Adicae critica los “inexplicablemente lentos” ritmos de funcionamiento de la comisión de cláusulas suelo

Adicae criticó los "inexplicablemente lentos" ritmos de funcionamiento de la comisión de seguimiento encargada de evaluar el cumplimiento del mecanismo extrajudicial establecido por el Gobierno para dar respuesta a las reclamaciones por cláusulas suelo, según informó Europa Press.

Los miembros de la comisión acordaron este miércoles que los bancos deberán remitir información sobre las solicitudes aceptadas para la devolución de las cantidades cobradas por cláusulas suelo consideradas abusivas y los importes acordados con los clientes, así como sobre aquellos casos en los que se haya propuesto una compensación y las peticiones que se hayan rechazado.

Además, la comisión estableció el 31 de octubre como fecha límite para que los bancos informen sobre el sistema que hayan implantado para comunicar a sus clientes que disponían de un contrato con cláusulas suelo, así como el 6 de noviembre para que las entidades realicen el primer envío de información, que deberá contener datos hasta el 30 de septiembre.

En opinión de la asociación de usuarios de banca, los acuerdos adoptados en la reunión de la comisión celebrada el miércoles, la primera desde su creación, son "completamente decepcionantes".

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Para Adicae, es "inexplicable" que "no se pusiera de inmediato en marcha el mecanismo oportuno" para que las entidades remitieran la información en febrero, tras la aprobación del mecanismo extrajudicial, o, "como máximo", en mayo, cuando se creó la comisión de seguimiento.

"Los retrasos en la propia creación de la comisión y la falta de medidas adecuadas han abocado al desbordamiento del sistema judicial y la decepción de los consumidores, instituciones de consumo y gran parte de la abogacía y la Judicatura", criticó la asociación.

Los plazos aprobados por la comisión en su reunión de este miércoles implican que su primer informe llegará al Congreso de los Diputados "prácticamente un año después de la promulgación del Real Decreto, pese a que el mismo establecía un plazo de seis meses", señaló Adicae.