Una juez investiga si Telefónica y su comité de empresa se apropiaron de un fondo de la plantilla de 90 millones

El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha abierto diligencias por apropiación indebida y administración desleal contra Telefónica de España, su comité intercentros y su filial de seguros Antares. Responde así a la denuncia de una asociación de pensionistas de la multinacional, que acusa tanto a la empresa como a sus representantes sindicales de un cúmulo de irregularidades en la gestión del llamado "Seguro de Sueldo", un fondo de 90 millones de euros creado con las aportaciones que hicieron sus trabajadores desde 1952 hasta 2015.

El Seguro de Sueldo lleva 24 años siendo motivo de agria disputa entre Telefónica, su comité intercentros y un grupo de pensionistas que reclaman que se les revaloricen sus prestaciones y se les abone su importe íntegro, después de que, debido a los problemas legales sufridos por este fondo desde 1992, se les recortaran al equivalente a un 5% y un 20% de sus salarios, dependiendo de la edad.

La asociación CAIT (Coordinadora de Afectados por Invalidez de Telefónica) pide a la juez que llame a declarar no sólo a los responsables de la operadora y la aseguradora, sino también al presidente y los miembros del comité intercentros pertenecientes a los sindicatos CCOO y UGT. infoLibre ha preguntado tanto a la multinacional como a los representantes sindicales sobre la demanda, pero no han querido ofrecer su versión.

El Seguro de Sueldo nació en 1952 para pagar tres conceptos: gratificaciones a los trabajadores en activo que dejaban de cobrar, por enfermedad o accidente, algún plus –70,90 euros al mes por conducir es el típico–; un complemento hasta el 100% del salario líquido a los trabajadores con incapacidad permanente total para la profesión habitual (IPTPH) –la Seguridad Social sólo cubre hasta el 55% o el 75%, dependiendo de la edad– y los complementos a la pensión de los jubilados antes de 1992 que pagaba la extinta Institución Telefónica de Previsión. El fondo se nutría del 0,001% de las nóminas, no más de tres euros al mes.

Ha tenido una larga historia de denuncias y conflictos judiciales que arrancó en 1992, cuando desapareció la Institución Telefónica de Previsión para integrarse en el Régimen General de la Seguridad Social. El comité intercentros –integrado por UGT, CCOO, CGT AST y STC– se hizo cargo entonces del Seguro de Sueldo y se dio a sí mismo de plazo un año para redactar un reglamento que lo regulara. Una obligación que ha incumplido durante más de dos décadas.

Además, el comité carece de personalidad jurídica, por lo que no podía administrarlo. Así que también pasó 24 años buscando una fórmula jurídica que le permitiera hacerlo. En el convenio colectivo de 1993 adquirió el compromiso, junto con la empresa, de crear una fundación laboral. No se constituyó. La Dirección General de Seguros dictaminó en 1997 que una fundación no puede ejercer una actividad aseguradora. En 2001, el mismo departamento ofreció tres posibles soluciones: firmar un contrato de seguro, crear una mutualidad de previsión social o contratar un plan de pensiones.

Pero nada se movió hasta diciembre de 2014, cuando el comité aprobó el deseado reglamento. De nuevo hubo que esperar. Hasta el 24 de febrero de 2016 no presentó una fórmula para resucitar el fondo: tres pólizas de seguro que Telefónica suscribiría con su filial Antares. Con el voto de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, la propuesta se aprobó en marzo.

Antes, en noviembre, se había aprobado también la suspensión de las aportaciones individuales de los trabajadores al fondo. Ya no se descuentan de la nómina esos tres euros. El Seguro de Sueldo había pasado a la historia.

Póliza dental

De esta forma, los 90 millones del seguro de sueldo salieron del limbo legal en que ha permanecido durante casi un cuarto de siglo para terminar en manos de Telefónica. La primera póliza suscrita con Antares asciende a 15 millones de euros y con ella se pagarán las prestaciones a los 591 trabajadores que ya las están cobrando. La segunda, por importe de 35,2 millones de euros, servirá para cubrir los complementos de pensión que se generen en el futuro. Y con la tercera, casi 40 millones, se ha suscrito una póliza de reembolso dental, por la cual a cualquier trabajador, y su familia, se le devolverá hasta el 80% de las facturas del dentista que presente, con un tope anual de 626 euros. Esta última durará lo que dure la cantidad consignada: la aseguradora ha calculado que se agotará en siete años.

En su denuncia, la asociación CAIT acusa a Teléfonica y al comité de destinar el dinero del Seguro de Sueldo a un fin completamente distinto –un seguro dental– de aquel para el que fue creado –pagar la invalidez– y para el que se le detrajeron de sus nóminas un porcentaje, lo que a su juicio constituye una administración desleal de los fondos. También una apropiación indebida puesto que, aducen los pensionistas, esos 90 millones no pertenecen ni a la empresa ni al comité, sino a los 22.000 trabajadores de la matriz española.

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Telefónica vende Antares

Además, Telefónica acaba de poner a la venta la aseguradora Antares. Según publicó Expansión el pasado día 19, la multinacional no considera a su filial “un negocio estratégico” y cree que puede obtener por ella unos 200 millones de euros. Antares nació para asegurar a la plantilla de Telefónica, hasta que en 2011 amplió su oferta de productos a particulares y empresas. Aun así, la mayor parte de sus 245.000 asegurados son trabajadores del operador que preside José María Álvarez Pallete. No tiene consejo de administración, sino que sus gestores son directivos de Telefónica. El año pasado consiguió 18,7 millones de euros de beneficios, un 63,6% más que en 2015. Los sindicatos minoritarios del comité ya han pedido al resto que se pronuncien en contra de la venta de Antares, pues significará la salida definitiva del Seguro de Sueldo de la empresa que lo creó.

La existencia del cuantioso fondo ha estado sometida durante mucho tiempo a la sospecha. Según los sindicatos minoritarios y los pensionistas demandantes, los 90 millones han permanecido más de dos décadas depositados en una cuenta a nombre de Telefónica de España SAU en un banco que la multinacional no ha identificado nunca. Su nombre no aparece en los informes mensuales con los movimientos de la cuenta que la compañía enviaba al comité hasta ahora y a los que ha tenido acceso este periódico.