Barcelona se queda sin pisos de emergencia social tras multiplicarse por 80 la lista de espera en diez años
Meses o años viviendo en literas de habitaciones de hostal, en algunos casos sin derecho a cocina o hasta con cucarachas. Estas son algunas de las situaciones que han relatado algunas familias desahuciadas tras solicitar una vivienda de emergencia social en Barcelona y que critican los sindicatos de vivienda de la ciudad. Un modelo que el Síndic de Greuges de la ciudad también ha pedido mejorar.
Ante la falta de pisos a precio accesible disponibles, pensiones y hostales se han convertido en destinos frecuentes como Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU), que ofrece la Mesa de Emergencia Social de la ciudad.
El plan de contratación pública del ayuntamiento prevé destinar 164,5 millones en cuatro años para estos alojamientos (ATU) en Barcelona y en el Área Metropolitana. Una parte del monto la gestiona un operador turístico, BDC Travel, que realiza el contacto con los hostales en la ciudad y distribuye a las familias en función de las plazas vacías. El tiempo en el que se quedan las familias en las pensiones debería ser temporal, pero se está cronificando.
Cada año se ha agrandado la lista de espera para acceder a pisos de la Mesa de Emergencia. En los últimos diez años se ha multiplicado por 80 la lista de familias con derecho a un piso social. Si en el primer trimestre de 2016 la lista tenía una media de ocho expedientes en espera, en el primer trimestre de 2025 la media ya es de 700 familias que esperan poder acceder a una vivienda.
Desde 2014 los precios de alquiler han subido un 70% en Barcelona, según datos de la Agencia Catalana de Vivienda, y un 60% en la venta, una situación que ha agravado la carencia de pisos de emergencia social en la ciudad. Ante esta situación, han proliferado las derivaciones a pensiones y hostales.
Alojamientos temporales crónicos
“Yo podría pagar un piso a precio social, pero no lo encuentro”, se queja S. P., que vive desde hace ocho meses en el hostal BeSound del Raval junto con su pareja y sus dos hijos menores de cinco años y nueve meses. La familia tiene escolarizado a su hijo en el mismo barrio y afirma que en el Raval solo encuentran alquileres de temporada con precios inasumibles. La familia se queja de que en el tiempo que llevan viviendo han fumigado cuatro veces el hostal pero las cucarachas no desaparecen. “Las primeras cuatro noches dormí en la calle”, afirma S. P.
Otra de las mujeres que vive en el hostal del Raval y que también quiere guardar el anonimato, I., vive con su familia y una menor a cargo. Antes estuvieron casi dos años en otro hostal temporal. Se quejó a Servicios Sociales en reiteradas ocasiones por no disponer de cocina y también por la aparición de cucarachas. Luego la cambiaron a la pensión del Raval en la que lleva pocos meses.
El propietario del hostal admite que “se han hecho actuaciones” para acabar con los insectos, pero que ello es un problema general del barrio y también “responsabilidad de los usuarios” que “no dejan entrar a limpiar en las habitaciones”. Según la propiedad, este mismo problema pasa en otros hostales y “no hay que exagerar ni ponerse tan fino”. El propietario informa que las normas del hostal impiden que las familias coman en las habitaciones, pero admite que no acaba siendo una norma practicable porque las familias viven allí durante mucho tiempo.
I., la madre de la otra familia que vive en el mismo hostal, se queja de que “no hay armarios, y de tener toda la ropa en el suelo en bolsas”. La mujer critica que la habitación no está adaptada para una familia con hijos porque “no hay casi espacio”.
S.P. informó a infoLibre también de que el hostal se quedó sin luz y entraron a robar. Le quitaron algunas de sus pertenencias y rompieron otras. “Dicen que las cámaras de videovigilancia no funcionan”, se lamenta. También afirma tener asma producida por el polvo que hay en el hostal.
En esta residencia viven una cincuentena de personas que proceden de servicios sociales. La propiedad informa que gestiona otros dos hostales que ofrecen el mismo servicio, que lleva años alojando a personas en situación de emergencia y que se “trata perfectamente a la gente”.
No obstante, al día siguiente de que S.P informó a infoLibre de los hechos, recibió una llamada en la que le avisaron que tendrían que realojar a su familia. “Me llamó la trabajadora social y me contó que desde la pensión le dicen que me quejo mucho y creo problemas”, explica S.P. “No quiero irme a otro barrio”, afirma la usuaria.
El Ayuntamiento de Barcelona no ha confirmado aún si el hostal ha recibido algún tipo de inspección.
Una prioridad para el Síndic de Greuges de Barcelona
El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, avanzó este jueves su informe de 2024 y situó los alojamientos temporales de urgencia como una de las diez prioridades de mejora que tiene la ciudad.
El síndic recoge en el informe el déficit en la calidad del servicio, tanto por las deficiencias en las instalaciones, como porque a veces se separa el núcleo familiar en dos alojamientos o se envía a la familia fuera del barrio donde tiene arraigo y redes sociales. Bondia asegura que han recibido quejas de estos hostales tanto de usuarios, como de trabajadores de los alojamientos, como de trabajadores de servicios sociales. Una treintena, según apuntan desde la sindicatura.
No obstante, el Síndic asegura que “hay una infradenuncia” por la situación de vulnerabilidad de estas familias y por el miedo a perder el recurso asistencial. Es el caso que ahora tiene atemorizada a S.P.
El mismo ayuntamiento admitió que había recibido al menos 70 quejas al año, que había realizado 52 inspecciones a los hostales que han recibido más críticas, que ha dejado de colaborar con cuatro y expedientado a siete, según informó El Periódico.
La sindicatura local insta a crear una institución municipal o metropolitana que gestione este servicio y sus recursos, en parte, para acabar con la situación de que un operador turístico sea quien ahora gestiona los hostales de personas en situación de emergencia. Además, la creación de un instituto propio permitiría implicar más al departamento de vivienda y al de economía. Bondia considera que ahora el peso recae sobre todo en servicios sociales y falta implicación de las otras áreas.
Además el Síndic considera que el sistema actual tiene un costo muy elevado para la ciudad y se podría reducir con actuaciones preventivas en los desahucios. “Tener a una familia de cuatro personas en un hostal puede suponer un coste de 4.000 euros cuando pueden haberlas desahuciado por no pagar un alquiler de 800”, considera el síndic.
Los sindicatos ante los cambios en el protocolo de 2024
El Sindicato de vivienda de Gracia critica el último protocolo que aprobó el ayuntamiento de Barcelona a mediados de 2024 sobre Alojamientos Temporales de Urgencia, que limitaba a seis meses la estancia. Judit Martínez, portavoz del sindicato, considera que “genera incertidumbre y afecta a la salud, también de los menores” en casos como el de Ana María, que pronto cumplirá los seis meses en un hostal de Gracia.
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“Es muy estresante”, admite Ana Maria. “Pregunto a servicios sociales si el 22 de abril que se cumplen los seis meses podré continuar allí y no me lo confirman”. El sindicato admite que no saben qué va a pasar a partir de ahora con el nuevo protocolo en marcha. “Nos lo vamos a encontrar”, concluye Martínez. El consistorio afirmó que más del 65% de los casos superan el tiempo establecido, según informó Betevé.
El caso de Ana María es la imagen de lo difícil que es salir del círculo de la precariedad. Desde 2019 ha encadenado tres etapas en las que ha tenido que pedir alojamiento de urgencia en hostales. La usuaria tiene un copago con el ayuntamiento y abona 300 euros al mes para vivir con su hijo de 13 años en una pensión sin derecho a cocina. “En mi caso he compartido hostal con turistas y ellos podían acceder a cocinar, pero nosotros no”, relata Ana María. El sindicato estima que el coste mensual para el ayuntamiento en la plaza de Ana María es de 3.000 euros al mes.
El sindicato pide que los alojamientos temporales de urgencia se deriven a pisos. Las transferencias monetarias a los usuarios, que es la alternativa que les planteó el ayuntamiento, consideran que “no es una solución”. El sindicato plantea que muchas familias que son migrantes se encuentran con otro muro añadido al del precio para acceder a la vivienda, que son los “sesgos clasistas y racistas”. “A veces no les falta dinero, sino que no les alquilan un piso por ser migrantes”, considera Martínez.
