Casi el 50% de personas que vivían de alquiler en 2021 se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha alertado de que las medidas coyunturales, como los créditos ICO para las hipotecas, no son "una fórmula milagrosa para resolver los desajustes de acceso a la vivienda", ya que se trata de un problema "estructural", según ha informado Europa Press.
"Es un problema que tiene muchas aristas. No hay ninguna solución que lo resuelva de manera inmediata", ha comentado Gavilán. El director general de Economía y Estadística ha explicado, como consta en el Informe Anual de 2022 del Banco de España, que la tendencia de vivienda en propiedad en España ha caído mucho en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes, y esto ha provocado "un aumento de la desigualdad".
En ese documento, el Banco De España recuerda que "existe evidencia de que un elevado porcentaje de vivienda en propiedad tiende a reducir la desigualdad de la riqueza", algo que ocurría en España en el pasado, ya que la tenencia de activos reales, especialmente, de la vivienda principal, era más generalizada que en otras economías europeas.
Sin embargo, desde 2014 se ha observado un cambio en esa tendencia, como consecuencia de la "acusada reducción del porcentaje de hogares propietarios de vivienda", sobre todo entre los jóvenes.
Crece la desigualdad por la menor posesión de viviendas
De hecho, entre 2011 y 2021 se incrementó en 4,2 puntos porcentuales el número de hogares españoles cuya residencia habitual no es una vivienda en propiedad, que se situó en el 24,2%. Pese a esta subida, sigue por debajo del 34,2% del área del euro, según expone el Banco de España en su informe.
Este repunte en la demanda de los alquileres también se ha reflejado en los precios, que, en comparación con las rentas del trabajo, han aumentado la proporción de población en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringida en otros bienes y servicios.
Así, como señala el Banco de España en su informe, en 2021 un 48,9% de los hogares españoles que residían en viviendas de alquiler se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social, el porcentaje más elevado de la Unión Europea (UE), mientras que un 40,9% dedicaba más del 40% de su renta disponible a la vivienda, frente a un 21,2% en el promedio de la UE.
"El aumento de la demanda de alquiler entre los colectivos con menor renta está relacionado con la situación del mercado laboral y los criterios de concesión de crédito hipotecario. La residencia en viviendas de alquiler es relativamente mayor en los trabajadores asalariados sin contratos a tiempo completo y entre los desempleados", agrega.
Efectos "adversos" de la ley de vivienda
El Banco de España también cita en su informe la tendencia alcista de las rentas del alquiler tras la pandemia. Si bien entre 2020 y 2021 se registraron caídas de entre el 3,5% y el 4%, se revirtieron en 2022, con repuntes de entre el 7% y el 7,5%.
El Informe alerta de que "el reciente dinamismo de los precios del alquiler se produce en un contexto de oferta restringida por el limitado aumento de la provisión pública de alquiler social y la aparición de usos alternativos de la vivienda residencial".
De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el parque de vivienda de alquiler social de titularidad pública se situaría en torno a las 290.000 viviendas, en las que residirían un 1,6% de los hogares. Estas cifras contrastan con el parque de vivienda en alquiler social de otras economías europeas, cuyas ratios sobre el total del stock de vivienda se sitúan en el 7,5% en el promedio de la UE.
Además, el Banco de España también señala entre las causas del incremento de las rentas el crecimiento de las viviendas turísticas, que suponen un 1,2% del parque total de viviendas, así como la aparición de nuevas formas de arrendamiento por períodos inferiores a un año en mercados en los que existe una elevada demanda de vivienda residencial.
Ante esta situación, el Banco de España valora en su informe la futura Ley por el Derecho a la Vivienda. De ella reconoce su "énfasis en el necesario incremento de la oferta de vivienda en alquiler", aunque cuestiona algunas medidas, como el control de rentas, que "podría generar efectos indeseados a medio plazo".
"La literatura económica ha señalado que, si bien los controles de precios muestran capacidad para reducir los precios del alquiler a corto plazo en las zonas reguladas, esta política puede generar efectos adversos sobre la oferta de alquiler, así como segmentación en el mercado inmobiliario", recalca el documento.
Entre esas consecuencias "adversas", el Banco de España alude a la reducción del número y de la calidad de las viviendas disponibles en el mercado, a los cambios en la composición de la oferta e incrementos de precios en segmentos no regulados.
"Apoyo decidido" a la oferta privada de alquiler
El Banco de España también aboga por un "apoyo decidido de la oferta privada de alquiler", ante "la considerable magnitud del desequilibrio actual entre la oferta y la demanda". De esta forma, sostiene, se mitigarían las dinámicas alcistas en los precios del alquiler que se observan en las áreas tensionadas.
Para ello, se recomienda evitar medidas que distorsionen de manera asimétrica las señales de precios, reforzar la seguridad jurídica efectiva de los propietarios de vivienda en régimen de alquiler y reducir la incertidumbre regulatoria en este mercado. Además, tampoco descarta medidas fiscales y regulatorias para incrementar la oferta de alquiler residencial por parte del sector privado profesionalizado. El Banco de España insiste en evaluar "con rigor" la futura norma para evaluar su alcance.
Producto Interior Bruto
Por otro lado, el Banco de España ha anticipado una nueva revisión al alza de sus previsiones para el Producto Interior Bruto (PIB) español en 2023 desde el 1,6% estimado en marzo hasta cerca del 2%, debido al mejor comportamiento de economía en la primera parte del año pese al entorno de incertidumbre internacional, según ha informado Europa Press.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado que la actividad económica en España se ha mostrado más resistente de lo inicialmente previsto, y en los meses transcurridos de 2023 parecen advertirse señales de un renovado dinamismo.
La probable nueva revisión al alza del PIB en 2023 por parte del Banco de España hasta el entorno cercano al 2% se acercaría a las estimaciones mantenidas por el Gobierno en el Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido a Bruselas hace unas semanas, donde se proyecta un crecimiento de la economía este año del 2,1%.
Según el Banco de España, al incremento del ritmo de avance del PIB contribuirán, entre otros factores, la disminución prevista de las presiones inflacionistas —con la consiguiente recuperación de la confianza y de las rentas reales de los agentes—, la desaparición de las disrupciones en las cadenas productivas globales y el despliegue de los fondos vinculados al programa Next Generation EU (NGEU).
Las previsiones de evolución de la actividad del Banco de España en el horizonte 2023-2025 anticipan un cierre gradual de la brecha existente tras la pandemia entre el PIB español y el del área del euro. Si se toma como referencia el momento previo al inicio de la pandemia, el nivel del PIB real de España se sitúa todavía un 0,2% por debajo del observado entonces, mientras que en el área del euro está 2,5% por encima.
En todo caso, el organismo advierte de que la incertidumbre es elevada y persistente, y existen riesgos de que se materialicen escenarios menos positivos. Entre las principales fuentes de incertidumbre destaca la posibilidad de que se produzcan nuevos episodios de inestabilidad geopolítica global, quizás acompañados por nuevas alzas de los precios de la energía.
También existe una considerable incertidumbre acerca del ritmo de descenso de la inflación no energética, que dependerá de aspectos como la fortaleza de la demanda, la emergencia de efectos de segunda vuelta significativos sobre la inflación vía márgenes o salarios, y el grado de tensionamiento necesario de la política monetaria, cuyo impacto sobre la vulnerabilidad financiera de hogares y de empresas, sobre sus decisiones de consumo e inversión, y sobre el conjunto de la demanda agregada es, asimismo, muy incierto.
Las posibles tensiones financieras que puedan derivarse del proceso —muy rápido, intenso y sincronizado a escala global— de endurecimiento de la política monetaria constituyen otra fuente de incertidumbre, especialmente después de las turbulencias financieras que se observaron el pasado marzo.
Además, en el ámbito interno, subsisten incertidumbres acerca de la posible contribución al consumo privado del ahorro acumulado por los hogares durante la pandemia, y en torno al ritmo de ejecución de los proyectos asociados al programa NGEU y a su capacidad para incrementar el crecimiento potencial de la economía.
Espera que la inflación no energética se desacelere
Tras un periodo de intensas presiones inflacionistas y después de que la energía haya moderado su ascenso, el Banco de España espera que la inflación no energética se desacelere gradualmente en el horizonte temporal 2023-2025. Eso sí, desde el organismo aseguran que evaluarán el posible impacto en los precios de la sequía que actualmente atraviesa el país.
Aun así, las previsiones de moderación de estos precios se sustentan en la desaparición de las distorsiones que todavía persisten en las cadenas globales de suministro, en el impacto gradual del endurecimiento de la política monetaria sobre la demanda, en la progresiva traslación de las reducciones recientes de los costes energéticos a los precios del resto de los bienes y servicios, y en los efectos de la apreciación del euro desde el pasado otoño.
Esta moderación a partir de ahora no ha evitado que la disminución del poder adquisitivo de las rentas de los hogares y la subida de los tipos de interés hayan limitando el avance del consumo privado. Además, desde el organismo estiman que casi el 45% del abultado ahorro extraordinario acumulado durante la pandemia se mantiene en depósitos bancarios, pero ven probable que estos recursos no proporcionen un impulso significativo al consumo.
El impacto de las medidas de apoyo al repunte de la inflación
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En este informe, el Banco de España ha hecho una estimación sobre el impacto de las medidas de apoyo frente al repunte de la inflación y la crisis energética. Si se consideran exclusivamente las actuaciones con impacto presupuestario directo, el grueso de ese coste se concentra en los años 2022 y 2023 (1,4% y 0,9% del PIB, respectivamente). Para el conjunto del período 2021-2025, el impacto presupuestario estimado se sitúa en un rango comprendido entre el 2,5% y el 2,9% del PIB.
Si se analiza la contribución de dichas actuaciones al crecimiento del PIB, el impacto habría sido de 0,2 puntos porcentuales, 1,1 puntos y 0,1 puntos en 2021, 2022 y 2023, respectivamente. De acuerdo con la información ahora disponible, la mayoría de las medidas serán retiradas en 2023 y 2024, lo que originará una contribución negativa a la tasa de crecimiento del PIB de casi 0,6 puntos porcentuales en 2024.
Respecto a la inflación, las diferentes actuaciones públicas desplegadas habrían supuesto una reducción de la tasa de crecimiento del IAPC de 0,8 puntos porcentuales y 2,3 puntos en 2021 y 2022, respectivamente. No obstante, como cabía esperar dada su naturaleza transitoria, su progresiva retirada en 2023 y 2024 haría que la tasa de variación de los precios de consumo se viera incrementada en 0,3 puntos y en 1,6 puntos, respectivamente, en dichos ejercicios.
