Calviño rechaza controlar el precio del alquiler y confía en que Unidas Podemos se conforme con más viviendas sociales

La futura Ley de Vivienda, nacida de un pacto rubricado en octubre entre los socios de Gobierno para consolidar los Presupuestos Generales del Estado, está negociándose pero las conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos se hallan estancadas, según han reconocido públicamente las dos partes. El mayor atasco de esta ley que abordará los desahucios, el papel de los fondos de capital riesgo o las viviendas vacías, se produce ahora mismo en las posibles medidas de control de precios de los alquileres, la medida estrella. De acuerdo con lo firmado hace cuatro meses, en las zonas tensionadas se habilitarán "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes".

El PSOE ya rechazó esta propuesta de UP en 2018 y la parte socialista del Gobierno sigue teniendo muchas dudas al respecto. Y entre los recelosos destaca el Ministerio de Economía, cuya titular, Nadia Calviño, ha dejado caer varias veces que ella no es partidaria de adoptar un límite de precios a los alquileres. Fuentes cercanas a Vicepresidencia indican que esa posición se mantiene intacta, y que Economía aboga claramente por aumentar la oferta de viviendas sociales o alquileres asequibles. Una idea que encaja con el anuncio de este miércoles de que Economía y Transportes van a disponer de 10.000 nuevas viviendas sociales sociales tras un acuerdo con el banco malo Sareb.

A finales de octubre, un argumentario del ministerio –al que ha tenido acceso infoLibre– ya valoraba "desfavorablemente" establecer un "mecanismo de control de precios análogo al aprobado en Cataluña en la Ley 11/2020", ley autonómica aprobada en septiembre pasado en el Parlament que apunta en la misma dirección que UP. Según este documento, "los efectos de la regulación de las rentas iniciales de alquiler podrían tener efectos considerablemente negativos en el mercado de la vivienda e incluso en su asequibilidad".

"Se considera necesario llevar a cabo políticas públicas alternativas a la regulación de precios del alquiler para mitigar la dificultad creciente de acceso a la vivienda de los hogares vulnerables", continúa el argumentario. "Como pueden ser las destinadas a incrementar la oferta de vivienda en alquiler, mejorar el conocimiento del mercado del alquiler, el desarrollo de un parque público de viviendas a precios reducidos para su arrendamiento y el fomento de las iniciativas público-privadas para la construcción de viviendas en régimen de tenencia temporal a precios inferiores a los de mercado".

El texto de Economía recordaba que la ley catalana se dirimía en los tribunales, al interponerse "un recurso de inconstitucionalidad" por parte del PP que fue admitido en enero, pero que de momento no anula los efectos de dicha ley. Personas de confianza de la vicepresidenta aseguran que ésta nunca ha cambiado de parecer: a Calviño -señalan- le preocupa la "inseguridad jurídica" del control de precios, ve sus efectos "limitados" y no cree que haya demasiadas experiencias exitosas a nivel nacional o internacional.

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Además, el argumentario de la Vicepresidencia económica se manifestaba en contra de prohibir "todos" los desahucios (porque hacerlo de manera indiscriminada podría agravar el "impacto sobre la seguridad jurídica de los arrendadores") y también en contra de prohibir el régimen de Sociedades Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis). Sobre esto último, Economía cree que estas sociedades "aportan beneficios al mercado inmobiliario español" como la "diversificación", la "mayor liquidez de las carteras inmobiliarias" o el "desarrollo de un mercado del alquiler profesional".

Pero el que negocia la futura ley no es Economía, sino el equipo del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, concretamente el secretario general de Vivienda, David Lucas, que es el encargado de reunirse con Ione Belarra, secretaria de Estado de la Agenda 2030 y dirigente morada. Y Transportes anunció con Economía que pondría en el mercado 10.000 nuevos alquileres sociales, anuncio que liquida de facto el hasta ahora denominado Plan 20.000, presentado en 2018. 

¿Qué era el Plan 20.000? La construcción de 20.000 alquileres asequibles (concretamente 24.000) en suelos del Estado (especialmente del Ministerio de Defensa) promovidos por organismos públicos como Sepes en ciudades con los precios por las nubes. Ahora el nombre ha cambiado y se llamará Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible,y espera gestionar unas 50.000 viviendas: las 24.000 del antiguo plan, 15.000 del banco malo Sareb (5.000 que ya habían sido cedidas a las comunidades autónomas a sumar a las 10.000 anunciadas ayer, de las que solo 5.000 estarán disponibles a corto plazo) y 11.000 viviendas del Fondo Social de Vivienda creado en 2013 (hasta ayer el fondo manejaba 9.950 viviendas sociales). 

Con este incremento, que debería de tener efectos sobre la oferta al aumentar el parque disponible, Economía espera convencer a sus socios de Gobierno.

Acusaciones entre los socios

Pero más allá de los anuncios en materia de vivienda social, el nudo gordiano estará en la negociación entre socialistas y morados: UP ha acusado al PSOE de retrasar las conversaciones entre Lucas y Belarra por las elecciones catalanas. En UP critican igualmente que ellos han enviado hace varias semanas una propuesta de mecanismo de control de precios al equipo de Ábalos, sin haber obtenido respuesta de vuelta. Los socios menores dicen que el PSOE no comparte los borradores. Para complicar más las cosas, este lunes elDiario.es aseguraba que el Ministerio de Transportes se está fijando en la vía portuguesa: algo así como una adhesión voluntaria a un programa para arrendar la propia vivienda por debajo del precio de mercado a cambio de beneficios fiscales para los propietarios. Una medida que desde luego dista de la pactada.

En las últimas semanas, Podemos ha lanzado dos propuestas que han sido inmediatamente rechazadas por Ábalos: que la consideración de "grandes propietarios" o "grandes tenedores" se amplíe hasta alcanzar a los poseedores de cinco o más inmuebles, y no los 10 o más actuales; y obligar a los fondos a que destinen un 30% de su cartera de pisos a viviendas sociales. "Esta semana continúan las negociaciones", se limitan a decir en el Ministerio de Transportes. En UP también guardan silencio, en vista de la reanudación de las conversaciones.

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Países Bajos o Dinamarca

La discusión por los precios de la vivienda crece cada día en España: la Agencia Negociadora del Alquiler –perteneciente a Alquiler Seguro, una empresa que defiende a los propietarios de los pisos y, por tanto, un actor de parte– publicó el martes una nota de prensa recogida por varios medios asegurando que. si se aplicaran los índices que prevé el Gobierno en la futura ley para contener los precios, los alquileres se encarecerían un 33%. La nota fue duramente criticada en redes, ya que la empresa estaba realizando su estudio sobre... un total de 29 viviendas. 

En el lado contrario, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos siempre destaca que los mecanismos de control de precios llevan más de tres décadas funcionando exitosamente en países como Países Bajos o Dinamarca. El sindicato rechaza igualmente las críticas al supuesto fracaso de este modelo en Berlín, asegurando que no ha transcurrido un tiempo suficiente. Y afirman que en los grandes núcleos urbanos como Madrid o Barcelona los precios no han bajado lo que deberían durante la crisis del covid-19. En Cataluña el pasado domingo el electorado respaldó abrumadoramente a partidos que apoyaron la ley regional de control de precios en septiembre: JxCat, ERC, los Comuns y la CUP. La suma de los cuatro se eleva hasta 83 escaños (la mayoría absoluta está en 68).