Sindicatos y patronal han salido este miércoles de la reunión con el Gobierno sin conocer ni una sola propuesta sobre el pacto de rentas que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quería resucitar para frenar la inflación desbordada y dar “confianza y estabilidad” a los trabajadores y las empresas. “No tenemos ningún indicio de por dónde quiere el Gobierno abordar el pacto de rentas”, resumió la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, tras sentarse durante una hora con las ministras del área económica del Ejecutivo, a excepción de Yolanda Díaz, que se encontraba en Roma.
Poco antes, la propia Nadia Calviño había eludido responder a las preguntas de los periodistas que querían saber qué va a contener el pacto de rentas: pensiones, salarios de funcionarios, modificaciones en el impuesto sobre sociedades, otra subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de que acabe el año… Todas son medidas que le reclaman los sindicatos y la patronal, así como el Banco de España.
De forma que tanto Mari Cruz Vicente como su homólogo en UGT, Mariano Hoya, coincidieron en asegurar que las posibilidades de alcanzar un pacto de rentas, al menos tras esa primera reunión tan difusa, son “las mismas” que hace dos meses, cuando el pasado mayo se rompieron las negociaciones entre los sindicatos y la CEOE para firmar el acuerdo marco de salarios de los próximos tres años. La patronal, que también asistió a la convocatoria del Gobierno este miércoles, no compareció ante los medios tras la reunión.
Calviño se limitó a calificar la cita de “productiva” y a indicar que veía a los agentes sociales “abiertos a trabajar” para cerrar el pacto de rentas. Sólo dijo que el Gobierno quería un acuerdo de tres años, hasta 2025, “de moderación de rentas empresariales y salariales”. Cuando se le preguntó por posibles cambios en el impuesto de sociedades para gravar los beneficios de las empresas, la vicepresidenta primera mencionó únicamente el impuesto a las compañías energéticas ya anunciado por el Gobierno. Y cuando se le inquirió sobre la segunda subida del SMI para este año que ha reclamado UGT sólo recordó el “compromiso” del Ejecutivo para que al final de la legislatura el salario mínimo iguale el 60% del salario medio. Tampoco dio ningún detalle sobre si, como le ha pedido la CEOE, el acuerdo de rentas incluirá las pensiones y los salarios de los funcionarios. Apenas adelantó que el Gobierno empezará a trabajar “desde mañana mismo” con los agentes sociales “en distintas composiciones” y “de forma discreta”, sobre la base de la experiencia de cuatro años de Diálogo Social.
Por su parte, CCOO y UGT se reafirmaron en su objetivo de que el pacto de rentas no se edifique sobre la contención salarial. “Los salarios no son los causantes de la inflación”, subrayó Mariano Hoya. Mari Cruz Vicente puso en valor la necesidad de incluir cláusulas de revisión salarial para garantizar el poder adquisitivo al final de cada año. Y ambos se mostraron dispuestos a volver a sentarse con la patronal en septiembre para resucitar el acuerdo salarial malogrado en mayo.
Una propuesta del Banco de España antes de la guerra
Desde que el otoño pasado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, propusiera un pacto de rentas para atajar la inflación, que entonces estaba en el 5,5% –y la subyacente, sin energía ni alimentos, sólo en el 1,7%–, el alza de los precios ha dejado de ser una perturbación temporal y se ha convertido en la principal preocupación de ciudadanos, gobiernos y bancos centrales. Hoy, sólo la inflación subyacente ha igualado ese 5,5% en que estaba el IPC general hace siete meses y el IPC general supera ya el 10%. Pero del pacto de rentas que primero planteó De Cos y, tras estallar la guerra en Ucrania, reclamó también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nada se ha sabido hasta ahora. El fracaso de las negociaciones entre los sindicatos y la patronal para firmar un acuerdo marco que fije las subidas salariales de los próximos tres años dinamitó finalmente una iniciativa que no había suscitado entusiasmo cuando el gobernador del Banco de España la expuso. Ahora, la persistencia de la inflación y la perspectiva de un otoño e invierno aún en guerra y con graves carencias energéticas en toda Europa ha devuelto el pacto de rentas a la agenda política.
Los sindicatos siempre han dicho que el pacto de rentas debe ir más allá del acuerdo salarial. Y lo han repetido este miércoles antes de sentarse con Nadia Calviño. El Gobierno tiene que convertirse en “actor principalísimo” y precisar “qué pone encima de la mesa”. En concreto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, reclama “medidas fiscales ofensivas y valientes”. Si hay que redistribuir las pérdidas que ocasiona la inflación, como pidió Hernández de Cos, también deben recortarse los “miles de millones en excedentes” que están consiguiendo las empresas. Es decir, “hay que tocar el impuesto sobre sociedades”, instó Sordo, a quien no le basta el impuesto a los beneficios extraordinarios de eléctricas y petroleras anunciado por el Ejecutivo. Además de aplicar medidas “eficaces” para contener los precios, añadió, hace falta un pacto fiscal “más ambicioso” vinculado a la protección de quienes lo están pasando peor.
En parecidos términos se ha expresado también el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien calificó de “razonables” las subidas salariales que los sindicatos están reclamando en las mesas donde negocian convenios colectivos. “El 3,5% para este año, 2,5% para 2023 y 2% para 2024, incluyendo cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo”, resumió. Los dos sindicatos mayoritarios convocaron para este miércoles concentraciones de protesta ante la sede de las principales patronales para exigir aumentos salariales y para pedir a la CEOE que vuelva a sentarse a negociar un acuerdo marco de salarios que no sólo garantice el poder de compra de los trabajadores sino también “pacifique” la negociación de los convenios. Sordo destacó que se están firmando convenios con subidas salariales por encima del 4%, pero sólo tras alcanzarse “altos niveles de conflictividad social”. Puso el ejemplo del sector del metal en Cantabria, donde se firmó ese aumento y se consiguió la cláusula de revisión salarial después de 20 días de huelga, y en A Coruña, donde la huelga duró cuatro días. En otoño, advirtió, continuará el “tensionamiento” de la negociación colectiva que ambos sindicatos anunciaron tras romperse el diálogo con la patronal el pasado mayo.
La patronal, contra una segunda subida del SMI este año
La CEOE, por su parte, rechaza reducir unos márgenes que considera aún muy tocados por efecto de la pandemia. Tampoco quiere oír hablar de cláusulas de revisión salarial, que se convirtieron en el elemento que dio al traste con el acuerdo marco salarial en mayo. En diciembre de 2021, el 15,8% de los trabajadores disfrutaban de una de estas cláusulas de garantía en sus convenios; en mayo de este año son ya el 25,7%.
El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, precisó este mismo miércoles que no se opone a subir los salarios, aunque sí a que éstos suban tanto como la inflación. De momento, la media de mejora salarial firmada en convenio no supera el 2,4%, según la estadística del Ministerio de Trabajo.
La patronal prefiere poner el foco en las pensiones y el salario de los funcionarios, que a su juicio deberían incluirse en el pacto de rentas. “Cada punto [que se suban las] las pensiones son 1.700 millones y en la reposición del próximo año del baby-boom son 4.000 millones de euros más. Podemos estar hablando de 17.700 millones más de coste en pensiones”, ha destacado en declaraciones a Onda Cero. “Todos queremos”, continuó, “que los pensionistas cobren y los salarios suban, pero lo que no queremos es que quiebre el sistema”. También culpó al Estado de “influir” para que la inflación se dispare, al recaudar “más de 20.000 millones de euros” gracias al alza de los precios. Una cantidad, dijo, que debería dedicarse a atender las necesidades básicas de los ciudadanos.
Sólo medio millón de trabajadores tienen asegurada por convenio una subida de sueldo mayor del 3%
Garamendi rechaza igualmente una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ya ha avanzado Pepe Álvarez y apoyado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Según la ley, el SMI debe revisarse cada seis meses, estamos en nuestro derecho de pedir al Gobierno que lo haga antes de que termine el año”, anunció el líder de UGT. En enero el salario mínimo alcanzó los 1.000 euros mensuales. El presidente de los empresarios ha descalificado “los mensajes de la vicepresidenta”: “Son en pura clave electoral, no es realista lo que plantea”, ha zanjado.
Unidas Podemos insiste en exigir la reforma fiscal que el Gobierno quiere aplazar para el año próximo, en vista de las grises perspectivas económicas para el fin de este ejercicio. “Las empresas del Ibex-35 están ganando más que nunca y las eléctricas y petroleras se están forrando”, ha denunciado el portavoz del grupo, Pablo Echenique. Sin esa reforma, abundó, el pacto de rentas “quedará desvirtuado”.
Es decir, en ese reparto “ineludible” –el adjetivo que utilizó el gobernador del Banco de España– de la pérdida de riqueza que supone la inflación, el pacto de rentas debería añadir al acuerdo salarial un pacto fiscal para moderar los márgenes empresariales y medidas de ayuda a los ciudadanos más perjudicados por las subidas desbocadas de los precios. Al menos es lo que piden las partes convocadas y los tres elementos que dibujó Hernández de Cos cuando presentó su propuesta. Pero de momento, el Gobierno no ha revelado ni un solo detalle de cómo quiere diseñarlo.
Sindicatos y patronal han salido este miércoles de la reunión con el Gobierno sin conocer ni una sola propuesta sobre el pacto de rentas que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quería resucitar para frenar la inflación desbordada y dar “confianza y estabilidad” a los trabajadores y las empresas. “No tenemos ningún indicio de por dónde quiere el Gobierno abordar el pacto de rentas”, resumió la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, tras sentarse durante una hora con las ministras del área económica del Ejecutivo, a excepción de Yolanda Díaz, que se encontraba en Roma.