El Expendiente de Regulación de Empleo (ERE) de Tragsa no lo están negociando los gestores del grupo público, sino los responsables políticos de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) y de la Comisión Interministerial integrada por Empleo, Hacienda y Economía. “[los gestores] Nos dicen que no tienen margen de maniobra para el acuerdo”, se quejan los responsables de CCOO en la empresa. El plazo para negociar termina hoy en Tragsa y mañana en Tragsatec, y el acuerdo parece muy lejos. “Están empeñados en los despidos y en indemnizaciones de 20 días”, resume el secretario general de Comfia CCOO, José María Martínez.
El sindicato recalca que el ERE está fundamentado en causas organizativas y productivas, no económicas. Y pone el foco en que el único problema organizativo del grupo público lo constituyen los 652 cargos medios y altos que cobran por objetivos. En 2003 eran 381 personas. No se cansan de repetir que la cúpula de 200 directivos200 directivos ubicados en la sede madrileña de la empresa se reparten retribuciones de 44,5 millones de euros, mientras que los otros 300 trabajadores de esas oficinas cobran 10,5 millones. La diferencia es de 220.000 euros para los primeros de media, y 35.000 para los segundos. “Si nadie ganara en esta empresa más que el presidente Rajoy [78.185 euros al año] se ahorrarían 18 millones de euros”, aseguró el representante de CCOO en Tragsa, Javier Canales.
Además, consideran “injusto e incluso inmoral” que “la parte productiva de la empresa tenga que marcharse, mientras la que ha entrado a dedo se mantenga”. Los representantes de CCOO no dudan en tachar de “cementerio político” al grupo público. “En los últimos 10 años la empresa ha sido politizada en exceso, cambiando a los responsables técnicos por personas que venían del partido que gobernaba en el momento, personal político que ha sido colocado en Tragsa y que, a su vez, han requerido la contratación de personas de su confianza que también provienen de partidos políticos”, explican. “Esto supone una carga insoportable” para la empresa pública.
Los sindicatos han pedido a la empresa recortes en las retribuciones de los directivos para reducir el número de despidos. Pero ésta responde que no es competencia de la mesa de negociación del ERE cambiar los sueldos e incentivos de los altos cargoscambiar los sueldos e incentivos. Y mantiene que no puede bajar de 399 despidos en Tragsatec y 422 en Tragsa. No obstante, la empresa ya rebajó a la mitad las primeras cifras con que presentó el ERE hace un mes: un total de 1.636, el mayor despido colectivo en una empresa pública hasta el momento.
Flexibilidad interna bajo mínimos
Tampoco acepta ampliar las medidas de flexibilidad interna al mayor número de trabajadores como plantea el comité. Tanto las suspensiones de contrato como las reducciones de jornada pretenden limitarlas a ciertos departamentos. Finalmente, las indemnizaciones que ofrecen son de 20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades para los despidos y 28 días para las bajas voluntarias, de los que seis estarían vinculados a un plan de empleo: si una empresa de recolocación les consigue un trabajo antes de seis meses, no los cobrarán.
Todas estas condiciones llevan a CCOO a denunciar la “discriminación de trato” que se le está dando a la plantilla de Tragsa respecto de otras empresas públicas que han pasado por un despido colectivo. Tanto en Ineco como en la nacionalizada Catalunya Caixa se han aceptado medidas de flexibilidad para reducir el número de despidos y las indemnizaciones han sido superiores.
Tragsa presenta el mayor ERE en una empresa pública: 1.639 trabajadores
Motivo suficiente para retirar el ERE
2013 va a ser el primer año desde su creación, en 1977, que Tragsa va a tener pérdidas. En cualquier caso, explica CCOO, Tragsa proporciona a la SEPI el 14% de su volumen de negocio. Y según los datos que hizo públicos ayer la propia sociedad, hasta el 60% de su volumen de contratación. Cuenta con 130 millones de euros de reservas voluntarias y una deuda pendiente de cobrar de las administraciones públicas de 450 millones más. La CGT, además, asegura que Tragsa cuenta este año con más de una treintena de encomiendas sin trabajadores asignados, también con un centenar de encomiendas más para 2014 sin trabajadores preasignados. No sólo ha estado dos días limpiando las calles de Madrid con motivo de la huelga de los trabajadores de las concesionarias municipales, sino que asimismo se ha hecho con dos encargos, del Ministerio de Educación y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), para las que empleará a un centenar de administrativos.
Tragsa es una empresa instrumental del Estado. “No podemos elegir los trabajos que hacemos ni fijar el precio [las encomiendas de gestión que reciben las ejecutan según unas tarifas prefijadas]”, lamenta el representante de CCOO en Tragsatec, Claudio Landeira, “es decir, Tragsa no puede controlar sus ingresos”. A su juicio, eso es motivo suficiente para retirar el ERE. Que tampoco descartan denunciar en los tribunales. En vista del bloqueo de las negociaciones y de las altas probabilidades de que éstas terminen sin acuerdo, los sindicatos estudiarán, además, “todo tipo de medidas”, incluida la movilización.
El Expendiente de Regulación de Empleo (ERE) de Tragsa no lo están negociando los gestores del grupo público, sino los responsables políticos de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) y de la Comisión Interministerial integrada por Empleo, Hacienda y Economía. “[los gestores] Nos dicen que no tienen margen de maniobra para el acuerdo”, se quejan los responsables de CCOO en la empresa. El plazo para negociar termina hoy en Tragsa y mañana en Tragsatec, y el acuerdo parece muy lejos. “Están empeñados en los despidos y en indemnizaciones de 20 días”, resume el secretario general de Comfia CCOO, José María Martínez.