DESREGULACIÓN LABORAL

El Banco de España propone acabar con el salario mínimo

El Banco de España vuelve a preocuparse por los problemas del mercado de trabajo nacional. Como su predecesor en el cargo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que no se cansó de reclamar una reforma laboral “ambiciosa”, Pablo Linde ha aportado una nueva sugerencia en la materia: acabar con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En su memoria de 2012, el organismo supervisor propone que se permita a las empresas contratar por debajo de los 645,30 euros mensuales en que está fijado este año el sueldo mínimo. El Banco de España lo plantea sólo como “mecanismo excepcional” y para que el paro de larga duración se convierta en un fenómeno “crónico”. A su juicio, el SMI actúa “como una restricción para grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades para su empleabilidad”.

No es ésta la primera vez que se lanzan dardos contra el Salario Mínimo Interprofesional. Ya en noviembre de 2011, el vicepresidente de la CEOE Javier Ferrer quiso recuperar la figura del aprendiz, jóvenes que cobraran “300, 400 o 500 euros” hasta que acabaran su periodo de formación.

También el traslado de los minijobs alemanes –un máximo de 15 horas semanales a cambio de 400 euros– a España ha sido una posibilidad instigada de forma intermitente tanto por la patronal como por algunos economistas. Sin embargo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la descartó en su momento: “Ningún joven puede cobrar menos del Salario Mínimo Interprofesional”, aseguró en su primera comparecencia en la Comisión de Empleo en el Congreso, en febrero de 2012.

Debate en Alemania

La sugerencia de Linde llega precisamente cuando en Alemania se debate la conveniencia de instaurar un Salario Mínimo, a la vista de la precarización sufrida por mano de obra en los últimos años. La cuarta parte de los trabajadores alemanes cobra menos de nueve euros por hora, 1,4 millones no llegan a los cinco. La Cámara Alta alemana aprobó el pasado mes de marzo un tope mínimo salarial de 8,5 euros por hora. El español es ahora de sólo 2,67 euros. Los conservadores de Angela Merkel se oponen a la medida.

España es uno de los países de Europa con el SMI más bajo. En Francia es de 1.425,67 euros, y en Luxemburgo, el más alto, alcanza los 1.801, 49 –ambos con 12 pagas, los 645,30 españoles incluyen 14–. Este año ha subido un 0,6%. En 2011 quedó congelado. En la campaña electoral de 2007, José Luis Rodríguez Zapatero prometió que en 2013 el SMI sería de 800 euros. Las políticas de austeridad han dejado esa cifra casi en el terreno de la ciencia ficción. E incluso resurgen las voces que piden su supresión de facto.

Más desregulación laboral

Pero la propuesta del Banco de España es, en realidad, más amplia. Pide una aún mayor desregulación de las relaciones laborales. También sólo para “casos especiales”. Quiere “fórmulas nuevas” para incumplir –lo llama “desviación temporal”– las condiciones salariales establecidas en los convenios colectivos. Cree que así se creará empleo a corto plazo, introduciendo “flexibilidad salarial”. La reforma laboral ya permite modificar la cuantía de los sueldos y cambiar la estructura de las retribuciones –parte fija, parte variable, complementos–, también descolgarse del convenio colectivo.

Tampoco le parece adecuado al Banco de España que, cuando se recupere la economía, los convenios vuelvan a subir los sueldos según lo haga la inflación. Un índice, el IPC que la patronal y el Gobierno quieren que deje de servir para actualizar los salarios privados, pero también los precios, las pensiones y las rentas públicas.

"No cumple con sus funciones"

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, reprochó ayer al órgano supervisor que pretenda "sacar a España del modelo social europeo y avanzar hacia un modelo semiesclavista en el que los trabajadores no tengan derechos ni salarios dignos”.

A su juicio, el Banco de España actúa como “un centro doctrinario al servicio de las grandes corporaciones empresariales y de las grandes entidades financieras”. También le acusa de no haber sabido “prever los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria”. "En lugar de cumplir con sus funciones", destaca Ferrer, el órgano encabezado por Pablo Linde "plantea una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral y a la devaluación salarial que está imponiendo la UE y el Gobierno del PP”.

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