Hay una realidad: las bajas laborales no han dejado de aumentar desde la pandemia. Sólo el año pasado se concedieron en el conjunto del país más de 8,1 millones por enfermedades y accidentes no laborales, lo que supuso un 11,3% más que el ejercicio anterior. Representaron un impacto económico para las empresas de 25.326 millones, según lo recogido en el último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Del global, 13.081 millones respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 fueron el coste directo para las entidades empresariales. Los datos de la Seguridad Social también reflejan que las ausencias temporales al trabajo por contingencias comunes se han elevado.
En ese contexto, ha originado revuelo la propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de abordar una reforma de la incapacidad temporal (IT), para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. La ha vinculado a "la voluntariedad” y a “la garantía de la salud y la seguridad" y ha puesto como ejemplo los tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones, pero no en la otra. Con todo, sus palabras han provocado la reacción inmediata de los sindicatos e incluso de otra ministra, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha avisado de que “ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega".
Este viernes 4 de octubre, Saiz ha defendido en Onda Cero que la iniciativa no tiene detrás una motivación económica y que lo que se busca es “ampliar derechos". "La salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable", ha subrayado Saiz, para incidir luego en que cualquier cambio será con la voluntariedad del trabajador, analizando cada caso, y con supervisión médica. Sobre el rechazo de Díaz, la titular de Seguridad Social ha replicado que se trata de competencias de su ministerio, pero ha avanzado que procurará el consenso con todas las partes.
Fuentes del Ministerio sostienen además que el debate está aún en “fase muy inicial”, pero que había que ponerlo encima de la mesa, al ser un tema “recurrente” en las reuniones de su titular “con colectivos, trabajadores, empresarios y organizaciones de muchas clases”. Y quieren dejar claro que serán “las mesas de diálogo social” el lugar donde se dé.
Elementos positivos
¿Existen algunos supuestos en los que esa flexibilidad en la vuelta al trabajo pueda tener sentido? Fuentes del ámbito laboral apuntan que “una incorporación progresiva al puesto, acordada entre el paciente y su médico de familia, puede ser beneficiosa en el caso de algunas patologías de tipo mental, por ejemplo, que no tienen un tiempo de recuperación tasado, como sí puede suceder si alguien que se rompe una pierna”. “Puede ayudar incluso a la recuperación del paciente”, añaden, siempre que “el facultativo médico lo vea conveniente”, insisten.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha mantenido, asimismo, que las bajas flexibles, esto es, que permitan incorporarse al puesto de manera paulatina en determinadas circunstancias, es una medida que "bien implementada, y con el trabajador en el centro, puede ser beneficiosa". Aunque la ministra de ese área, Mónica García, ha proclamado que garantizarán que "la salud" sea "lo primero en cualquiera de las visiones que se pueda tener sobre este tema".
Y desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se han mostrado a favor de crear bajas médicas "flexibles" que permitan trabajar, aunque puntualizan que "habría que valorar" cada historia personal, ya que no a todas las personas les afectan por igual los tratamientos contra la enfermedad.
Fuentes de la órbita económica aseveran que los sindicatos han puesto ya la lupa en alguna ocasión en la conveniencia de que, a través de los convenios colectivos, se desarrollen “protocolos y guías" para "la mejora de la gestión de la reincorporación de las personas trabajadoras después de bajas de larga duración”, con el fin de evitar que sea un hecho traumático.
Los sindicatos afean el modo de lanzar la idea
Pero las organizaciones sindicales ven riesgos en la propuesta lanzada por la ministra. A Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, de entrada, lo planteado le produce “verdadera incompatibilidad conceptual, si se concibe la incapacidad temporal como que una persona no está capacitada para ir a trabajar y por eso le dan una baja. No es cuestión de voluntad, es cuestión de salud y con la salud de las personas trabajadoras no se puede ser flexible. Y no deja de ser llamativo que alguien pueda tener incapacidad y capacidad laboral al mismo tiempo”, ironiza. A su juicio, el discurso de la “voluntariedad” es “peligroso” y supone quitar el foco “a lo importante: por qué hay tantas bajas y cuál es el tratamiento y el proceso de curación que proporcionan los servicios públicos de Salud". Considera que, "una vez se identifiquen las causas" de esa circunstancia, “se podrán eliminar parte de ellas con la prevención o mejorar el proceso de curación para que se acorten”. Pero "la situación de IT, que impide trabajar, es un derecho de la persona trabajadora para recuperar su salud", recalca.
Entiende que, "si de lo que se está hablando es de casos concretos como puede ser el de la baja de enfermos de cáncer o de bajas de larguísima duración", se puede "encontrar algún tránsito en las negociaciones entre empleadores, sindicatos y el propio Gobierno". "Pero -une- abrir algo sin delimitar, encierra un mensaje peligroso y el símil de la jubilación o del pluriempleo es muy desafortunado. ¿Quién en la vida real trabaja de albañil por la mañana y de teleoperador por la tarde, donde sí podría acudir, si tiene un problema de movilidad?", se pregunta. Para Luján, la ministra, "antes de lanzar una idea novedosa y curiosa, debería haberla llevado al diálogo social, para tener algo más de elaboración y de proposición. Igual, lo que está pensando para ahorrarse dinero, le sale mal”. El líder de su sindicato, Pepe Álvarez, ha sido más rotundo: "Cuando se salta el diálogo social vienen las ocurrencias", ha afirmado directamente en su perfil de X.
El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha afeado igualmente la forma de anunciar un cambio así, ha tildado el debate de "improvisado", y ha enmarcado el alza de las bajas y el gasto en IT en un mercado laboral más envejecido, a lo que hay que sumar el déficit de inversión sanitaria, que a menudo retrasa diagnósticos y tratamientos.
La patronal ve "positiva" la iniciativa
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en cambio, ve "positivo" que Saiz quiera flexibilizar la reincorporación de un trabajador tras una baja laboral, ya que, en su opinión, a veces los médicos recomiendan la vuelta voluntaria de los empleados. Piensa que el planteamiento de Saiz es "bueno" y va en línea con el Acuerdo Nacional de Convenios y el pacto de pensiones firmado con el Gobierno, donde se incidía en la necesidad de trabajar en "las bajas y todo el efecto del absentismo". "Es algo que en ciertos espacios tiene sentido, partiendo de la base, primero de la voluntariedad, que la ministra ha dicho, y dos, de los casos donde se pueda hacer", ha expuesto durante su participación en unas jornadas en Intereconomía.
De su lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido que se dé "una oportunidad" al diálogo sobre para armar la reforma. La mejora de la "capacidad de atención de los profesionales sanitarios" y las "nuevas técnicas" hacen que "la situación de la persona trabajadora que pueda estar en situación de baja o de alta no sea tan dicotómica, de blanco o negro, sino que pueda haber estados intermedios en los que voluntariamente el trabajador quiera incorporarse progresivamente", ha manifestado.
Hay una realidad: las bajas laborales no han dejado de aumentar desde la pandemia. Sólo el año pasado se concedieron en el conjunto del país más de 8,1 millones por enfermedades y accidentes no laborales, lo que supuso un 11,3% más que el ejercicio anterior. Representaron un impacto económico para las empresas de 25.326 millones, según lo recogido en el último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Del global, 13.081 millones respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 fueron el coste directo para las entidades empresariales. Los datos de la Seguridad Social también reflejan que las ausencias temporales al trabajo por contingencias comunes se han elevado.