Cerca de 24 años de disputa y vacío legal sobre un sustancioso fondo de 90 millones de euros han llegado a su fin en Telefónica. O casi. El pasado mes de marzo, el comité intercentros de la multinacional aprobó la transformación del seguro de sueldo de sus 22.000 trabajadores en una triple póliza de seguro con el que, por fin, se da destino a tan apetitosa cuenta. El caso es que los 90 millones del seguro de sueldo salen del limbo legal en que ha permanecido durante casi un cuarto de siglo para terminar en manos de Telefónica. Es la operadora dirigida por José María Álvarez-Pallete la que ha contratado las tres pólizas y éstas han sido suministradas por la filial aseguradora de la misma compañía, Antares.
El seguro de sueldo nació en 1952 para pagar tres conceptos: gratificaciones a los trabajadores en activo que dejaban de cobrar, por enfermedad o accidente, algún plus –70,90 euros al mes por conducir es el típico–; un complemento hasta el 100% del salario líquido a los trabajadores con incapacidad permanente total para la profesión habitual (IPTPH) –la Seguridad Social sólo cubre hasta el 55% o el 75%, dependiendo de la edad– y los complementos a la pensión de los jubilados antes de 1992 que pagaba la extinta Institución Telefónica de Previsión. El fondo se nutre del 0,001% de las nóminas, no más de tres euros al mes.
Y ha tenido una larga historia de denuncias y conflictos judiciales que arrancó en 1992, cuando desapareció la Institución Telefónica de Previsión para integrarse en el Régimen General de la Seguridad Social. El comité intercentros –integrado por UGT, CCOO, CGT AST y STC– se hizo cargo entonces del seguro de sueldo y se dio a sí mismo de plazo un año para redactar un reglamento que lo regulara. Una obligación que ha incumplido durante más de dos décadas.
Además, el comité carece de personalidad jurídica, por lo que no podía administrarlo. Así que también pasó 24 años buscando una fórmula jurídica que le permitiera hacerlo. En el convenio colectivo de 1993 adquirió el compromiso, junto con la empresa, de crear una fundación laboral. No se constituyó. La Dirección General de Seguros dictaminó en 1997 que una fundación no puede ejercer una actividad aseguradora. En 2001, el mismo departamento ofreció tres posibles soluciones: firmar un contrato de seguro, crear una mutualidad de previsión social o contratar un plan de pensiones.
Pero nada se movió hasta diciembre de 2014, cuando el comité aprobó el deseado reglamento. De nuevo hubo que esperar: hasta el 24 de febrero de este año no presentó una fórmula para resucitar el fondo: tres pólizas de seguro que Telefónica suscribiría con Antares. Con el voto de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, la propuesta se aprobó en marzo.
Antes, en noviembre, se había aprobado también la suspensión de las aportaciones individuales de los trabajadores al fondo. Ya no se descuentan de la nómina esos tres euros. El seguro de sueldo había pasado a la historia.
Denuncia al fiscal y protesta de los sindicatos minoritarios
Sin embargo, la solución no ha sido del agrado de todos. Una cincuentena de pensionistas, agrupados en la asociación CAIT (Coordinadora de Afectados por Invalidez de Telefónica) ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el comité por administración desleal. También los sindicatos minoritarios del comité –CGT, AST y STC– han protestado contra la solución aprobada con el voto de los dos mayoritarios.
“No se pensó en pedir ofertas a otras aseguradoras: un seguro de prima única de 90 millones es un chollo para cualquier empresa aseguradora, y se firmó con Antares”, explican fuentes de CGT. Pero la mayor crítica se centra en el hecho de que se dedique casi la mitad del fondo a un seguro dental.
La primera póliza suscrita con filial de Telefónica asciende a 15 millones de euros y con ella se pagarán las prestaciones a los 591 trabajadores que ya las están cobrando. La segunda, por importe de 35,2 millones de euros, servirá para cubrir los complementos de pensión que se generen en el futuro. Y con la tercera, casi 40 millones, se ha suscrito una póliza de reembolso dental, por la cual a cualquier trabajador, y su familia, se le devolverá hasta el 80% de las facturas del dentista que presente, con un tope anual de 626 euros. Esta última durará lo que dure la cantidad consignada: la aseguradora ha calculado que se agotará en siete años.
“Nosotros queríamos una solución que fuera más social, pero la mayoría del comité descartó nuestras propuestas”, se queja CGT. Por el contrario, CCOO asegura que los planteamientos de los sindicatos minoritarios carecían de “cuantificación y concreción”. Para CGT, es la póliza de los 35,2 millones, que garantiza las prestaciones futuras de los trabajadores, la que “mayor beneficio supondrá para Antares, ya que puede ser objeto de capitalización por parte de la aseguradora. “No es más que un pago de favores entre Telefónica y los sindicatos mayoritarios del comité”, resume.
Prestación “universal”
Alberto Salas, secretario de Organización de la Federación de Telecomunicaciones de CCOO, lo niega. “Antes estaba en el limbo, ahora el seguro de sueldo se ha convertido en un producto transparente, que se ha contratado a precios ajustados al mercado”, explica. También niega que el comité intercentros haya perdido el control sobre el fondo. “Las pólizas tienen que renovarse cada año y el comité, que es quien decide, será informado por Antares de la evolución de cada una”, replica.
Salas asegura que el comité sí preguntó a otras aseguradoras, pero que ninguna ofrecía el complemento dental si no tenía contratada también previamente con esa empresa una póliza básica de salud. “Y esa póliza la plantilla de Telefónica ya la tiene firmada con Antares”. ¿Por qué dental? “Es la más universal, la que podía beneficiar a un mayor número de personas”, indica el responsable de CCOO. Según dice, también se estudió la posibilidad de un seguro por deceso y otra para cubrir tratamientos oncológicos, “que son muy caros”, pero se desechó porque habría sido “más minoritaria”.
infoLibre ha preguntado a Telefónica por su participación en el cambio de destino del seguro de sueldo, pero no ha obtenido respuesta. Según Salas, el comité ha tenido que superar las “reticencias” de la compañía para que asumiera la “petición” sindical.
Las demandas de los pensionistas
Una juez investiga si Telefónica y su comité de empresa se apropiaron de un fondo de la plantilla de 90 millones
Los pensionistas que llevan pleiteando más de dos décadas con el comité reclaman que se les revaloricen sus prestaciones y se les abone el 100% de ellas, después de que, debido a los problemas legales que han acompañado al seguro de sueldo desde 1992, se les recortaran a un 5% y un 20% de sus salarios, dependiendo de la edad. Uno de los demandantes percibe, con ese 5%, un complemento de 146 euros al mes. Dice que deberían pagarle un 20% de esa cantidad. No entiende cómo pueden dedicar 40 millones a un seguro dental pero no les actualizan ni completan su prestación habiando dinero de sobra.
Alberto Salas se defiende explicando que todas las demandas interpuestas por estos antiguos trabajadores de Telefónica han sido desestimadas por los tribunales. Además, según precisa, “en la mayoría de los casos, las prestaciones que reciben se acercan mucho al 100% de sus antiguos salarios”.
En cualquier caso, la existencia del cuantioso fondo ha estado sometida durante demasiado tiempo a la sospecha. Según los sindicatos minoritarios y los pensionistas demandantes, los 90 millones han permanecido más de dos décadas depositados en una cuenta a nombre de Telefónica de España SAU en un banco que la multinacional no ha identificado nunca. Ciertamente, su nombre no aparece en los informes mensuales con los movimientos de la cuenta que la compañía enviaba al comité hasta ahora y a los que ha tenido acceso este periódico. Alberto Salas responde que el seguro de sueldo ha sido sometido a “auditorías periódicas, tanto del dinero como de sus beneficiarios”. Y niega que los 90 millones de euros vayan a aparecer en la contabilidad de Telefónica, pese a que la empresa de Álvarez-Pallete es la tomadora del seguro. Según los expertos consultados por infoLibre, las pólizas deben aparecer en las cuentas de la compañía en el capítulo de “Otros gastos de personal” y son deducibles. Pero como la prima no la paga la empresa, sino que es un fondo de los trabajadores, ya no tendría derecho a desgravación. En cualquier caso, la prima debería figurar en el balance de Telefónica como activo y, al tiempo, como débito frente a la plantilla en el pasivo.
Cerca de 24 años de disputa y vacío legal sobre un sustancioso fondo de 90 millones de euros han llegado a su fin en Telefónica. O casi. El pasado mes de marzo, el comité intercentros de la multinacional aprobó la transformación del seguro de sueldo de sus 22.000 trabajadores en una triple póliza de seguro con el que, por fin, se da destino a tan apetitosa cuenta. El caso es que los 90 millones del seguro de sueldo salen del limbo legal en que ha permanecido durante casi un cuarto de siglo para terminar en manos de Telefónica. Es la operadora dirigida por José María Álvarez-Pallete la que ha contratado las tres pólizas y éstas han sido suministradas por la filial aseguradora de la misma compañía, Antares.