables.
Sin embargo, Escotet lamentó que la estrategia de crecimiento de su entidad pueda romperse por el impuesto a las ganancias extraordinarias promovido por el Gobierno, que lleva meses criticando. Según explicó, tendría un efecto de unos 50 millones de euros en su cuenta de resultados, por lo que la entidad lo recurrirá "en su momento".
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Abanca presentó este viernes sus resultados del ejercicio 2022, en el que "generó 217 millones de beneficio, un 41% más que en 2021 en términos recurrentes", según la propia entidad. En este acto su presidente, Juan Carlos Escotet, anunció la intención de recurrir ante la justicia el impuesto del Gobierno a los beneficios extraordinarios de la banca por considerarlo "claramente inconstitucional". Según dijo, el impacto de ese impuesto en su entidad sería de unos 50 millones de euros.