La Audiencia Nacional anula la convocatoria de subvenciones para los cursos de formación de 2014

La Audiencia Nacional ha anulado la convocatoria de subvenciones para los cursos de formación de ocupados correspondiente a 2014. En una sentencia dictada el pasado 21 de julio, el tribunal da la razón a tres organizaciones empresariales, Confemetal y las patronales de hostelería y ayuda a la dependencia, que impugnaron la resolución del Servicio Público de Empleo (SEPE) por la que se repartían ese año 139 millones de euros.

La Audiencia Nacional revoca una sentencia anterior del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 4 y anula la convocatoria de subvenciones porque el SEPE no sometió su propuesta de distribución del presupuesto a la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, donde además de las administraciones públicas se sientan las organizaciones empresariales y los sindicatos. Según la sentencia, el informe que debía haber elaborado la comisión es, “sin ninguna duda”, “preceptivo” y “vinculante”. Contradice así al SEPE, que argumentaba que se trata de “un trámite ajeno a la aprobación de la convocatoria” y, por tanto, no resulta “esencial”.

También rebate la Audiencia Nacional al organismo público cuando éste alega que, si bien no solicitó el informe a la comisión, la convocatoria sí se sometió “a consulta” de empresarios y sindicatos. Los jueces resaltan que “dicho trámite no puede suplir la omisión del informe que de manera preceptiva debió emitir el órgano previsto legalmente al efecto”. Y que, por tanto, no puede confundirse consulta con informe obligatorio.

Es más, abunda la sentencia, “la inexistencia del informe no puede reputarse como una simple irregularidad no invalidante”. Por el contrario, destaca, el procedimiento supone una “garantía de acierto y de oportunidad de la decisión final que se adopte”, pues debe contener las bases y los argumentos que motivan y apoyan el reparto de los fondos.

De ahí que la Audiencia Nacional considere que la ausencia del informe preceptivo puede causar “indefensión en los destinatarios del acto, en la medida en que desconocen los motivos o la causa que preside la adopción de la resolución”.

En su demanda, las tres patronales habían aducido otros tres motivos para anular la convocatoria de subvenciones, pero la Audiencia Nacional no ha llegado a analizar ninguno de ellos: considera que la ausencia del informe constituye un “vicio de procedimiento” que anula la resolución del SEPE. Los empresarios impugnaban la convocatoria invocando que se había producido una “desviación de poder” al no haber respetado el SEPE el “carácter finalista” de la cuota de Formación Profesional con que se financian los cursos. Esa cuota, del 0,7% –0,6% a cargo de la empresa y 0,1% del trabajador–, debe destinarse a la formación profesional para el empleo, pero se ha dedicado a otros fines, denunciaban las patronales, como los cursos para parados.

Las organizaciones empresariales alegaban también que la convocatoria de subvenciones infringía la ley porque permitía a quienes no habían conseguido ser adjudicatarios de los cursos ser subcontratados por quienes sí los habían conseguido.

Agria batalla con el ministerio

Sindicatos y patronales libran una agria batalla con el Ministerio de Empleo a cuenta de los cambios que éste ha introducido en el sistema de formación para el empleo. Los agentes sociales se quejan de que se les ha excluido del sistema y privado de su derecho de participación a través de la Fundación Tripartita, ahora rebautizada como Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Así que la CEOE aplaude la sentencia. “Confirma que los agentes sociales tienen un papel fundamental, son los protagonistas del sistema”, explica Juan Carlos Tejeda, director del Departamento de Formación de la CEOE. “Que la Audiencia Nacional”, advierte, “tenga que recordarle al ministerio que los agentes sociales están reconocidos como tales en la Constitución es algo que éste debería valorar”.

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Empleo aseguró a infoLibre que el SEPE “subsanará el error”, tal y como la sentencia permite, solicitando el informe que omitió en su momento. Sin embargo, Juan Carlos Tejeda niega que se trate exactamente de un error, puesto que las patronales “avisaron al SEPE reiteradamente de que el informe era preceptivo y no hicieron caso”. Que Empleo esquivara a sindicatos y patronal a la hora de aprobar las subvenciones no es, resalta, un “hecho aislado”.

Así, la reforma del sistema no sólo ha reducido la participación de sindicatos y empresarios en el patronato de la Fundación Tripartita –donde ahora Empleo cuenta con mayoría absoluta–, sino que también ha excluido a ambos de la gestión y control de los cursos. El ministerio, además, ha abierto la a la libre concurrencia la oferta de cursos. De forma que sindicatos y patronal han puesto el grito en el cielo primero y desenterrado el hacha de guerra después.

Empleo cede ante sindicatos y patronal y les devuelve parte del control sobre la formación

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Sindicatos y patronal se desentienden 

El penúltimo episodio del enfrentamiento se vivió el pasado 29 de julio, cuando el Gobierno modificó “unilateralmente”, “sin respetar” un acuerdo anterior, del 12 de mayo, alcanzado en el patronato, para repartir las ayudas a la formación, según denunciaron entonces la CEOE, UGT y CCOO. Como consecuencia, las organizaciones empresariales, los sindicatos y algunas comunidades autónomas se desvincularon inmediatamente de la convocatoria.

El afán de reforma del Gobierno, amparado en la lucha contra el fraude, ha paralizado durante los dos últimos años el sistema de formación. En 2015 no hubo convocatoria de subvenciones y este año se ha hecho con tal retraso que los cursos no podrán empezar a impartirse antes de acabar el ejercicio. El Consejo de Ministros no aprobó el reparto de 250 millones de euros hasta el pasado 5 de agosto. El sistema debería atender las necesidades formativas de más de cuatro millones de personas, de los que la mayoría, 3,2 millones de trabajadores, participan en cursos a través de sus empresas.