Coca-Cola presentó ayer en la Audiencia Nacional documentación tan abundante que ha obligado a los jueces a abrir un plazo de tres días para que los sindicatos puedan estudiar los papeles y presentar alegaciones. Uno de los documentos suma 4.000 folios, según ha revelado el portavoz de CCOO, Juan Carlos Asenjo. “Se trata de una maniobra dilatoria”, protesta.
La Audiencia celebró ayer una vista para dilucidar si la embotelladora, Coca-Cola Iberian Partners, puede reabrir su fábrica de Fuenlabrada (Madrid) como almacén –tal es su propósito– o si debe reanudar la producción como reclaman los sindicatos. La sentencia del Tribunal Supremo que anuló el pasado abril el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Coca-Cola ordenaba a la empresa reincorporar a los 821 trabajadores “en sus mismos puestos de trabajo y con las mismas condiciones” que tenían antes de los despidos. A juicio de los sindicatos, reabrir las instalaciones como centro logístico incumple el mandato judicial.
La fábrica madrileña reabrió sus puertas el pasado lunes, casi dos años después del ERE. Se reincorporaron 85 trabajadores. Otros 135 están pendientes de que Coca-Cola les comunique la fecha de su reingreso. La empresa, a su vez, está a la espera de lo que decida la Audiencia Nacional para devolverles sus puestos de trabajo.
La embotelladora ha declinado hacer comentario alguno a infoLibre sobre su estrategia jurídica hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la idoneidad de la reapertura. Lo que no ocurrirá en ningún caso antes del miércoles, cuando termina el plazo concedido por el tribunal a las partes para revisar los documentos y presentar sus alegaciones. El portavoz de Coca-Cola en Lucha ha mostrado su sorpresa por el hecho de que la empresa haya aportado pruebas documentales “como si se tratara de la vista de un juicio, en lugar de sólo un acto para resolver el incidente”.
El fiscal pide que se cumpla la sentencia
CCOO y UGT aseguran que la reapertura de Coca-Cola no cumple la sentencia del Tribunal Supremo
En cualquier caso, Juan Carlos Asenjo mostró su confianza en una resolución favorable a las tesis sindicales. “El fiscal ha pedido que se cumpla la sentencia de la Audiencia Nacional la sentencia de la Audiencia Nacional[luego confirmada por el Tribunal Supremo] en sus términos exactos porque afecta a derechos fundamentales”, ha revelado. El tribunal declaró nulo el ERE de Coca-Cola porque consideró que la empresa había vulnerado el derecho de huelga, y éste es un derecho fundamental recogido en el artículo 28 de la Constitución.
La reincorporación de los 85 trabajadores a la fábrica de Fuenlabrada el pasado lunes se produjo con total normalidad. El mismo clima con que se ha desarrollado el trabajo los siguientes días, asegura Juan Carlos Asenjo.
No obstante, la última semana de agosto los trabajadores se encontraron con una sorpresa en sus nóminas: Coca-Cola les había pagado sólo el 40% de su sueldo, tras suprimir los conceptos variables. La embotelladora explica que se ha limitó a “regularizar” las nóminas una vez reincorporados los despedidos. “Hasta el momento se les había pagado una media de los pluses que venían cobrado, aunque no cumplieran objetivos, pero ahora no se les ha añadido la parte variable porque no se han cumplido los objetivos a los que está sujeta”, detalla un portavoz. Para los trabajadores, en cambio, se trata de otro “desacato judicial” de la empresa.
Coca-Cola presentó ayer en la Audiencia Nacional documentación tan abundante que ha obligado a los jueces a abrir un plazo de tres días para que los sindicatos puedan estudiar los papeles y presentar alegaciones. Uno de los documentos suma 4.000 folios, según ha revelado el portavoz de CCOO, Juan Carlos Asenjo. “Se trata de una maniobra dilatoria”, protesta.