Cuando el presidente francés François Hollande anunció en 2012 un impuesto del 75% para quienes ganaran más de un millón de euros, el más rico del país, Bernard Arnault, dueño de la empresa de lujo LVMH, solicitó la nacionalidad franco-belga, el actor Gérard Depardieu pidió el pasaporte ruso –Putin se lo concedió– y los principales clubes de fútbol amenazaron con una huelga porque 10 de sus jugadores tendrían que pagar a Hacienda. Sin embargo, el 60% de los franceses, según contaban entonces las encuestas, consideraban justo que, en tiempos de crisis, los más pudientes contribuyeran a recuperar las cuentas públicas.
El impuesto a las grandes fortunas planteado por Unidas Podemos, y que también gravaría las fortunas que superen el millón de euros con un 2% y con un 3,5% para quien posea más de 100 millones, ha llevado estos días a muchos adinerados españoles a los despachos de los gestores de sus patrimonios. “Estamos más en fase de inquietud que de movimientos efectivos y decisiones de traslados [a otros países]”, asegura no obstante Javier Gómez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). “Más ruido que nueces”, resumen por su parte fuentes de una entidad de la banca privada: “Sí que hemos tenidos muchas consultas, más que en ocasiones anteriores, pero traslados de patrimonios o sicavs a Luxemburgo, pocos, y de residencia a Portugal, muchos menos”.
En el mismo sentido se pronunció el pasado abril, durante la presentación de los resultados del primer trimestre, Dolores Dancausa, presidenta de Bankinter, una de las entidades españolas, junto con Banca March y Caixabank, cuyas divisiones de banca privada cuentan con oficinas en el Gran Ducado. “No estamos recibiendo peticiones de personas que quieren llevar dinero a Luxemburgo, pero sí estamos teniendo más consultas acerca de sus posiciones inversoras y de cómo adecuarlas a la volatilidad de los mercados”, aclaró.
Además, apunta Gómez Taboada, el nerviosismo de los muy ricos no responde tanto a “la presión tributaria” como a una “inquietud financiera”. “Tienen más miedo a perder su dinero que a la fiscalidad”, precisa. La banca privada habla del “riesgo país” por culpa de la crisis que ha desencadenado el coronavirus y se remite al Barómetro del Ahorro que publica Inverco, la patronal de los fondos de inversión. Lo que más valoran los encuestados a la hora de decidir dónde o cómo invierten es la seguridad y la rentabilidad. La fiscalidad, que hace uno años figuraba como segundo factor, sólo aparece ahora en cuarta posición de sus preocupaciones.
A la hora de explicar el motivo detrás de ese segundo plano coinciden todas las fuentes consultadas: los asesores fiscales, la banca privada e incluso los técnicos de Hacienda. “Desde el punto de vista fiscal, da igual que tengan el patrimonio en España o en el extranjero, se tributa en el lugar de residencia”, detalla José María Mollinedo, presidente del sindicato Gestha. Quienes posean bienes o derechos en el exterior deben rellenar el modelo 720 de la Agencia Tributaria, “y con cada salto de 20.0000 euros es necesario volver a presentarlo”, subraya. Si no se hace, además, la multa es de 5.000 euros por cada uno de los datos omitidos. “Nuestra misión es decírselo”, añaden las fuentes de la banca privada, que reconocen que “algún empresario y clientes con grandes patrimonios” se han acercado a preguntarles alertados por un posible aumento del riesgo país. “Pero se quedan pensando, de momento, porque Luxemburgo también es un país con unas tarifas bancarias muy caras”, precisa.
“Viajes de ida y vuelta”
Por su experiencia anterior, creen que de los pocos traslados que vayan a producirse, muchos serán “viajes de ida y vuelta”. También hubo consultas por motivos parecidos tras la crisis de 2008, en 2011 cuando se intervinieron las cajas de ahorro y tras el 1-O en Cataluña, cuando familias catalanas que abrían cuentas en Madrid, Valencia o Aragón, así como en Luxemburgo, Suiza y Andorra. “Pero al volver las cosas a su cauce, también regresaron la mayor parte de los grandes patrimonios que se habían trasladado, por un problema de costes”, recuerdan.
No obstante, y pese al mayor volumen de consultas, “de personas que nunca habían preguntado antes o que incluso decían que jamás sacarían su patrimonio de España”, las fuentes de la banca privada no aprecian ahora “más miedo” que en ocasiones anteriores o la existencia de “mayores incentivos” para que finalmente se consumen esos traslados.
Otro tanto ocurre con la supuesta fuga de ricos a Portugal. “Hay que distinguir entre el traslado del patrimonio y el de la persona”, indica Javier Gómez Taboada, “y el cambio real, no aparente, de residencia, es raro, inusual”. Entre otras causas, porque para establecer la residencia en el país luso y acceder a sus ventajas fiscales hace falta adquirir allí un inmueble de más de medio millón de euros o transferir al menos un millón de euros o crear 10 puestos de trabajo. Son algunos de los requisitos de las llamadas Visas Oro. A cambio, las rentas obtenidas en Portugal –porque hace falta tener en el país una fuente de rentas– se someten a un tipo del 20% en el equivalente al IRPF. Pero los patrimonios superiores a dos millones de euros y las plusvalías acumuladas deben seguir tributando en España. “No es tan sencillo cambiar de residencia”, concluyen. Como está pasando con quienes se mudan de comunidad autonóma para evitar el pago del impuesto de sucesiones, Javier Gómez Taboada subraya que muchos de ellos, más que irse, “dicen que se van”.
Hasta el pasado mes de enero sí que había ventajas fiscales en Portugal para quienes posean un plan de pensiones, porque no tributaba en ninguno de los dos países. Desde entonces, se paga un 10%. Esta exención ha levantado las protestas de Suecia, Finlandia y Francia, que han perdido a algunos de sus jubilados atraídos por el anzuelo fiscal portugués.
“Notamos más tranquilidad”
Las fuentes de la banca privada consultadas por infoLibre tampoco ven una alarma extraordinaria entre los accionistas de sicavs (Sociedades de inversión de capital variable), un vehículo utilizado por las grandes fortunas para tributar al mínimo. Sus beneficios se gravan sólo con un 1% en el impuesto de sociedades, en lugar del 25% habitual. “De hecho, notamos más tranquilidad”, aseguran. Es más, resaltan que trasladar una sicav a Luxemburgo tiene sus riesgos fiscales si cambia la normativa internacional. “Si un particular tiene un vehículo de inversión en el extranjero y éste es transparente”, exponen, “las rentas tributan en la sede del accionista, pero si no es transparente puede considerarse fuga de capitales y tendría que terminar declarándolo”. De modo que es mucho más sencillo liquidar la sicav o convertirla en una sociedad limitada o en un fondo de inversión.
En cualquier caso, no se está produciendo un cierre o traslado masivo de sicavs en España. Al menos a tenor de los datos que publican tanto la CNMV como la patronal Inverco. Desde el cierre de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de este año, el número de sicav contabilizadas por Inverco se ha reducido en 39; en los mismos meses de 2019 fueron 46. Según los registros de la CNMV, a 31 de marzo había 34 sicavs menos que en diciembre del año pasado, por 31 menos en el mismo periodo de 2019.
Pero el declive de las sicavs es un fenómeno constante que se retrotrae al menos hasta 2015. Desde esa fecha su número no ha dejado de caer. Hoy hay 732 menos que entonces, según los registros de Inverco. Su patrimonio conjunto asciende a 26.309,3 millones de euros, un 21,1% menos que hace cinco años. Han perdido 43.771 accionistas. Ahora se mantienen en España un total de 2.549 sicavs, con los datos de Inverco, que las cuenta por sus gestoras; 2.535 con los de la CNMV, que las registra nominalmente.
Detrás del supuesto miedo de los grandes patrimonios por sus sicavs se encuentra el acuerdo de gobierno firmado por Unidas Podemos y el PSOE, que devuelve a la Agencia Tributaria la competencia para vigilar que estas sociedades cumplen con los requisitos legales yque ya tuvo hasta 2005. También promete establecer un tope del capital que puede quedar en manos de un mismo inversor, para asegurarse, dice el texto, de que la sicav es realmente un instrumento de inversión colectiva y no una herramienta para que una familia eluda el pago del impuesto de sociedades. Sobre las sicavs recae la eterna sospecha de que muchos de los 100 accionistas necesarios para constituirlas son en realidad titulares de paja, los conocidos como mariachis mariachis, con los que la familia propietaria cubre el requisito legal.
También PP y Ciudadanos querían más control para las sicavs
El anuncio de cambios en la regulación de las sicavs es también una constante de los últimos años. Los prometió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no los llegó a ejecutar. E incluso aparecieron en los programas electorales del PP y Ciudadanos. Ya en 2015 Mariano Rajoy pretendió computar como accionistas sólo a quienes poseyeran más del 0,55% del capital de la sicav. Ciudadanos también quiso entonces devolver a la Agencia Tributaria la vigilancia de estas sociedades de inversión. Cuando los dos partidos firmaron en septiembre de 2016 su propio acuerdo de investidura, ambos puntos quedaron incluidos en el texto y tanto populares como naranjas los mantuvieron hasta la moción de censura que en junio de 2018 descabalgó a Rajoy de la presidencia del Gobierno.
Esa inseguridad jurídica es la que tiene en vilo a los propietarios de las sicavs y la que ha abocado a la liquidación, traslado, fusión o transformación de muchas de ellas. Para las fuentes de la banca privada consultadas, el regreso de estas sociedades al ámbito de competencias de la Agencia Tributaria sería “una fuente de pleitos segura”. Cada vez que los inspectores dictaran que un mariachi no es un accionista genuino, la decisión terminaría ante un tribunal. El sindicato Gestha también está en contra de que se les encargue el control de las sicavs. “Lo lógico ese que sea la CNMV la que las clasifique, la que diga si cumplen los requisitos legales o no”, alega José María Mollinedo, quien recuerda además que los tribunales ya han dictaminado en contra de las actas levantadas por la Agencia Tributaria a alguna sicav.
Gestha también concede que el tope de capital impuesto a los accionistas sí puede abocar a un cambio de fórmula de inversión. “Si el propietario de la sicav posee el 90% del capital y se fija porcentaje mucho más pequeño, tendría que vender la diferencia y perder el control sobre la sicav o irse a Luxemburgo, por ejemplo, si quiere mantenerlo”, advierte Mollinedo. Por ese motivo, el presidente de Gestha cree conveniente esperar a que la UE tome medidas equivalentes para evitar la huida de ese capital. En el Gran Ducado puede encontrar una ventaja añadida: el anonimato. En España, los accionistas de las sicavs son públicos, al sentarse en un consejo de administración. Pero muchos, –la mayoría, aseguran las fuentes de banca privada consultadas– no quieren que se conozcan sus nombres. “Es razonable que se quejen”, argumentan, “porque otros vehículos de inversión como los seguros, o las sicav luxemburguesas, son anónimos”.
Las sicavs abandonaron País Vasco y Navarra
En cambio, sobre la mesa no está de momento subir la tributación de las sicavs. Como sí hicieron hace 10 años, las haciendas forales del País Vasco y hace cinco la de Navarra. Las cuatro decidieron igualar la tributación de las sicavs con la general que se aplica a cualquier sociedad por sus beneficios, que entonces era del 28% –hoy ha bajado al 25%–. El resultado fue que este tipo de sociedades de inversión desapareció de ambos territorios. Según han confirmado a infoLibre las haciendas forales, las 87 de Bizkaia, 28 de Gipuzkoa y dos de Araba se trasladaron a Madrid o fueron liquidadas. En Navarra siguieron el mismo camino las ocho que estaban domiciliadas en la comunidad autónoma. Un total de 125 sicavs. Su desaparición, no obstante, no se dejó notar en los ingresos de las haciendas forales, aseguran.
“El fin de la [ventajosa] fiscalidad de las sicavs no es un drama”, replican las fuentes de la banca privada, “continuaremos con o sin ellas”. Gestha rechaza que los grandes patrimonios puedan tener “especial miedo” ahora, porque cuentan con un amplio abanico de fórmulas para rebajar su factura fiscal, desde recurrir a sociedades profesionales para tributar por sus actividades económicas hasta utilizar los vehículos de inversión a medida que les ofrecen sus asesores. Y cree que si trasladan sus patrimonios a Luxemburgo es “más por una cuestión operativa que real”. Los mensajes sobre una supuesta fuga de capitales –que “técnicamente no existe porque hay libertad de movimiento de capitales dentro de la UE”, precisa José María Mollinedo– son “mensajes interesados” de los asesores y de la banca privada a “sus propios clientes”. Las fuentes de la banca privada con las que ha hablado este periódico lo desmienten. “No somos defensores ni proactivos a la hora de recomendar a nuestros clientes que se lleven el dinero fuera”, recalcan, “por el contrario, creemos que donde mejor está el dinero es aquí y les dejamos claro que los impuestos que van a pagar si se van serán los mismos”.